Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción de amparo colectivo para intentar frenar el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa judicial pone el foco en las consecuencias ambientales de la medida y cuestiona la falta de acceso a la información y de participación ciudadana durante el proceso licitatorio.
La presentación fue realizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Según las organizaciones, la venta del 90% de las acciones de la empresa estatal podría afectar la continuidad de obras esenciales vinculadas al acceso al agua potable, la expansión de las redes cloacales y el saneamiento ambiental, además de priorizar criterios de rentabilidad económica por encima del interés público. Desde las entidades explicaron a El Destape que esta acción judicial se diferencia de otras presentadas previamente porque está centrada en el impacto ambiental de la privatización y en el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en cuestiones ambientales.
También sostuvieron que el Gobierno avanzó con la licitación sin realizar estudios sobre las consecuencias sociales y ambientales de la privatización ni una auditoría que detalle las obras pendientes, los riesgos sanitarios y los pasivos ambientales que podrían quedar sin resolver. Además, cuestionaron que la información técnica sobre el proceso solo esté disponible mediante un "Data Room" de acceso restringido para los potenciales oferentes, lo que, a su criterio, contradice la legislación sobre acceso a la información pública ambiental. A eso se suma la ausencia de una audiencia pública que permita a la ciudadanía expresar su posición sobre el futuro del servicio de agua potable.
La preocupación por las obras del Sistema Riachuelo
Uno de los principales argumentos del amparo es el rol que cumple AySA en las obras del Sistema Riachuelo, considerado uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más importantes del país. Las organizaciones adviertieron que esas intervenciones resultan fundamentales para disminuir la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento, y mejorar las condiciones de vida de más de 4,7 millones de personas.
En ese marco, también recordaron que el histórico fallo "Mendoza", dictado por la Corte Suprema en 2008, obligó al Estado a implementar un plan integral para recuperar la cuenca. Sin embargo, sostuvieron que gran parte de esos objetivos aún no fueron cumplidos y que el cierre del expediente dispuesto por el máximo tribunal en octubre de 2024 dejó pendientes numerosas tareas vinculadas al saneamiento y la salud pública. Entre ellas, mencionaron la remediación de la contaminación industrial, la erradicación de basurales, la limpieza de las márgenes del río, la ampliación de las redes de agua potable y cloacas, el desarrollo de obras pluviales y la implementación de un plan sanitario de emergencia.
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