Organizaciones de derechos humanos de Guatemala exigen al Estado de ese país a acelerar el cumplimiento de medidas para proteger a niñas frente a violencia sexual y maternidades forzadas, a un año de que la ONU se expida por el caso Fátima, una niña que fue obligada a continuar con un embarazo producto de una violación. Se trata de uno de los países latinoamericanos donde más se criminaliza el aborto.
En junio del 2025, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) condenó al Estado de Guatemala por no garantizar justicia ni reparación para Fátima, una niña de Huehuetenango que, a los 12 años, fue víctima de violencia sexual y obligada a continuar un embarazo producto de esa agresión. Un año después, el movimiento Son Niñas, No Madres recuerda que este dictamen no es una sugerencia sino que "constituye una obligación internacional que el Estado guatemalteco debe cumplir con urgencia".
"Es urgente que el sistema de justicia reduzca la impunidad en los casos de violencia sexual y garantice medidas de reparación digna y transformadora para las niñas que enfrentan una maternidad forzada", subrayó la coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios.
Según el registro de nacimientos del Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR), entre enero y abril de este año, 691 niñas de entre 10 y 14 años enfrentaron una maternidad forzada en Guatemala. Fue esto la que impulsó a Fátima a buscar justicia más allá de las fronteras nacionales y a presentar su caso ante instancias internacionales.
"La decisión en el caso de Fátima nos da esperanza de que es posible construir una Guatemala libre de violencia sexual, donde las niñas puedan vivir plenamente su infancia, sin maternidades forzadas", afirmó Mirna Montenegro, directora del OSAR.
Qué pide la ONU
Las medidas ordenadas por el Comité de la ONU incluyen garantizar servicios de salud accesibles, respetuosos y con atención diferenciada para niñas; brindar atención sanitaria, psicológica y jurídica integral a sobrevivientes de violencia sexual; fortalecer los procesos de adopción; y promover la prevención mediante la implementación de educación sexual integral.
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"El Estado guatemalteco tiene el deber de avanzar hacia la protección integral de las niñas, tomando como base las garantías de no repetición establecidas por el Comité hace un año. Cumplir con estas medidas también es una forma de honrar la valentía de una sobreviviente que no dejó de buscar justicia para ella y para todas las niñas del país", recordaron voceras del movimiento Son Niñas, No Madres.
Entre otras medidas que la ONU le exigió al Estado de Guatemala están eliminar barreras médicas, judiciales y administrativas, así como fortalecer los protocolos para el aborto terapéutico existentes. También se prevé emprender acciones para prevenir la violencia sexual, incluyendo el acceso a educación sexual integral, y crear un sistema nacional de registro unificado que documente casos de violencia y embarazos forzados.
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