El 1º de Mayo es una fecha conmemorativa de la tragedia de los Mártires de Chicago, ocurrida en Estados Unidos en 1886, cuando dirigentes y activistas sindicales fueron sometidos a un proceso vergonzoso, plagado de irregularidades y que llevaron a condenas –en varios casos, a la horca- o al suicidio de los obreros víctimas de esa farsa montada por el Estado. Fue imprescindible la ayuda de fuerzas policiales infiltradas –y responsables de las bombas que explotaron- en una manifestación, la complicidad de la prensa hegemónica ligada a las patronales y un buen grado de xenofobia e indiferencia de las capas medias de la sociedad.

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La lucha obrera tomada como excusa para la represión de las fuerzas de seguridad –que cobró la vida de muchos manifestantes- y la posterior “judialización”, sesgada y fraudulenta, tuvo consecuencias dramáticas como las antes aludidas u otras variadas expresiones persecutorias (expulsión de extranjeros, multas, encarcelamientos, tortura de detenidos). Además, tenía por objeto la reducción de la jornada de trabajo que, por ese entonces, superaba en promedio las 14 horas sin descanso semanal, alcanzar condiciones de labor algo más acordes con la dignidad humana y combatir el trato laboral recibido por mujeres y niños sujetos a una explotación extrema.

Con el tiempo, en virtud de las conquistas y progresos en materia de Derechos Sociales esa fecha, sin perder la connotación conmemorativa, fue constituyéndose a su vez en una celebración del trabajo y de los trabajadores. Sin embargo, con frecuencia ha dado el marco para el reclamo, la protesta o el rechazo de políticas de gobierno.

Experiencias históricas

La flexibilización laboral se enuncia como un proceso de necesario acomodamiento de las nuevas formas de producción, a la adaptación al desarrollo tecnológico, que no estarían debidamente consideradas en la legislación vigente, tildándosela de rígida o sobrecargada en materia de regulaciones de la relación entre empleador y empleado.

Paradójicamente, como quedó a la vista en la última década del siglo pasado, la desregulación normativa no fue tal. Por el contrario, fueron dictadas gran cantidad de normas –llegamos a tener más de 25 modalidades de contratación laboral flexibles-, convirtiendo al Derecho del Trabajo en un universo jurídico inmenso, de permanente cambio peyorativo e ininteligible en cuanto a su dimensión cierta no sólo para sus destinatarios naturales sino para los principales operadores del derecho (magistrados, funcionarios, abogados)

La aducida modernidad que imponía flexibilizar el desenvolvimiento del trabajo dependiente en beneficio de un falso interés general, tuvo por resultado la creciente precarización de las condiciones laborales, los abusos patronales consuetudinarios y el incremento indecente de la rentabilidad de las grandes empresas.

El horizonte laboral que nos proponen

El fallido intento inicial del Gobierno por consagrar una Reforma Laboral que barría con derechos conquistados e institucionalizados a lo largo de muchas décadas, tuvo una segunda etapa que consistió en inducir en la práctica empresaria –sostenida por el Estado- la flexibilización precarizante de hecho a la sombra del desempleo creciente, la represión brutal de los reclamos obreros y la pasividad –cuando no la connivencia- de ciertos sectores sindicales.

A la par, esa segunda fase comprendía una inusitada presión sobre los jueces del trabajo, la cooptación evidente de la Corte Suprema favorecida por su nueva integración y la pretensión de introducir por goteo la Reforma pretendida con variadas iniciativas legislativas propiciadas por el Poder Ejecutivo, a la espera de condiciones favorables para volver sobre el primer Proyecto de deconstrucción integral del Derecho del Trabajo.

En estos días nos volvió a “sorprender” el Máximo Tribunal nacional echando por tierra con una jurisprudencia que se creía consolidada en el año 2015, con sustento en Tratados y Convenios Internacionales sobre derechos humanos y sociales esenciales, reiteradamente invocados en sus fallos. El caso “Rica c/ Hospital Alemán” es la punta del iceberg en la búsqueda de deslaboralizar el trabajo dependiente, en línea con el afán empresario que representa el Gobierno nacional.

En esa línea se exhibe la bizarra creación de la categoría de los trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados, una absoluta ficción incorporada en aquel Proyecto de Reforma Laboral.

Categoría laboral que abarcaría a aquellas personas que presten servicios especializados, realizando una actividad a título oneroso, de manera habitual, personal y directa, para una persona física o jurídica y de los que resulten hasta el 80% de sus ingresos anuales y/o no superen las 22 horas semanales de dedicación.

Ostensible caracterización de una relación de empleo, pero que los dejaría fuera de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y con sujeción a parámetros de imposible contralor, convirtiéndose así en una legalización de un fraude impune.

El juego de las semejanzas

No se trata de hacer forzados paralelismos con los sucesos de 1886, ni con otros muchos similares que registra la Argentina del siglo XX, sino de un análisis elemental de lo que está ocurriendo en la actualidad.

La resignada aceptación de lo que nos muestran como el único camino, y destino inexorable, comunicadores rentados y funcionarios ocupados sólo de gerenciar intereses antinacionales y antipopulares, nos conduce aceleradamente al abismo que nos presentan como grieta.

Mirar al costado, hacerse el distraído, pensar que únicamente le ocurre a otros sin que nos genere sentimiento alguno de solidaridad, acelera el recorrido de un sendero que no se bifurca porque la meta es una sola.

Despertar cuanto antes del sueño amarillo prometido, que en realidad es una pesadilla atroz para la inmensa mayoría de la población, es la exigencia de la hora.

No vaya a ser que el aletargamiento, un negacionismo insostenible, nos conduzca irremediablemente a una tragedia nacional de incierto y cruento final.