La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó este jueves un pedido formal ante el Ministerio de Economía para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda la aplicación de multas, ejecuciones fiscales y embargos sobre las pequeñas y medianas empresas mientras se espera la definición de los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal anunciados por el Gobierno Nacional. El reclamo surge luego que el ministro Luis Caputo comunicara el envío al Congreso de un proyecto para modificar el régimen vigente. Según CAME, el período de transición hasta que exista una nueva normativa no debería derivar en sanciones automáticas para contribuyentes que regularicen su situación fiscal en ese lapso.
La propuesta presentada por la entidad establece que, si un contribuyente regulariza su deuda dentro de los 15 días posteriores al período de espera, la multa se reduzca en un 50%. El criterio planteado es que la sanción plena sólo opere cuando ese plazo adicional venza sin que se haya cumplido con la obligación tributaria. “La implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados”, señaló Vicente Lourenzo.
La tasa de financiación debería ser “equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación” y abarcar deudas vencidas al 31 de mayo del corriente año, añadió el dirigente.
Los principales puntos de la propuesta de CAME
- Suspender multas a las pymes durante el período de espera de la nueva normativa.
- Suspender ejecuciones fiscales y embargos aplicables al sector.
- Permitir que, si el contribuyente regulariza dentro de los 15 días posteriores al plazo de espera, la multa se reduzca en un 50%.
- Aplicar la sanción total solo si vence ese último plazo sin cumplimiento.
- Crear un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas.
- Condonar el 50% de los intereses devengados y financiar al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación para deudas vencidas al 31 de mayo del corriente año.
El trasfondo del pedido es que las pymes no queden relegadas frente a un proyecto que, en el debate de la medida, fue asociado principalmente a mecanismos de regularización para grandes contribuyentes y evasores. El planteo de CAME apunta a que cualquier modificación de la Ley de Inocencia Fiscal contemple también herramientas específicas para el segmento pyme, que reúne la mayor parte del empleo privado formal y una porción sustantiva de las unidades productivas del país.
En los documentos y declaraciones difundidos por la entidad, el argumento central es que el costo de una transición regulatoria sin alivio operativo recaería sobre empresas con menor espalda financiera, menor acceso al crédito y menor capacidad para absorber embargos o ejecuciones fiscales en un contexto de caída del consumo.
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Los datos sectoriales muestran que el comercio minorista y parte de la industria orientada al consumo doméstico atravesaron una reducción de ventas reales durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025. Aunque hubo sectores puntuales con recuperación asociada a exportaciones o a segmentos específicos de servicios, el universo pyme dependiente de la demanda local siguió enfrentando márgenes estrechos y mayores costos financieros.
En ese escenario, CAME plantea que las herramientas tributarias y de financiamiento deben distinguir entre contribuyentes con capacidad patrimonial elevada y pequeñas empresas con problemas de liquidez. El pedido de planes de pago largos, quita parcial de intereses y suspensión de medidas cautelares apunta precisamente a evitar que la transición hacia la nueva ley derive en cierres, reducción de actividad o pérdida de empleo.
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