Después de una ronda de consultas y de recibir avales técnicos de organismos internacionales y locales, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires va a modificar el vademécum de las profesionales en obstetricia para incluir no sólo una batería más amplia de medicamentos que pueden prescribir en el proceso de embarazo, parto y puerperio sino también para acompañar de manera integral las decisiones anticonceptivas y las interrupciones voluntarias del embarazo.
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“Es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo y la verdad es que no estábamos tan seguras de que iba a salir en este contexto” -dice Majo Tirao abarcando en esa última palabra tanto la asfixia presupuestaria que condiciona a la provincia como el cierre de programas fundamentales como el Remediar que complica tanto la atención de la salud. Majo es licenciada en Obstetricia, aunque también le gusta reconocerse partera para poner en valor una tarea que aún avalada por la carrera universitaria implica un rol ancestral de cuidado de otras mujeres, de otras personas con capacidad de gestar.
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“Este vademécum es importante por muchas razones: por un lado para respaldar, entrenar y capacitar un recurso humano cuyas incumbencias han cambiado al ritmo de las transformaciones sociales -dice Carlota Ramírez, directora de Equidad de Género del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires-; por otro, es necesario para terminar de entender el aborto como un derecho conquistado y autogestivo hasta el primer trimestre de embarazo. En ese periodo que marca la ley 27.610, nuestro rol como profesionales de la salud es brindar acompañamiento para una práctica de salud segura”.
Las licenciadas en Obstetricia -y los licenciados, aunque son muchos menos- son profesionales de la medicina que tienen la particularidad de acompañar más la salud que la enfermedad. Son las que cuidan el proceso fisiológico del parto, nacimiento y puerperio, las decisiones que toman las mujeres y personas con capacidad de gestar en ese tránsito; también protegen su autonomía a la hora de decidir sobre su salud reproductiva y no reproductiva. Suelen estar presentes en la atención primaria de la salud y detectan cuándo es necesaria la intervención de un médico o médica. El nuevo vademécum les ofrece autonomía para su tarea y descomprime la demanda de otros profesionales que trabajan cuando hay riesgo.
Por eso llama la atención la oposición del Colegio de Obstétricas de la provincia a que se otorgue esta herramienta. “Nosotras estamos muchas veces en barrios populares, en zonas alejadas o rurales. A veces el equipo para la Atención Primaria de la Salud de nuestra área está integrado por una licenciada en obstetricia y una trabajadora social o una psicóloga. Podemos desde controlar un embarazo hasta acompañar una interrupción, pero sin este vademécum deberíamos decirle a esa persona que busque un médico para que le prescriba algo tan seguro como el misoprostol. No podemos ofrecer una asesoría completa”, agrega Tirao, también integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
“Estamos dando un paso más en la desclandestinización del aborto”, suma Carlota Ramírez, para explicar la decisión sobre el nuevo vademécum que podría parecer técnica, pero que tiene consecuencias concretas para el acceso a un derecho. Los efectos de esta medida están lejos de los escritorios y cerca de quienes demandan servicios de salud.
En algunos municipios, como en San Miguel, por ejemplo, donde la objeción de conciencia prácticamente anula la disponibilidad de médicos o médicas dispuestos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que las obstétricas no puedan prescribir la medicación adecuada y acompañar la práctica del aborto se traduce en demoras, obstáculos y hasta la imposibilidad de acceder a un aborto legal.
Sin embargo, la discusión excede al aborto. También involucra la reorganización de los servicios de salud, el reconocimiento de las transformaciones que atravesó la salud sexual y reproductiva en las últimas décadas y el fortalecimiento de un recurso humano estratégico para el sistema sanitario. El vademécum, además, amplía los recursos para atender emergencias obstétricas, retrasar partos prematuros y tratar cuadros de hipertensión frecuentes durante el embarazo. Mendoza, Jujuy, Neuquén y San Luis también han modificado el vademécum obstétrico en este sentido.
La modificación fue respaldada por un dictamen de la Asesoría General de Gobierno bonaerense, una opinión técnica elaborada con participación de especialistas del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y de la Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina (REDAAS), además de una carta de apoyo del Consejo Asesor de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud. La Asesoría ratificó que el Ministerio de Salud, a cargo de Nicolás Kreplak, tiene facultades para aprobar el vademécum obstétrico y recordó que corresponde al Estado provincial ejercer la rectoría sanitaria y organizar las prestaciones de salud.
La opinión técnica elaborada para el Ministerio sostiene que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la Confederación Internacional de Matronas (ICM) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) reconocen que las obstétricas pueden cubrir una parte sustancial de las necesidades esenciales de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente cuando cuentan con formación adecuada, respaldo normativo y condiciones institucionales apropiadas; eso es lo que está ofreciendo el ministerio de Salud con esta herramienta.
La discusión sobre las incumbencias profesionales no es nueva. Las licenciadas y licenciados en obstetricia vienen reclamando desde hace años que se reconozcan plenamente funciones que ya desarrollan en la práctica cotidiana. Son quienes sostienen gran parte de los consultorios de salud sexual, realizan consejerías, acompañan embarazos, colocan métodos anticonceptivos, participan en equipos de interrupción del embarazo y realizan el seguimiento posterior.
“Nosotras trabajamos un montón en salud sexual integral, no solamente en aborto, también en métodos anticonceptivos. Y lo que nos pasa en la práctica es que vemos reducida nuestra posibilidad de hacer una asesoría de calidad y completa porque, al momento de tener que entregar la medicación, no podemos recetarla. Esa es la situación hasta este momento”, explica Majo Tirao que integra equipos de atención de interrupciones de embarazo desde hace más de quince años.
La actualización del vademécum también fue respaldada por el Consejo Asesor de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, un espacio de articulación creado por la DPEG que reúne a organizaciones feministas, sociedades científicas, especialistas, equipos académicos y organismos de derechos humanos para acompañar el diseño y monitoreo de políticas públicas en salud sexual y reproductiva. Entre sus integrantes se encuentran referentes de CEDES, REDAAS, Amnistía Internacional Argentina, Socorristas en Red, la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción y sociedades científicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva.
En la declaración difundida para respaldar la medida, el Consejo sostuvo que el nuevo vademécum fortalece la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, jerarquiza el ejercicio profesional de la obstetricia y brinda mayor seguridad jurídica a profesionales, equipos e instituciones. También destacó que la actualización responde a las demandas actuales de salud sexual y reproductiva y permite adecuar la organización de los servicios a los cambios demográficos y sanitarios de los últimos años.
La decisión se inscribe además en una trayectoria institucional. Desde 2019, la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud viene desarrollando políticas destinadas a fortalecer el acceso a derechos sexuales y reproductivos en el sistema sanitario bonaerense. Durante la pandemia de COVID-19, el área tuvo un rol central en la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, construyendo circuitos de atención, capacitando equipos y ampliando la capacidad de respuesta de los efectores públicos en uno de los momentos más críticos para el sistema de salud.
“Este no es un vademécum abortero, como se dice para descalificar. Es un vademécum que garantiza el derecho de las personas a decidir sobre su salud sexual y reproductiva y que, al mismo tiempo, otorga mayor autonomía a las licenciadas y licenciados en obstetricia para desarrollar tareas que ya vienen haciendo, como indicar anticonceptivos o antibióticos”, sostiene Ramírez.
En el fondo, la discusión no es sólo quién firma una receta. Es cómo organizar los servicios de salud para responder a las necesidades del presente. En un contexto de caída de la natalidad, transformación de la demanda sanitaria y crisis de recursos humanos, la Provincia apuesta por ampliar la autonomía de profesionales que ya sostienen buena parte de la atención en salud sexual y reproductiva.
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