Los diputados y los Gobiernos de la Unión Europea acordaron el lunes nuevas normas que permiten a los países enviar a migrantes a quienes se les ha ordenado abandonar el bloque a centros situados en terceros países, una medida que ha suscitado duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que advierten de que podría dar lugar a abusos.
El acuerdo forma parte de un endurecimiento generalizado de la política migratoria de la UE ante la presión de los partidos de derecha, a pesar de que las llegadas irregulares se redujeron un 26% el año pasado hasta alcanzar su nivel más bajo desde 2021.
La legislación, que aún requiere la aprobación formal de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, fue propuesta por la Comisión Europea el año pasado. La Comisión afirma que agilizaría los procedimientos y daría a los Gobiernos más herramientas para deportar a las personas, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales.
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Los grupos de derechos humanos discrepan de esa valoración.
"Este Reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y expulsión", dijo Silvia Carta, responsable de incidencia política de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), una organización de derechos humanos.
Los países de la UE afirman que tienen dificultades para garantizar que los solicitantes de asilo rechazados y las personas que han excedido el plazo de su visado abandonen su territorio. La Comisión afirma que, en la actualidad, solo alrededor del 20% de las personas a las que se les ha ordenado marcharse lo hacen.
En virtud de las nuevas normas, los Estados de la UE podrían establecer los denominados "centros de retorno" fuera del bloque para las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o a las que se les haya ordenado abandonar la UE. Los deportados podrían ser enviados a centros en países con los que no tienen vínculos.
"Con las nuevas normas, tenemos más control sobre quién puede entrar en la UE, quién puede quedarse y quién debe marcharse", dijo el comisario europeo Magnus Brunner.
Los Estados miembros no han revelado cuáles serían los posibles países de acogida.
REDADAS DOMICILIARIAS
El proyecto de ley amplía los períodos de detención e introduce sanciones, entre ellas prohibiciones de entrada, multas y posibles sanciones penales por falta de cooperación.
Las autoridades podrían confiscar pertenencias, detener a menores, recopilar datos biométricos y registrar viviendas.
El acuerdo también permite a las autoridades registrar a los migrantes y "locales pertinentes", un término que los grupos de derechos humanos critican por ser excesivamente amplio y permitir las redadas domiciliarias.
Activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales que trabajan con solicitantes de asilo en la UE afirman que algunas de estas prácticas ya se están llevando a cabo y han aumentado en los últimos meses, señalando un incremento de las deportaciones de refugiados reconocidos desde Alemania y otros Estados hacia Grecia y otros países fronterizos de la UE.
Allí, afirman, en algunos casos las autoridades llevan a cabo registros nocturnos en los domicilios para detener a las personas y trasladarlas a centros de detención o aeropuertos para su expulsión, a veces sin permitirles recoger sus pertenencias.
Minos Mouzourakis, abogado y responsable de defensa de la organización sin ánimo de lucro Refugee Support Aegean, con sede en Grecia, advirtió de que el proyecto de ley equivalía a "una receta para prácticas extremadamente perjudiciales y peligrosas" en Europa.
La diputada francesa de Los Verdes, Mélissa Camara, dijo: "La legalización de centros de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde a la detención de menores, las visitas domiciliarias inspiradas en las prácticas del ICE (de EEUU): el arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba ya está completo".
Algunos países de la UE ya han comenzado a estudiar este tipo de acuerdos.
Países Bajos está colaborando con Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria para establecer centros conjuntos de retorno y tránsito, mientras que las conversaciones bilaterales con Uganda sobre un acuerdo similar se han suspendido.
El Gobierno neerlandés afirma que quiere medidas concretas para finales de año, ya que se enfrenta a lo que el primer ministro Rob Jetten ha calificado de "crisis de asilo".
Los centros de acogida neerlandeses están saturados —incluido el principal centro de registro de Ter Apel, que ha comenzado a admitir solo a los más vulnerables—, mientras que han surgido protestas contra la inmigración en las zonas que acogen refugios de emergencia, ante la falta de capacidad y una lenta salida de los solicitantes de asilo.
Con información de Reuters
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