El Gobierno desmintió recortes presupuestarios en Discapacidad

El Ministerio de Economía aclaró que no hubo modificaciones en las partidas. De esta forma, se desligó de las críticas que habían realizado sectores de la oposición.

30 de agosto, 2022 | 18.07

Ante las acusaciones contra el Gobierno por supuestos recortes presupuestarios en áreas vinculadas a las personas con discapacidad, el Ministerio de Economía aclaró que no hubo modificaciones en las partidas. De esta forma, se desligó de las críticas que habían realizado sectores de la oposición.

"Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas", sostuvo un comunicado emitido por la cartera que conduce Sergio Massa. Diputados de Juntos por el Cambio habían presentado un pedido de informes sobre la situación presupuestaria en el sector de la discapacidad.

En la solicitud, encabezada por la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y el formoseño Ricardo Buryaile (UCR), reclamaron que el Gobierno informe “si existe demora en los pagos de prestaciones por servicios de salud a las personas con discapacidad, y en cuyo caso, cuál es la situación de la demora y su causa”. A través del Boletín Oficial, el Gobierno redujo montos de inversión en Educación, Vivienda, Salud, Obras públicas e incentivos a la producción. Mediante la decisión administrativa 826/2022, firmada por Massa y Juan Manzur, informaron que quitaron $ 15.000 millones del dinero asignado al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” y $ 30.000 millones al programa Conectar Igualdad. El Tesoro también recortó en $ 50.000 millones las transferencias destinadas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. 

Sin embargo, desde Economía subrayaron: "Este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso"

La responsabilidad de las prestadoras

Al respecto, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga señaló que “el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno Nacional”, y que “desde el 2019 hasta ahora redujimos los plazos de pago a los prestadores de 90 a 45 días”. En declaraciones periodísticas, explicó que “el tema de discapacidad es siempre sensible y preocupa a las familias; por eso desde el Gobierno queremos llevar tranquilidad: el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad, se están regularizando desde hoy”.

“El atraso de una semana que se generó en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales, se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados”, amplió el Director Ejecutivo de ANDIS. Galarraga detalló que el mecanismo de integración establece que “la Superintendencia informa a la AFIP los totales liquidados asignados a cada Obra Social; luego AFIP procede a acopiar de la cuenta recaudadora los recursos necesarios para cubrir dicha erogación”, y que “dicho proceso se encuentra en curso dada la dinámica de la recaudación, para que el organismo recaudador proceda a acreditar la suma total a cada Obra Social y se efectúen los pagos de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad”.

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