La decisión del Gobierno de excluir a los operadores del sector lácteo del sistema oficial de registración y fiscalización comercial abrió un nuevo frente de debate sobre el alcance del proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei. Mediante la Resolución 103/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo eliminó del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL) todas las actividades vinculadas a la cadena láctea, profundizando una decisión adoptada pocas semanas antes con la derogación del régimen específico de control del sector.
La medida implica que los operadores lácteos dejarán de estar comprendidos dentro del sistema oficial de registración que hasta ahora permitía al Estado mantener un padrón actualizado de industrias, usinas, plantas elaboradoras, comercializadores y demás actores de la cadena, según lo publicado en el Boletín Oficial. Si bien el Gobierno sostiene que el objetivo es reducir burocracia y adecuar la normativa a las competencias vigentes, especialistas del sector advierten que la decisión implica el retiro de herramientas de fiscalización comercial que durante años permitieron monitorear la actividad.
La resolución, firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, establece expresamente que "corresponde eliminar del referido sistema las actividades vinculadas al rubro lácteo", al tiempo que dispone que los operadores quedan excluidos del ámbito de aplicación del SIOCAL. Paradójicamente, el registro conservará su nombre —Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos— aunque ya no incluirá a los lácteos entre sus actividades alcanzadas.
La decisión no constituye un hecho aislado. Apenas unas semanas antes, mediante la Resolución 81/2026, el mismo organismo había derogado la normativa que durante dos décadas sustentó el Registro de Operadores Lácteos y las facultades de fiscalización comercial heredadas de la desaparecida Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Allí el Gobierno argumentó que, al no existir una previsión normativa específica que respaldara las facultades sancionatorias sobre el sector, el registro había quedado convertido en una herramienta "meramente declarativa", sin mecanismos efectivos de control.
Ese razonamiento jurídico sirve ahora como fundamento para retirar definitivamente al sector lácteo del esquema oficial de registración. Según la nueva resolución, el registro debe reflejar únicamente aquellas actividades sobre las cuales la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario mantiene competencias efectivas de fiscalización.
Detrás de esa explicación administrativa aparece una consecuencia de mayor alcance: el Estado nacional abandona un instrumento que permitía conocer quiénes operaban formalmente en la cadena láctea y realizar controles comerciales sobre su funcionamiento. El Gobierno presenta la decisión como parte de un proceso de "ordenamiento y simplificación registral" destinado a "mejorar la calidad de la información, reducir cargas administrativas y fortalecer la trazabilidad y eficiencia del control comercial". No obstante, la contradicción radica precisamente en que la eliminación del registro específico supone resignar una fuente de información clave para reconstruir la trazabilidad de uno de los sectores más sensibles de la industria alimenticia. (Boletín Oficial)
En los fundamentos de la Resolución 81/2026 incluso se reconoce que el registro perdió operatividad porque carecía de facultades sancionatorias y que ello impedía asegurar "la actualización, veracidad e integridad de los datos allí contenidos". La respuesta oficial frente a ese problema no fue fortalecer el sistema ni dotarlo de nuevas herramientas legales, sino directamente eliminarlo.
La cadena láctea abarca miles de tambos, cooperativas, industrias procesadoras, pymes regionales y grandes empresas que producen leche fluida, quesos, yogures, manteca, crema y leche en polvo. Se trata además de una actividad fuertemente vinculada al consumo masivo y a la seguridad alimentaria. Aunque los controles sanitarios continúan bajo la órbita del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de las autoridades bromatológicas provinciales y municipales, la eliminación de la registración comercial reduce la capacidad estatal para monitorear aspectos vinculados con la formalidad de los operadores, la trazabilidad comercial, la identificación de los actores de la cadena y el seguimiento de determinadas prácticas de mercado.
Durante años, el registro de operadores funcionó como una herramienta complementaria para ordenar la actividad. La inscripción permitía identificar a cada establecimiento habilitado, verificar cambios societarios, registrar nuevas plantas y facilitar tareas de fiscalización comercial. Con la nueva normativa, esa estructura desaparece para el sector lácteo.
El argumento oficial se inscribe en la política general de desregulación impulsada desde diciembre de 2023. En los considerandos de la Resolución 81/2026 se menciona expresamente el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 como uno de los fundamentos del cambio regulatorio y se sostiene que uno de los objetivos consiste en "liberar restricciones estatales que impidieran el normal desarrollo" de la actividad económica. (Cámara de Importadores ARG)
En sectores alimentarios, la existencia de registros oficiales no sólo cumple una función burocrática sino también de transparencia institucional. Permiten conocer quién produce, quién industrializa y quién comercializa alimentos, información que puede resultar relevante frente a conflictos comerciales, investigaciones administrativas o eventuales problemas de abastecimiento.
La decisión también llega en un momento particular para el sector. Luego de un 2024 marcado por la fuerte caída de la producción debido a factores climáticos y económicos, durante 2025 y comienzos de 2026 la actividad comenzó a mostrar signos de recuperación impulsados por una mayor producción primaria y un crecimiento de las exportaciones. En ese contexto, la desaparición del registro oficial introduce un cambio institucional significativo en una cadena que vuelve a expandirse.
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