El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el lanzamiento de la licitación para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la principal compañía de agua y saneamiento del país. La ofensiva abre el paso a repetir la experiencia de gestión privada de los años noventa, un período atravesado por subas tarifarias, cuestionamientos regulatorios, falta de inversiones y denuncias por problemas sanitarios y ambientales.
En La Libertad Avana sostienen que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la eficiencia del servicio y reducir el peso del Estado. Sin embargo, los recuerdos de la privatización anterior dejó un tendal de fuertes controversias y múltiples incumplimientos.
Actualmente, AySA brinda agua potable a más de 11 millones de personas y servicio de cloacas a más de 10 millones en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Uno de los puntos que genera mayor preocupación es que una futura administración privada avance con cortes de servicio por falta de pago, algo que hasta ahora no ocurría debido al carácter esencial del suministro de agua.
La compañía ya había sido incluida dentro de las empresas sujetas a privatización en la denominada Ley Bases, aprobada en 2024.
La experiencia privatizadora de AySA
El plan del Gobierno es vender al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, que fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más.
La historia de la empresa se remonta a 1912, con la creación de Obras Sanitarias de la Nación. Durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue privatizado y quedó bajo control de la firma francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, operando bajo el nombre de Aguas Argentinas. En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado volvió a tomar el control de la compañía tras una serie de conflictos vinculados al desempeño de la concesión privada.
Los datos de aquel período muestran que entre 1993 y 2002 las tarifas residenciales aumentaron 88,2%, mientras que la inflación minorista acumuló apenas 7,3%. Aunque el contrato original limitaba las subas durante los primeros diez años, la concesionaria obtuvo sucesivas recomposiciones tarifarias que le permitieron alcanzar elevados niveles de rentabilidad.
Un informe del área de Economía y Tecnología de FLACSO señaló que durante la gestión privada hubo modificaciones contractuales, cláusulas de indexación y reiterados incumplimientos en materia de inversiones y expansión del servicio.
Obras pendientes y cuestionamientos sanitarios
Uno de los aspectos más cuestionados fue el incumplimiento de obras esenciales para la infraestructura. Durante el primer quinquenio de la concesión sólo se ejecutó cerca del 58% de las inversiones comprometidas. Entre las obras pendientes figuraban plantas de tratamiento y ampliaciones de la red cloacal.
La situación sanitaria también quedó bajo la lupa. En 2006, el Gobierno rescindió el contrato argumentando la existencia de elevados niveles de nitratos y contaminación con arsénico en el agua suministrada en algunas zonas del conurbano bonaerense. Informes oficiales advertían que miles de personas estaban expuestas a riesgos sanitarios vinculados a la calidad del agua.
Tras la reestatización, la cobertura de agua potable pasó del 76% al 85%, mientras que el acceso a cloacas aumentó del 57% al 72%, según datos oficiales.
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Otro de los ejes de discusión gira en torno al futuro de las tarifas, que incluso bajo la gestión estatal libertaria viene siendo un problema que podría profundizarse aún más si pasa a manos privadas. Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el costo del servicio de agua acumula una suba del 418% desde diciembre de 2023.
La eventual privatización de AYSA vuelve a poner en discusión el rol del Estado en los servicios públicos esenciales y reabre interrogantes sobre la definición de tarifas, inversiones, cobertura y acceso a un elemento indispensable como el agua cuando se concrete la entrega privatizadora.
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