Lawfare: así es la cacería política tras el golpe de Estado en Bolivia

Con una figura legal originada en la dictadura, la golpista Áñez metió presa hasta a una mujer embarazada. Radiografía de la persecución. 

09 de febrero, 2020 | 05.00

La denominada estrategia continental de lawfare, o guerra jurídica, dirigida en nuestro país o naciones vecinas contra los principales líderes populares está cobrando en Bolivia un capítulo peculiar, de rasgos legales propios. Canela Crespo es abogada y trabajó hasta la consumación del golpe militar en el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales. Hoy ayuda a la defensa legal de los detenidos políticos y sociales puestos tras las rejas por el gobierno de Jeanine Áñez. Crespo detalla en comunicación telefónica desde el vecino país por qué y de qué manera la coalición golpista utiliza una figura legal inscripta en el Código Penal por la dictadura de Hugo Banzer, la referida a casos de “sedición y terrorismo”, para detener a los principales cuadros políticos del MAS y a los máximos referentes de los movimientos sociales afines al evismo.

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“Hoy el Código Penal se ha transformado en un instrumento de acción política del gobierno. El actual Código ha sido promulgado bajo la Dictadura de Banzer. Entonces muchos de los tipos penales vigentes son figuras pensadas para ayudar a consumar la represión política. Históricamente se han perseguido a los dirigentes sociales de Bolivia bajo la acusación legal de practicar actos de sedición y terrorismo. Esa figura legal, reitero, funciona como una receta persecutoria. El gobierno de Áñez, concretamente, hace una sobre interpretación del tipo legal de sedición porque, a pesar de contener un articulado ambiguo, la figura de sedición y terrorismo no puede penar actos políticos, que es definitiva la causa por la que han sido detenido varios ex ministros de Evo Morales”.

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La cacería abierta en Bolivia contra la dirigencia del MAS no es una elucubración del evismo. Diego García Sayán, Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, expresó el último jueves de forma pública: “Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales en Bolivia. Hoy (por el jueves 6 de febrero), fue el turno del ex Ministro Gustavo Torrico. Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”.

Los casos más relevantes

Por otro lado Crespo detalla con nombre y apellido los últimos casos más relevantes de la ofensiva legal dispuesta por el gobierno de Bolivia contra sus opositores. “Hay varios casos abiertos bajo la figura de sedición, donde siempre ha estado presente la presión mediática legitimando los arrestos contra dirigentes del MAS. Por ejemplo han sido recientemente detenidos con la acusación referida el ex Ministro Carlos Romero, el ex Viceministro Gustavo Torrico, o a la ex Jefa de Gabinete Patricia Hermosa, que está embarazada, y la ley específica que una mujer en ese estado no puede estar detenida si no cuenta con una sentencia firme. En definitiva, no hay casos aislados como dice el gobierno, la persecución política tiene siempre como característica ser sistemática, y en Bolivia opera desde el plano legal, militar y paramilitar con un claro objetivo, acallar al MAS y sus aliados”.

Patricia Hermosa está embazada y se encuentra detenida, pese a que la ley específica que una mujer en ese estado no puede estar detenida si no cuenta con una sentencia firme

Marcos Farfan, ex Viceministro de Seguridad Ciudadana, coincide con lo dicho por Canela Crespo en declaraciones a El Destape: “La única estrategia del régimen pasa por el uso brutal del poder. Intentan convertir cualquier opinión de los militantes del MAS, aunque más no sea por el clima, en una acción subversiva. Para ese efecto utilizan el temor o el servilismo de jueces y fiscales, y la subordinación ciega de la policía. No requieren de pruebas, las falsifican. A Evo Morales lo imputaron por una supuesta llamada telefónica con un dirigente del Chapare donde lo instigaba a cortar rutas, pero se trata de un audio prefabricado. Para ellos la estrategia jurídica es muy fácil de consumar ya que cuentan con la bota y el fusil  militar por si algo o alguien busca salirse del carril”.

En paralelo la criminalización de la protesta social desatada adquiere características propias de un gobierno de facto. Por ejemplo, Canela Crespo cuenta que un integrante de la Confederación Nacional de Interculturales de Bolivia, una organización de indígenas migrantes aliada al MAS, sufrió vejaciones por parte de la Policía cuando fue detenido en una reciente movilización que intentaba repudiar la masacre de Senkata, una de las represiones más virulentas del régimen. “El compañero sufrió una quemadura de manos en la guardia judicial por parte de sus apresores. Buscaron crear una prueba para imputarlo como terrorista y así adjudicarle la supuesta quema de una propiedad rural con dinamita”, recuerda lo sucedido a El Destape la abogada Canela Crespo.

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