En un intento por mitigar el impacto social de una política energética que pulverizó el poder adquisitivo de las familias, el gobierno de Javier Milei oficializó una extensión de los beneficios para los sectores denominados "vulnerables". A través de la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía, la administración libertaria dispuso mantener la bonificación del 25% extra sobre el consumo de gas natural y gas propano para junio. La medida no hace más que reconocer implícitamente que el esquema de aumentos brutales implementado desde el inicio de su gestión es insostenible para los bolsillos de millones de argentinos.
La normativa, que lleva la firma de la secretaria María Carmen Tettamanti, dispone adicionalmente que para el caso de la energía eléctrica se implemente descuento adicional de apenas el 11,97% para los usuarios residenciales, pero con el agravante de que solo cubre un consumo base de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales. Para un hogar promedio en pleno invierno, este tope resulta ridículamente bajo, dejando el excedente del consumo —inevitable por el frío— sujeto a las tarifas plenas que el propio oficialismo se encargó de disparar.
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La trampa de la focalización y el peso del ajuste invernal
Bajo la retórica de la "gradualidad" y la "previsibilidad", el Ministerio de Economía intenta esconder una realidad estadística devastadora: según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), los subsidios destinados a energía, agua y transporte cayeron 39% en términos reales durante 2025, mientras que la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un aumento del 594% entre diciembre de 2023 y enero de 2026.
Este nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó a la segmentación anterior, fue la herramienta predilecta del Ejecutivo para reducir drásticamente el gasto público a costa de los usuarios, restringiendo el acceso al beneficio mediante requisitos patrimoniales y de ingresos cada vez más excluyentes.
Con todo, resulta paradójico que, en los considerandos de la resolución, la Secretaría de Energía invoque la necesidad de “morigerar el impacto tarifario” y proteger a los sectores de menores ingresos, cuando fue la propia gestión de Milei la que impulsó una fuerte recomposición de tarifas, redujo subsidios y trasladó crecientemente a los usuarios el costo real de la energía.
Al reemplazar el esquema de segmentación N2 y N3 por un régimen de subsidios más focalizado y restrictivo, el oficialismo dejó a una amplia franja de sectores medios y trabajadores expuesta a aumentos tarifarios cada vez mayores. Bajo el nuevo sistema, un incremento marginal de ingresos —muchas veces por debajo de la inflación real— puede significar la pérdida del beneficio y el salto a facturas considerablemente más altas.
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