En un fallo inédito y polémico, el Tribunal integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vasquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría la absolución general a 17 acusados que damnificaron a 49 personas en la causa conocida como el Villazo, por delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos entre marzo de 1974 y 1975, en la localidad santafesina de Villa Constitución. Julia Giordano, una de las abogadas que forman parte del equipo jurídico de la APDH de Rosario que representa a las víctimas, aseguró en diálogo con El Destape que la sentencia es "vergonzante" y "clasista".
Este levantamiento obrero y popular, protagonizado principalmente por trabajadores metalúrgicos, articuló la lucha sindical, ocupación de fábricas y respaldo de toda la comunidad. Además, tuvo como consecuencia la militarización de la ciudad y una feroz represión, comandada por la Triple A, que incluyó secuestros, detenciones, torturas y asesinatos. Un “ensayo” de lo que vendría con la dictadura militar.
Luego de 50 años de búsqueda de justicia, la repudiable decisión determinó la absolución de Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo (dos exempleados jerárquicos de Acindar por su responsabilidad en los secuestros y homicidios de trabajadores) respecto a los cargos de privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado (por el concurso premeditado de dos o más personas) que damnificaron a Jorge Ramón Chaparro, Julio Palacios (segunda detención), Concepción De Grandis, Carlos Alberto Ruescas (segunda detención), Jorge Raúl Andinno, Carlos Antonio Tonzo, Pedro Antonio Reche, y Miguel Ángel Lobotti. El resto de los acusados son exmilitares; exmiembros de la Policía Federal; exintegrantes de la Prefectura; expolicías de la provincia de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas, pero muchos llegaron sin vida al veredicto.
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En tanto, se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los decretos N.º 1368/74 y N.º 2717/75 formulado por la Fiscalía y la querella del CELS, el de nulidad deducido por la defensa del doctor Hernán Kovacevich, la solicitud de las partes acusadoras para declarar el predio "Albergue de Solteros" de la fábrica Acindar como centro clandestino de detención y los pedidos complementarios de las partes acusadoras (querella APDH y Ministerio Público Fiscal) por exceder el marco del juicio.
Asimismo, se dispuso la inmediata libertad de Pellegrini, Torralvo y Squiro en esta causa, salvo que existiera otra orden de detención. El magistrado Sutter Schneider votó en disidencia, declarando que las 30 detenciones y 10 asesinatos (ocurridos entre el 18 de abril de 1975 y el 8 de enero de 1976) constituyeron delitos de lesa humanidad.
En declaraciones para este medio, Giordano afirmó que la sentencia "no está a la altura del debate", de "las pruebas que se produjeron" y de "la claridad con la que se probaron las acusaciones". "Estuvimos frente a delitos de lesa humanidad, aunque estábamos antes del 24 de marzo de 1976", señaló la abogada.
Hija de una víctima de la represión, desconsolada por el fallo: "Vivimos en el reino del revés"
El Villazo comenzó a gestarse a inicios de los 70, cuando los jóvenes de la futura Lista Marrón reclamaron elecciones libres en la UOM, mejores condiciones laborales y el fin de la injerencia patronal. Tras meses de huelgas, tomas y paros generales, el 16 de marzo de 1974 se firmó un acuerdo que comprometía a la conducción nacional —encabezada por Lorenzo Miguel— a convocar elecciones en 120 días.
El 20 de marzo de 1975, fuerzas represivas ocuparon la ciudad. “Fue un operativo ejemplificador: cayeron con todo el peso de la represión ilegal sobre el corazón de la resistencia obrera”, señaló la letrada. La investigación judicial evidenció pruebas del rol clave de Acindar, presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, quien dirigía la compañía y poco después dejó la firma para ser ministro de Economía de la dictadura.
De Hoz confeccionó listas de detenidos, permitió el ingreso de grupos de tareas a la fábrica, cedió vehículos y viviendas, pagó sobresueldos a las fuerzas y facilitó el “Albergue de solteros” como centro clandestino. La abogada Giordana reafirmó la indignación y señaló que "el Poder Judicial sigue mostrando que protege al poder económico de los verdaderos responsables del último genocidio argentino". En esa línea, sostuvo que el fallo, ya desde el veredicto, resulta "contradictorio" porque "es un veredicto por mayoría y no unívoco". Los fundamentos serán leídos el día 6 de febrero de 2026, aunque la letrada confirmó que la querella apelará la resolución.
Mariela, hija de Agustín Luna, obrero y delegado de Acindar, aseguró que se encuentra "en shock" y no "tiene palabras" tras el fallo en favor de quienes llevaron adelante delitos inimaginables contra su papá y el resto de los trabajadores que luchaban por sus derechos. "Vivimos en el reino del revés", lanzó, y luego anunció que apelarán para intentar revertir la sentencia.
Tenía tan solo 9 años cuando una patota entró a su casa y se llevó a su padre. Agustín ingresó al gigante metalúrgico en el 70 y recientemente había sido elegido delegado por la Lista Marrón. No fue el único que se llevaron. Aunque les dieron la orden de que no salieran, lo hicieron y junto a su familia vio como en los camiones del ejército subían a varios de los compañeros de su padre: Lezcano, Chávez, Jiménez, Pereira y la lista sigue.
La noche del 20 de marzo de 1975 hubo al menos 150 detenciones y muchas en su barrio, uno de los más organizados. Durante tres meses no supieron nada de él. Hasta que se enteraron de que estaba en una cárcel de Rosario. Una sola vez lo visitó, pero tras el manoseo y las humillaciones de la requisa, su madre decidió no volver a exponerla.
Meses más tarde, Agustín recuperó su libertad, pero nunca pudo regresar a su trabajo. “Estuvo 2 años indocumentado. Eso no le facilitaba conseguir trabajo. Él quedó marcado. Por ende, nosotros también”, relató en declaraciones para este medio. Sus hermanos nunca pudieron ingresar a trabajar en la fábrica de Acindar ni otras empresas más pequeñas vinculadas a la acería fundada por Arturo Acevedo y que desde 2006 pertenece a la multinacional ArcelorMittal.
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