La calificadora de riesgo Moody’s sostuvo que los efectos de la reforma laboral serán acotados en el corto plazo y puso el foco en el rol que tendrá el Poder Judicial frente al nuevo marco normativo, que ya fue judicializado por la CGT.
“Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores en medio de desafíos sociales y legales que incluyen resistencia sindical, riesgos de litigios y de implementación”, señaló la firma.
Aunque valoró la sanción de la norma, la calificadora aclaró: “La magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias”. De este modo, señaló que no se creará más empleo formal si antes no hay reactivación económica.
La empresa agregó además: “En última instancia, los beneficios crediticios duraderos dependerán de un impulso político sostenido, la efectividad de las regulaciones secundarias y la interpretación judicial, así como de la capacidad del gobierno para gestionar los riesgos sociales y legales durante la implementación”.
En ese marco, la calificadora advirtió que “el mercado laboral argentino presenta debilidades estructurales de larga data” y señaló que “la alta informalidad refleja incentivos persistentes que favorecen acuerdos laborales informales (particularmente entre pequeñas y medianas empresas), que limitan las ganancias de productividad, la base impositiva y la eficacia de los sistemas de seguridad social”.
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Además, Moody’s alertó por el impacto negativo en la recaudación que se generará a raíz de la compensación a las empresas por la constitución del FAL: “Las contribuciones a la seguridad social disminuirán entre 0.3% y 0.4% del producto bruto interno (PBI) debido a que una parte de las contribuciones patronales que anteriormente se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) financiará un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”.
Finalmente, Moody’s consideró que “una mayor formalización laboral apoyará la generación de ingresos al ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación fiscal compartida a nivel local y nacional, con beneficios relativamente mayores para las provincias con niveles de informalidad más elevados”.
La CGT judicializó la reforma laboral
La CGT afirmó, el último lunes, que su reclamo de inconstitucionalidad sobre la ley de reforma laboral se fundamenta en que se ven afectados “el artículo 14 bis” de la Constitución Nacional, así como principios de la OIT y del Pacto de San José de Costa Rica que tienen rango constitucional.
“La mal llamada de “modernización”, significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, expresó este lunes la central sindical en un comunicado difundido tras la presentación en Tribunales de su pedido de inconstitucionalidad.
Para la CGT, la nueva ley vulnera “el principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos”. Asimismo, viola el “Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, y que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador”.
Además, sostiene el escrito “se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”. Asimismo, cuestiona que la nueva normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”, entre otros argumentos.
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