La Justicia de Formosa imputó al menor retenido y al padrastro de Xiomara Luciana Portillo por el femicidio de la adolescente de 16 años, cuyo caso había comenzado como una denuncia por desaparición y luego derivó en una causa por homicidio. Ambos fueron acusados como coautores por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar violencia de género.
La decisión fue adoptada tras las primeras semanas de instrucción, en las que se realizaron rastrillajes, peritajes y toma de declaraciones. Fuentes judiciales indicaron que la investigación continúa y que se analizan medidas cautelares, aunque el expediente se mantiene bajo secreto de sumario.
El caso se inició el 24 de noviembre, cuando la Policía de Formosa difundió la búsqueda de Xiomara Portillo, reportada como desaparecida desde la madrugada del jueves. Se activaron los protocolos para casos de desaparición de personas y se desplegaron operativos con intervención del Departamento Informaciones, la División Búsqueda de Personas y distintas comisarías, además de la colaboración de familiares y vecinos.
Días después, se halló un cuerpo en un descampado del Lote 106 del barrio Procrear. Tras las pericias correspondientes, se confirmó que se trataba de Xiomara. A partir de esa constatación, la causa pasó a investigarse como femicidio y se ampliaron las medidas de prueba.
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En paralelo al avance de la investigación, el caso generó manifestaciones públicas y convocatorias en distintos puntos de la ciudad. La familia de la víctima hizo saber su desacuerdo con algunas de esas acciones. Maricel Acosta, hermana de Xiomara, afirmó que determinados sectores políticos intentaron utilizar el caso sin autorización de la familia y aclaró que las convocatorias que ellos resolvieron se limitaron a los días 3 y 4 de diciembre.
Acosta señaló que se presentó una denuncia contra una agrupación encabezada por Liliana González, en la que también se mencionó a la dirigente Gabriela Neme, por el uso del nombre de Xiomara en una movilización realizada en la Plaza San Martín. La familia sostuvo que esa actividad no había sido convocada por ellos y rechazó que el caso sea utilizado con fines políticos.
Respecto del accionar estatal, la familia manifestó públicamente que, a su entender, tanto la Policía como la Justicia se encuentran realizando las actuaciones correspondientes en el marco de la causa. También remarcaron que su objetivo principal es que se esclarezcan los hechos y se avance en la determinación de responsabilidades penales.
Tras la imputación del menor y del padrastro, la causa sigue en etapa de instrucción. El Ministerio Público Fiscal y el Juzgado interviniente continúan con la recolección y análisis de pruebas, sin que por el momento se hayan difundido más detalles debido al secreto de sumario vigente.
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