Una misma grifería de baño puede valer $51.399 para una persona o $40.410 para otra, en el mismo momento, en la misma plataforma, desde la misma ubicación, con igual método de entrega y cantidad de cuotas de pago. Este fenómeno, denominado “precios dinámicos” o “personalizados”, no tienen criterios claros y expresos que definan en qué se basa cada empresa para cobrar un precio distinto según cada comprador
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Al respecto, Mercado Libre explica:“En Mercado Libre no existen precios personalizados según cada usuario. Como ocurre en cualquier comercio, el precio de un producto puede cambiar a lo largo del día por distintos factores, como promociones temporales, disponibilidad de inventario, costos logísticos, distancia o dinámicas competitivas del mercado”.
Y justificaron: “En algunos casos realizamos pruebas de promociones en determinados productos para evaluar su efectividad. En estas pruebas, la promoción se muestra a la mayoría de los usuarios mientras que un pequeño porcentaje queda fuera, lo que permite comparar resultados y entender mejor el impacto de la promoción”.
Cómo funciona el algoritmo que define quién paga más y quién paga menos es un misterio aún. Setton descartó que el criterio de cobro personalizado se limite al poder adquisitivo del usuario, reputación, si se está suscripto a la plataforma, la cantidad de compras realizadas o, incluso, a la lógica tradicional de oferta y demanda. Salvando que “no está mal que se cobre según el perfil del usuario” para disminuir riesgos, no hay políticas de precios transparente para los consumidores.
“Te cobran más caro por quién sos, no por lo que compras. Es la portación de cara digital y las empresas la usan sin que nadie las audite”, tuiteó la diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Marina Salzmann, quien realizó un proyecto de ley para diseñar un “marco legal para la gestión algorítmica del trabajo en plataformas digitales”.
En diálogo con El Destape, la también investigadora del Centro de Estudios Atenea, Salzmann advirtió que detrás de estos mecanismos hay una fuerte asimetría de información entre las empresas y los usuarios: “La cantidad de variables que pueden usar es infinita: cuánto tiempo estás conectado, desde dónde navegás, qué consumís, si estás desesperado por ese producto. Todo eso en un contexto donde vos solo querés resolver una compra”. Y remarcó que, lejos de tratarse de ofertas, “si no está explicitado, no es un beneficio: te están perjudicando como consumidor”.
Ante la diferencia de precio en el mismo producto, Setton se pregunta: “Esa diferencia la pone MELI o el seller (vendedor)?”. Al respecto, Mercado Libre responde: “El precio de cada producto lo define siempre el vendedor. Además, los vendedores cuentan con una herramienta de Precios Dinámicos, que les permite ajustar automáticamente sus precios para ser más competitivos frente a otros vendedores que ofrecen el mismo producto, tanto dentro como fuera de Mercado Libre. Cuando se utiliza esta herramienta, el precio se modifica para todos los usuarios por igual, sin distinción de quién navega en la plataforma”.
La “caja negra” algorítmica
Más allá de las explicaciones conceptuales que da la empresa o algunos expertos, cómo funcionan estos sistemas por dentro es, en gran medida, desconocido. No sólo para los usuarios, sino también para quienes trabajan dentro de las plataformas. “El algoritmo es una gran caja negra, los únicos que saben cómo funciona son las propias empresas”, señaló Salzmann.
Esa opacidad se traduce en una desigualdad concreta: mientras las compañías acumulan y procesan grandes volúmenes de información, quienes usan o trabajan en esas aplicaciones no tienen acceso a los criterios que definen precios, ingresos o condiciones de uso. “Hay una asimetría muy grande entre quien tiene toda esa información y vos, que lo único que necesitás es resolver una compra”, advirtió.
En ese sentido, la diputada planteó que la personalización de precios puede ser discriminatoria, ya que no responde a una lógica transparente de mercado.
La “caja negra algorítmica” no sólo afecta a consumidores, sino también a trabajadores de apps como Uber, Didi, Cabify, Rappi, Pedidos Ya u otros, donde los algoritmos definen la asignación de tareas, los incentivos y los ingresos, muchas veces sin criterios transparentes para quienes dependen de esas plataformas.
“Se viralizó en Twitter un testimonio de una persona que había trabajado en una de estas empresas en la parte de algoritmos. Y dijo que se fue porque había quedado muy impactado con el trato que la empresa le brindaba a sus trabajadores”. Es que la empresa diferenciaba entre “trabajadores desesperados” que trabajaban 12 horas por día y los “golondrina”, a quienes se les pagaba más para “engancharlos y mantenerlos en la app”, lo cual es “indudablemente inconstitucional”.
En redes sociales, las publicaciones de la diputada se llenan de comentarios como “Pero eso pasa también en las verdulerías o carnicerías o súper de barrio... Básicamente en todos lados”. A lo que responde: “El verdulero no le cobra distinto a cada cliente que entra, hay un precio por kilo”. En la arena digital, la diferencia es estructural: mientras en un comercio físico puede haber discrecionalidad o prejuicio individual, las plataformas operan con sistemas que procesan datos masivos y toman decisiones a gran escala. Sin embargo, lejos de ser situaciones comparables, el vendedor no sabe quién entra, prejuzga y se trata de un hecho individual, pero la responsabilidad de grandes empresas que conocen exactamente a cada comprador y empleado es muy diferente. Por eso, el proyecto de ley presentado por Salzmann pone el foco en la gestión algorítmica del trabajo, es decir, en cómo estos sistemas organizan tareas, asignan pedidos y determinan ingresos en tiempo real y a gran escala.
El debate sobre los precios personalizados no es exclusivo de Argentina. En Nueva York, por ejemplo, comenzó a regir en noviembre de 2025 una ley que obliga a las plataformas a advertir cuando utilizan datos personales para definir cuánto paga cada usuario. Desde entonces, aplicaciones como Uber Eats o DoorDash muestran mensajes explícitos antes de finalizar una compra: “Este precio fue establecido por un algoritmo usando tus datos personales”. La normativa —conocida como Algorithmic Pricing Disclosure Act— no prohíbe esta práctica, pero sí busca transparentarla. Aun así, especialistas advierten que, aunque los usuarios ahora saben que sus datos influyen en el precio, los criterios concretos que utilizan las empresas siguen siendo, en gran medida, un misterio.
Uberización del empleo
El impacto de estos sistemas no se limita a lo que paga el consumidor. En redes sociales, trabajadores de plataformas vienen denunciando estas prácticas desde hace años. “Hay días que hago la misma cantidad de pedidos y gano mucho menos. Nadie te explica por qué”, escribió un repartidor en Reddit. “Si trabajas como repartidor, no te dice cuánto te va a pagar. Es ridículo, te manda a hacer un reparto sin decirte cuánto te pagará por hacerlo, y tampoco son transparentes respecto a qué parámetros utilizan en su sistema para establecer el precio por kilómetro recorrido”, escribió otro en la misma plataforma.
Estos sistemas algorítmicos definen qué pedidos o viajes recibe cada repartidor o conductor, cuánto se paga por cada viaje o entrega y cómo se evalúa su desempeño.
“Vos nunca sabés cuánto vas a cobrar al final de la semana o del mes. Tus ingresos dependen de lo que la empresa te quiera pagar”, señaló la legisladora. Frente a este escenario, el proyecto propone introducir criterios de transparencia y control.
Un informe elaborado por la Comisión Encuentro -que analiza el trabajo en plataformas- estimó, por ejemplo, que un repartidor necesitó realizar 460 viajes en un mes para alcanzar el equivalente a una canasta básica total. El dato, más allá de su variabilidad, da cuenta del volumen de trabajo necesario para alcanzar un ingreso mínimo en un esquema donde las reglas no están claras.
La situación se profundiza con el crecimiento de este tipo de trabajo. Según estimaciones del sector relevadas por Chequeado, más de un millón de personas trabajan hoy como repartidores o conductores de aplicaciones en Argentina, aunque no existen estadísticas oficiales precisas. Este incremento está directamente vinculado con la crisis económica y la falta de empleo formal. Desde el sector aseguran que la actividad aumentó “exponencialmente” en los últimos años: solo en 2025, empresas como Rappi y Cabify registraron subas de hasta el 38% en la cantidad de trabajadores activos.
A esto, se suma que distintos estudios advierten que las plataformas no sólo no eliminan desigualdades, sino que pueden profundizarlas. Según un informe elaborado por la Secretaría General Iberoamericana, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, las plataformas de reparto y transporte están fuertemente masculinizadas y tienden a reproducir brechas de ingresos y oportunidades ya existentes en el mercado laboral. En un esquema donde el algoritmo ajusta incentivos de forma desigual —premiando la disponibilidad constante pero también ofreciendo pagos más altos a ciertos perfiles para retenerlos—, esa lógica termina trasladando y profundizando desigualdades en el mundo digital.
Sesgos de la IA
El proyecto de ley de la diputada agrega otra arista clave: el derecho a la “revisión humana significativa”, para que sanciones, bloqueos o cambios en las condiciones no queden librados exclusivamente a procesos automatizados que puedan caer en sesgos propios de la inteligencia artificial.
En paralelo, la iniciativa propone limitar el uso de datos personales a lo estrictamente necesario para la actividad y prohíbe la recolección de información fuera del tiempo de conexión o sobre aspectos sensibles como el estado emocional. El objetivo, según el texto, es evitar que los sistemas reproduzcan o profundicen desigualdades ya existentes en el mundo laboral.
En un escenario donde los algoritmos avanzan más rápido que las regulaciones, el interrogante ya no es sólo cuánto cuesta un producto, sino quién decide ese precio y con qué criterios. Mientras las plataformas acumulan datos y afinan sus sistemas, consumidores y trabajadores quedan del otro lado de una lógica opaca que impacta directamente en sus ingresos y en su capacidad de consumo. La discusión, como advierten especialistas y proyectos en debate, ya no pasa por frenar la tecnología, sino por ponerle reglas claras a un sistema que hoy funciona, en gran medida, sin control.
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