Ante las políticas que favorecen el lavado de dinero que aplicó Mauricio Macri en Argentina, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) envió una nota al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los principales organismos antilavado a nivel mundial.
En esta presentación, CIPCE manifestó su preocupación por la situación del Estado argentino en esta materia, a raíz de las medidas adoptadas durante el año. En primer lugar, en relación a que los familiares de funcionarios puedan adherirse al blanqueo de capitales, la organización sostuvo que "el Poder Ejecutivo está otorgando una amnistía por delitos económicos, cuando los legisladores habían prohibido esto expresamente".
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El CIPCE surgió en 2003 como una alianza entre el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).