A un año del intento de instalar una sala de juegos sobre la Ruta 26 de Ingeniero Maschwitz, vecinos y organizaciones del distrito reactivaron sus pedidos formales y ahora centran la atención en el Plan Estratégico Territorial (PET). Tras la derogación unánime de la ordenanza 6350/24, el eje del reclamo se trasladó a la documentación técnica del plan y al circuito de análisis que actualmente lleva adelante la Provincia.
Los colectivos presentaron solicitudes de acceso a la información pública ante el intendente Ariel Sujarchuk, el Concejo Deliberante y las áreas provinciales encargadas del ordenamiento territorial. Según expresan en sus notas, el objetivo es garantizar que “no haya retornos por vía técnica” del frustrado proyecto comercial con sala de bingo, cuya habilitación inicial fue luego rechazada por la Justicia y por el propio Concejo.
En ambas presentaciones, los vecinos señalan que el PET se encuentra en etapa de revisión técnica en La Plata y recuerdan que su convalidación puede redefinir usos del suelo, corredores y categorías urbanas en el distrito. Por eso piden la entrega completa del expediente: desde el anteproyecto y los cuerpos normativos hasta los informes técnicos, diagnósticos y planos que respaldaron su elaboración. También solicitan las constancias de participación ciudadana, las notas de elevación al Concejo y la documentación enviada a la Provincia, incluido el número de expediente y cualquier observación ya emitida.
Las solicitudes citan expresamente la Ley Provincial 12.475, las constituciones Nacional y bonaerense y el Acuerdo de Escazú. En ambos textos se repite un mismo planteo: tratándose de un plan con impacto territorial y ambiental, la información “debe garantizarse en forma plena, oportuna y accesible” para permitir un seguimiento ciudadano adecuado. “De no recibir respuesta en el plazo de ocho días hábiles administrativos se iniciarán acciones judiciales por mora”, advierten en las cartas remitidas.
Los pedidos a los funcionarios bonaerenses Robla y Filippini
Una parte clave del reclamo está dirigida a los funcionarios bonaerenses que intervienen directamente en la evaluación del PET: Agustín Robla, subsecretario de Asuntos Territoriales, y Carla Filippini, directora provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. Ambos recibieron cartas individuales en las que los vecinos solicitan acceso a toda la documentación que obre en sus áreas y que haya sido remitida por el Municipio.
Las notas enviadas remarcan que las áreas a su cargo cumplen un rol técnico central en la revisión del ordenamiento territorial de Escobar y destacan que “no se les conocen vínculos directos con operadores del juego ni acuerdos políticos con actores locales”. En esa línea, los vecinos afirman confiar en que la distancia de ambos funcionarios respecto del conflicto previo permitirá “un análisis objetivo” del PET y de cualquier categoría urbanística que pueda impactar sobre la Ruta 26, donde se había impulsado el emprendimiento de juego.
En las presentaciones, los solicitantes insisten en precisar y transparentar el trámite administrativo provincial. “El PET del Partido de Escobar tramitaría actualmente ante ese organismo en un expediente específico vinculado a la actualización del ordenamiento territorial”, indican en sus cartas, y piden conocer la nota de elevación, los acuses de recibo y cualquier comunicación escrita ya emitida desde la Provincia hacia el Municipio.
Las organizaciones también hicieron llegar el reclamo al intendente Sujarchuk y al Concejo Deliberante, a quienes consideran responsables institucionales del recorrido administrativo del PET. Plantean que, tras la experiencia de la ordenanza 6350/24, la discusión sobre el ordenamiento territorial no puede “quedar encapsulada en tecnicismos” y que el plan debe convertirse en una herramienta “transparente, verificable y accesible” para toda la comunidad.
En el cierre de sus presentaciones, los vecinos sintetizan el tono de esta nueva etapa: aseguran que conocen la cadena de decisiones y que seguirán el avance del PET “organizados y atentos”, tanto en el ámbito municipal como en el provincial, para garantizar que el proceso de planificación territorial se mantenga abierto al control ciudadano.
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