El gobierno de Santa Fe realizó este jueves una subasta pública de 150 lotes de vehículos de origen ilícito en la ciudad de Rosario. Las autoridades explicaron que, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), buscan reintegrar a la comunidad elementos incautados a organizaciones criminales.
La propuesta, que se realizó por quinta vez, atrajo a miles de interesados de todas las jurisdicciones argentinas: un total de 5411 personas de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las cuatro subastas anteriores se recaudaron más de $3589 millones, que permitieron devolver recursos a la comunidad, reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad, informaron medios locales.
El catálogo contó con unidades de diversas gamas, entre las que se encontraban camionetas, vehículos sedán y motocicletas de distintas cilindradas. El lote de mayor valor consistió en una aeronave Cessna 402A con un precio inicial de $ 50 millones.
De cuánto fueron las subastas
Los valores establecidos para las pujas iniciales presentaron una quita cercana al 50% en comparación con las tasaciones habituales del mercado. En este sentido, Santa Fe destacó como el único distrito del país que aplica la Ley de Extinción de Dominio para ejecutar este mecanismo de venta de activos decomisados a la delincuencia.
El proceso de venta exigía condiciones estrictas para los oferentes: los compradores deberían presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) original y abonar un 20% del total al momento del cierre del lote para la seña y la comisión del martillero.
Los pagos que superasen los $100 mil requerirán una transferencia bancaria en un plazo de 48 horas, mientras que el saldo restante debe cancelarse en los diez días hábiles posteriores. Las unidades fueron exhibidas este miércoles y hasta las 13 horas de este jueves.
Quiénes podían participar en la subasta en Santa Fe
Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a la Policía de Investigaciones, estuvo encargada de verificar los antecedentes de cada participante para impedir que integrantes de bandas delictivas recuperen los bienes.
Además, el ministerio les dará nuevas patentes a los vehículos y aplicará un bloqueo de dominio para desvincular los objetos de sus antiguos propietarios involucrados en causas judiciales. Con la venta de estos rodados también buscan solucionar el problema de la depreciación por falta de uso y los elevados costos que demanda su custodia en depósitos oficiales.
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