El feroz incendio que desató en la localidad bonaerense de Mariano Acosta tras la explosión de un depósito de garrafas paraliza al partido de Merlo. A medida que pasan los minutos y se escucha la voz de los vecinos, crecen las suspicacias sobre la irregularidad del lugar donde se originó el estallido, fruto de la política de descontrol por parte del Gobierno en este mercado.
Los Bomberos Voluntarios de Mariano Acosta aseguraron, cerca de las 10 de la mañana, que el incendio fue controlado y no hay focos ígneos activos en la zona, por lo que se realizan tareas de enfriamiento y verificación de las viviendas afectadas.
"Son las dos laterales y una vivienda al fondo del depósito. Tienen incendio generalizado y colapso de algunos muros perimetrales, producto de las explosiones", contó el bombero Alejandro Gutiérrez. Hasta el momento, no lograron establecer las causas de la explosión. "No hay riesgo de nuevas explosiones", agregó.
En diálogo con los medios que se acercaron al lugar, distintos vecinos señalaron que no es la primera vez que se registraron explosiones en ese lugar. Pero como antes fueron más chicas, no pasó a mayores. De hecho, en febrero se había incendiado un taller por los mismos motivos.
La agencia Noticias Argentinas identificó al dueño del lugar incendiado como Oscar Adrián Benitez quien sostuvo que compraba garrafas de distintas marcas y que el lugar funcionaba como deposito para la distribución. Sin embargo, no estaba habilitado.
El efecto desregulador de Sturzenegger
En julio del año pasado, el gobierno nacional, a través del Decreto 446/20205, desreguló el funcionamiento del sector del Gas Licuado de Petróleo (GLP), una medida que fue celebrada e impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La norma incluyó instrumentos como la eliminación de los precios de referencia, de las autorizaciones previas para exportar y la simplificación de la incorporación de nuevas empresas para tener un mercado de garrafas "más competitivo y con mayor participación privada".
"Este Decreto significa una reforma integral de la Ley 26.020, de 2005, que había generado un esquema de fuerte intervención estatal a lo largo de toda la cadena de valor: sobreregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactaban negativamente en los precios al consumidor", rezaba el documento oficial.
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Entre los principales cambios se encuentran la simplificación del sistema de autorizaciones para las empresas que quieran participar del mercado del GLP. Ahora, solo el cumplimiento de los requisitos fijados por la normativa es suficiente para operar.
Darío Simonetti, presidente de la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado, había explicado que la medida generó “la proliferación de distribuidores clandestinos”, situación que, además de afectar a más de 220 pymes, deriva en un grave problema de seguridad. “Cualquiera que ponga una camionetita está saliendo a repartir garrafas, lo que lleva a una terrible inseguridad pública”, había alertado a Bravo TV.
El dirigente sostuvo que antes existía una cadena de comercialización controlada —productor, fraccionador, distribuidor—, pero que ahora “cualquiera puede vender el gas”, incluso por debajo del costo del distribuidor habilitado. Esto promueve la competencia desleal y deja al borde del cierre a empresas familiares del sector.
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