La crisis en Bolivia se intensificó a primeras horas del sábado cuando el presidente, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción, lo que le permite el despliegue de militares para despejar bloqueos y restablecer el orden tras las protestas que paralizaron la economía durante los últimos 50 días.
Esta declaración otorga a Paz mayores herramientas constitucionales para restablecer el orden, como el envío de fuerzas armadas para despejar bloqueos.
Aunque la medida rige desde su anuncio, el presidente debe notificar al Congreso sobre el estado de excepción dentro de las 24 horas siguientes a la emisión del decreto, el cual dispone de hasta 72 horas para aprobar o rechazar la medida.
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Grupos de manifestantes, muchos aliados del expresidente izquierdista Evo Morales, han bloqueado carreteras claves, dejando camiones varados e interrumpiendo el suministro de alimentos, combustibles y medicinas a muchas regiones, incluida La Paz.
El conflicto estalló luego de que el presidente Paz recortara abruptamente los subsidios a los combustibles, vigentes desde hacía tiempo, para reducir el déficit, en medio de una creciente escasez de dólares y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
A pesar de las medidas posteriores para estabilizar los precios de los combustibles y revertir las impopulares reformas agrarias, las protestas se intensificaron y se convirtieron en un descontento generalizado, con sindicatos que exigían aumentos salariales, el fin de la escasez de combustible y dólares, y la renuncia de Paz.
El estado de excepción anunciado por Paz se produjo en un mensaje en vivo a la nación, apenas unas horas después de informar el acuerdo alcanzado el viernes con el principal sindicato, la Confederación Obrera Boliviana (COB), con el objetivo de aliviar la tensión.
Sin embargo, muchas carreteras que conectan el principal centro productivo de la nación sudamericana están bajo el control de asociaciones rurales afines a Morales, quienes no participaron en las negociaciones y continúan protestando principalmente en la zona de Cochabamba.
Paz afirmó que la crisis se había convertido en un intento organizado de desestabilizar la democracia tras semanas de violencia y bloqueos. Explicó que el estado de excepción busca restablecer el orden, proteger a la ciudadanía y garantizar el flujo de bienes esenciales, advirtiendo que quienes continúen con las interrupciones enfrentarán consecuencias legales.
"Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente. Para liberar a Bolivia de quienes utilizan el conflicto político para bloquear carreteras y hacerle daño a la población", expresó Paz.
Con información de Reuters
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