La conferencia de prensa dada por el equipo económico el pasado 28 de diciembre mostró la vulnerabilidad de la economía argentina frente al actual contexto internacional y los límites que enfrenta el Gobierno, producto de sus propias políticas.

La decisión de corregir al alza la meta de inflación para 2018 reflejó la convicción de los ministros de Hacienda y de Finanzas de aceptar un tipo de cambio más alto, más inflación y, como contrapartida, un mayor nivel de actividad.

La indicación al Banco Central fue reducir la tasa de interés que paga por la colocación de títulos para absorber los pesos excedentes del mercado, las popularizadas LeBac. En ese sendero la tasa se redujo desde 28,75% vigente desde el 19 de diciembre, al 26,75% en el corte de la última licitación del martes 20 de febrero. Esta baja del 2% nominal fue acompañada con una suba del tipo de cambio de $2,62. El valor del dólar trepó de $17,55 a $20,17 en ese lapso.

En 60 días una devaluación del 15% frente a un módico descenso de 200 puntos básicos en la tasa de interés mostró que los desequilibrios externo y fiscal de una economía estancada no toleraban la abundancia de pesos derivada de la reducción de la renta financiera. Si no hay activos financieros rentables, los pesos compran dólares pero no aceitan la actividad económica. El verano demostró que una baja pronunciada de la tasa de LeBac puede desembocar en una suba del dólar intolerable políticamente.

Estas semanas mostraron así la incapacidad del “mejor equipo de los últimos 50 años” para administrar los precios de la economía: la inflación no frena y la tasa de interés no puede bajar a niveles compatibles con la actividad productiva porque el dólar se dispara.

En ese marco, comienzan a surgir voces y propuestas que apuntan a poner orden en los precios de la economía a partir de suprimir definitivamente los pesos excedentes atesorados en las letras del Banco Central y limitar las facultades del ente rector para emitir moneda. Este revival del modelo de Convertibilidad apunta a eliminar el sistema de “metas de inflación” para directamente suprimir la capacidad del BCRA de emitir dinero por fuera de lo permitido por la oferta de divisas. Es decir que, como en los 90’, se controla el volumen de oferta monetaria por la disponibilidad de divisas que ingresen del exterior.

Esta drástica modificación de la política monetaria implica, en todos los casos, el canje del stock de letras del Banco Central, en pesos y a plazos muy cortos (la mayoría del stock se ubica en torno a los 28-35 días), por títulos en dólares y a largo plazo (no inferiores a los diez años) emitidos por el Tesoro Nacional.

Es claro que este esquema de política fiscal que agiganta el déficit pero no reactiva la economía, y de política monetaria restrictiva, que atesora pesos en instrumentos del Banco Central abonando una tasa de interés extorsiva para evitar la fuga al dólar, ha encontrado límites en el nivel de endeudamiento acumulado para sostener tamaños desatinos. Por delante, es muy probable que el equipo económico ensaye un proceso de supresión de los pesos que considera excedentes y que aceitan el circuito inflación-devaluación. Para ello, puede llevar a cabo un canje de los títulos emitidos por el Banco Central, convirtiéndolos en dólares, pero no hay que olvidar que los mismos representan un 11% del PIB, lo que significa una proporción altísima.

Las decisiones que están por delante para resolver las tensiones del esquema que el propio gobierno creó son muy delicadas. Una aceleración de la suba del dólar puede provocar un espiral inflacionario que impacte brutalmente sobre los ya golpeados ingresos populares. Un canje de LeBac debe contemplar que un 55% del stock se encuentra en cartera de los bancos que, a su vez, lo financian con depósitos a un plazo promedio de 32 días. Es evidente que un título a diez años complicaría mucho el funcionamiento del sistema financiero.

Por ahora, la única medida de política económica concreta es continuar endeudándonos.