Gobernadores de las 10 provincias petroleras cuestionaron el DNU de Milei

Las provincias productoras rechazaron cualquier intento de modificación de la Ley 26.197 de 2006, conocida como “Ley Corta”, que establece que las provincias son las dueñas de los recursos naturales.

19 de enero, 2024 | 11.18

Los gobernadores de las 10 provincias productoras de petróleo y gas del país rechazaron las modificaciones sobre la normativa de hidrocarburos que plantea la Ley Ómnibus que envió el gobierno de Javier Milei al Congreso. En un comunicado, los gobernadores de distintos colores políticos plantearon un freno al proyecto del Poder Ejecutivo, sobre todo en la defensa del dominio provincial de los recursos naturales, tal como afirma la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994. Pidieron cambios centrales en lo que plantea el proyecto de ley.

El documento de siete páginas que acordaron las provincias fue redactado en una reunión que mantuvieron este miércoles los gobernadores en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro fue convocado por Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, corazón de Vaca Muerta. La clave es que las provincias productoras rechazaron cualquier intento de modificación de la Ley 26.197 de 2006, conocida como “Ley Corta”, que ratificó en el Congreso la idea de que las provincias son las dueñas de los recursos naturales.

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“Las provincias asumimos en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los hidrocarburos que se encuentran en nuestro territorio”, afirma la publicación de las provincias productoras agrupadas en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).

Además del neuquino Figueroa, la carta está firmada por Gustavo Melella de Tierra del Fuego; representantes de Claudio Vidal de Santa Cruz; Ignacio Torres de Chubut; Alberto Weretilneck de Río Negro; Sergio Ziliotto de La Pampa; Alfredo Cornejo (de manera virtual) de Mendoza, que estuvo representada por la ministra de Energía provincial, Jimena Latorre; funcionarios de las gobernaciones de Gustavo Sáenz de Salta y de Gildo Insfrán de Formosa; y el mandatario Carlos Sadir de Jujuy.

Acuerdos

Las provincias manifestaron su voluntad de buscar un marco jurídico para el sector de hidrocarburos “que permita dotar de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo, los niveles de actividad económica y de agregado de valor en cada una de nuestras provincias”. Pero fueron críticas de la Ley Ómnibus y solicitaron un “ámbito deliberativo, real y oportuno para analizar las adecuaciones propuestas que modifican de manera sustancial el régimen actual”. Y ratificaron que “es la OFEPHi el ámbito natural donde deben tratarse”.

También resaltaron que comparten que uno de los objetivos del sector que propone el proyecto del gobierno sea el de maximizar la renta de los hidrocarburos, pero deben en un marco de “sustentabilidad social y ambiental”.

Además, criticaron al proyecto de ley del gobierno nacional en el apartado que elimina de la Ley 17.319 (hidrocarburos) la posibilidad de otorgar prórrogas a los vencimientos de las concesiones por parte de las provincias.

“Creemos necesario mantener sin cambios la redacción del actual artículo 59 de la Ley 17.319 referida a la determinación y pago de regalías por parte de los concesionarios ya que dicha redacción no ha generado inconvenientes en la operación mensual” entre las provincias y las petroleras “y su modificación tal como está propuesta (en la Ley Ómnibus) podría generar interpretaciones que perjudiquen a las provincias”.

“Solicitamos corregir la redacción del artículo 207 en el cual se delega en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de incrementar las alícuotas de los derechos de exportación”, sostienen. Pero, el proyecto de ley agrega, “dichas alícuotas no podrán superar en ningún caso el 15%”. Las provincias sostienen que no pueden superar el 8% “actualmente vigente”.

Las provincias de la OFEPHi expresaron también su apoyo a las empresas estatales provinciales del sector energético y solicitaron “la revisión de aquellos artículos del proyecto de ley que limite el accionar de dichas empresas provinciales”. Por último, reclamaron la reversión a las provincias de las concesiones de las áreas de campos maduros convencionales (sobre todo de YPF) “que no sean de interés estratégico”.