A días de fin de año y con el vencimiento de los contratos pisando los talones, funcionarios macristas de la intervención de la Defensoría del Público comenzaron a extorsionar a los trabajadores. Para garantizar su continuidad laboral, exigieron el pase a planta transitoria de sus propios miembros con la finalidad de asegurarse espacios de poder tras el cambio de Gobierno.
Hace tiempo, los trabajadores reclaman que se deje sin efecto la intervención de Emilio Jesús Alonso, nombrado de forma transitoria el 26 de septiembre de 2018, por discontinuar líneas de trabajo y paralizar el despliegue territorial del organismo, entre otros puntos.
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A este conflicto, se sumó que, en off y con la amenaza de negar la conversación si se llegara a filtrar, José Miuez Iñarra, secretario general del organismo, le planteó a la directora de Administración, María Celeste Conde, que "para que estén las firmas de las plantas transitorias y los contratos, tiene que entrar toda esta gente", según denunciaron desde el cuerpo de delegados de ATE en la Defensoría del Público a El Destape.
En total, el 31 de diciembre se vencerán 15 contratos, cerca del 10% de la planta de trabajadores de la Defensoría. Del otro lado no está claro cuánta gente quiere acomodar el macrismo, pero se habla de unas 10 personas. Actualmente, están como planta de gabinete, cargos políticos que comienzan y terminan con la gestión. Sin embargo, al pasarlos a planta transitoria las nuevas autoridades no podrá tocarlos, por lo que quedan atornillados al puesto.
Según explicaron desde el gremio a este medio, los funcionarios M a acomodar son segundas y terceras líneas, salvo Mariana Cabral, del brazo de Martín Lousteau, que pasaría a ser la titular de la Dirección de Análisis y Monitoreo, con categoría 1 y un sueldo superior a los $100.000.
Desde el cuerpo de delegados de ATE en el organismo aseguraron que los funcionarios M responden a la línea de Hernán Lombardi, extitular del Sistema Federal de Medios Públicos, encargado de su vaciamiento, y de Enrique "Coti" Nosiglia.
Hoy los trabajadores realizaron una asamblea con la presencia de ATE y, llamativamente, no se hizo presente ninguno de los siete funcionarios de la intervención. Varias son las hipótesis: se enteraron que habría presencia sindical y que pedirían una reunión o tienen un plan ante la queja y denuncia de los empleados.
Ante la ausencia de los responsables, la Defensoría quedó completamente paralizada ya que muchos trámites necesitan las firmas de las autoridades que no están. Incluso, informaron a El Destape, les dieron asueto el 23 y 30 de diciembre, que se sumarán al 24 y 31 decretados por el Gobierno nacional: "No nos quieren ahí adentro", confiaron a este medio.
Frente a esta situación, la asamblea resolvió permanecer en el edificio pero sin tomarlo, en estado de alerta desde hoy, con el 31 de diciembre como fecha límite por el vencimiento de los contratos, pero con la necesidad de encontrar una respuesta política.
La Defensoría del Público depende de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que fue la que delegó sus funciones en el interventor. El órgano legislativo prácticamente se mostró inactivo y ahora, con el cambio de Gobierno, es necesario aguardar su conformación para, sostuvieron, que se avance con el fin de la intervención.
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