En la antesala al Día Internacional del Trabajador, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este miércoles una reunión clave con la cúpula de la CGT Regional en la Casa de Gobierno. Durante el encuentro, la central obrera entregó un documento formal de repudio al proyecto de intervención federal de la provincia, impulsado por sectores de La Libertad Avanza en el Senado.
Los gremialistas, además de ratificar su alineamiento político con el mandatario provincial, advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en el empleo y destacaron que, en contraste con el escenario federal, Formosa garantiza la continuidad salarial y los aumentos pactados.
Al respecto del encuentro con la CGT, en su cuenta de X (ex Twitter) el mandatario formoseño afirmó: "Allí presentaron una nota en la cual manifiestan, en primer lugar, su enérgico repudio y rechazo al proyecto de intervención de la provincia presentado por la oposición local, como intento de desviar la atención a la triste realidad que se vive en el país por la gran cantidad de despidos, cierres de fuentes de trabajo y pérdida del poder adquisitivo de las familias argentinas".
"Destacan en la nota un compromiso real del gobierno formoseño: que, a pesar de la pésima situación económica e institucional del país y de los recortes del gobierno nacional de los fondos que corresponden a las provincias, en Formosa el gobierno provincial paga los sueldos en tiempo y forma, además de otorgar un 14 % de aumento en lo que va del año, porcentaje muy superior a la media nacional", explicó el mandatario.
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Finalmente, Insfrán concluyó: "Compartimos el llamado a tomar conciencia de la necesidad de cambiar el rumbo de nuestro país y lograr la unidad nacional para beneficio del pueblo argentino y de nuestra Patria".
La justicia respaldó el Gobierno formoseño
Además, diversos organismos judiciales y jurídicos de Formosa manifestaron un firme rechazo al proyecto de intervención federal presentado por el senador Francisco Paoltroni. El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial advirtió que esta medida es un recurso extremo que suspende la autonomía provincial, el cual solo debe aplicarse en situaciones excepcionales que no se verifican en la actualidad.
Las instituciones destacaron que los poderes del Estado funcionan con normalidad y mencionaron que reformas recientes, como la limitación de la reelección indefinida, demuestran la capacidad del sistema democrático local para ajustar sus propias normas sin necesidad de interferencia externa.
Por su parte, el Consejo de la Abogacía coincidió en que la intervención es una herramienta subsidiaria y no un mecanismo ordinario de control político para resolver disputas partidarias. Alertaron que impulsar una medida de este tipo sin sustento jurídico suficiente pone en riesgo el equilibrio institucional y debilita los principios centrales del federalismo argentino. En este sentido, subrayaron que cualquier desacuerdo político debe canalizarse a través de las instituciones vigentes.
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