El Parlamento sueco aprobó el lunes una ley que permite a las autoridades revocar los permisos de residencia de los inmigrantes por motivos de mala conducta, como tener deudas pendientes, realizar trabajos no declarados o mantener vínculos con organizaciones extremistas.
La ley, que se aplica a los permisos pendientes pero también con carácter retroactivo a los ya concedidos, forma parte de un endurecimiento general de las normas de inmigración por parte del Gobierno derechista y su partido de apoyo, los nacionalistas Demócratas de Suecia, de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre.
La ley ha sido criticada por la oposición y los grupos de defensa de los derechos humanos por considerarla arbitraria, ya que las decisiones se tomarían en función de comportamientos que no se han considerado delictivos.
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"La ley de buena conducta deja a las personas en la incertidumbre sobre qué acciones o expresiones pueden utilizarse en su contra", afirmó en un comunicado el grupo Civil Rights Defenders, con sede en Estocolmo. "Socava el Estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley".
El Gobierno, que ganó las elecciones de 2022 con la promesa de reducir la inmigración y tomar medidas enérgicas contra la delincuencia, ha afirmado que las personas que se comportan mal o cometen delitos no son bienvenidas.
La ley no especifica qué tipos de comportamientos se consideran inaceptables, pero el Gobierno ha mencionado el impago de deudas e impuestos, la delincuencia y los vínculos con organizaciones extremistas. La Agencia de Migración se encarga de revisar los permisos y las decisiones pueden ser recurridas ante un tribunal de migración.
"Cualquiera que no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse", declaró el ministro de Migración, Johan Forssell, cuando presentó el proyecto de ley en marzo.
Con información de Reuters
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