Los argentinos secuestrados en Libia por participar del convoy humanitario con destino a la Franja de Gaza finalmente lograron comunicarse con sus familias desde Bengasi, donde permanecen privados de su libertad desde hace 11 días. Alegaron que están encerrados sin contacto entre ellos ni con los demás detenidos, además de que tampoco tienen acceso a asistencia jurídica para saber cómo seguirá su situación procesal. También advirtieron que varios detenidos comenzaron una huelga de hambre en forma de protesta a su secuestro ilegal, e incluso algunos apelaron a la huelga seca, es decir que tampoco consumen líquidos.
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Tras haber fracasado en el primer envío de material humanitario en la flotilla marítima, el frente social Global Sumud lanzó su versión terrestre a través del Convoy Global Sumud Magreb, que viajaría por tierra hasta Gaza trasladándose por todo el norte de África. De la propuesta participaron diez activistas de distintos países, de los cuales dos eran los periodistas argentinos Lucas Aguilera y Paula Giménez, esta última publica columnas en este portal. Ambos fueron detenidos en un paso fronterizo el domingo 24 de mayo cuando pasaban por Libia, donde no se los dejó avanzar y se los privó de su libertad.
Según la información difundida en los últimos días, las y los voluntarios permanecen detenidos en un complejo penitenciario aislado para civiles, gestionado por el Ministerio del Interior libio y que es conocido localmente como "black site" o centro de detención clandestino. Los familiares de los detenidos explicaron que, según les dijeron, varios de ellos sufrieron episodios de desmayo y presión psicológica, lo que despertó aún más preocupación por su situación física y legal. También sufrirían deterioro físico, pérdida de peso y debilidad extrema como consecuencia de la huelga de hambre.
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Por otro lado, los familiares denunciaron condiciones de aislamiento prolongado, incomunicación, incertidumbre permanente sobre su situación, presiones psicológicas, interrogatorios intensivos, hostigamiento y "otras prácticas que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", según testificaron.
De acuerdo con Global Sumud, las personas detenidas fueron informadas de "una eventual comparecencia judicial", aunque se les habrían dado comunicaciones contradictorias, promesas reiteradas de liberación incumplidas y ausencia de información clara sobre su situación procesal. "Estos elementos refuerzan la necesidad de acceso inmediato a asistencia legal independiente, observación internacional y verificación humanitaria urgente", según explicó un comunicado de la fundación.
La Global Sumud denunció que no dejaron ingresar a equipos médicos para supervisar a los detenidos
Según la información difundida por Global Sumud, las autoridades libias "no habrían permitido el ingreso de equipos médicos independientes ni visitas humanitarias internacionales", pese al deterioro físico y los episodios de desmayo que denunciaron los detenidos. Tampoco les habrían permitido el paso a los propios médicos voluntarios del convoy, quienes "intentan asistir y monitorear a sus compañeros detenidos", aún encontrándose ellos mismos "en condiciones de agotamiento físico y psicológico".
Respecto al por qué de la chance de comunicarse con sus familiares, desde la fundación alegaron que a partir de lo denunciado en las últimas horas "permite presumir que dicho contacto fue consecuencia de la presión ejercida por los propios voluntarios a través de la huelga de hambre que sostienen desde hace varios días", y no el resultado de "mecanismos regulares de protección, supervisión o acceso humanitario".
