La violencia de género es una problemática transversal a los sectores sociales, edades y geografías. Pero resulta mucho más difícil salir de una situación de violencia cuando no hay trabajo, sin un techo y con niñes que alimentar. La autonomía económica es el centro de una cuestión que lleva mucho años. La violencia es desigualdad.
n 6 de cada 10 hogares de barrios populares las que están a cargo son mujeres y en los hogares monoparentales ese número asciende a 9 de cada 10. Nos referimos a villas y asentamientos de todo el país donde viven más de 4 millones de personas. Apenas el 31% de las mujeres que viven en barrios populares tiene un trabajo con ingreso, mientras que el 73% de los varones se encuentran en esta condición. La brecha aumenta respecto a la del resto del país.
En la ciudad de Buenos Aires los hogares más pobres, es decir el 20% con menores ingresos, tiene en su mayoría jefatura femenina. Según la estadística de uso del tiempo (2016) las mujeres de los barrios más humildes del sur trabajan más de 7 horas al día en las tareas de cuidado no remuneradas, mientras que en los de mayores recursos las mujeres dedican 3 horas diarias, el doble que sus pares varones. Este trabajo que “requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres cuyo tiempo, cuya vida se gasta en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar los hijos, etc.” argumentaba Evita (1951) para proponer un salario.
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Por su parte, la situación de la población travesti y trans es crítica. El 70% vive en una situación de vulnerabilidad habitacional según el Ministerio Público de la Defensa de la ciudad. El 4% se encuentra en situación de calle.
El acceso a la justicia, la posibilidad de realizar una denuncia o simplemente dejar de compartir un techo con el agresor pueden ser un camino con muchos más obstáculos que beneficios para las mujeres, gays, lesbianas, travestis, trans y no binaries que no cuentan con recursos materiales. El caso de Tehuel, que salió hace 2 meses a buscar laburo y todavía está desaparecido, da cuenta de la realidad de muches pibes y pibas trans que necesitan trabajo y se exponen a situaciones de riesgo.
Durante el contexto de pandemia los femicidios y travesticidios no dejaron de suceder, la violencia en el ámbito doméstico tampoco, con el agravante de encontrarnos en aislamiento. Los femicidios aumentaron un 19% con respecto a 2019. Los llamados diarios a la línea 144 también se incrementaron un 20% durante el 2020. La crisis sanitaria y el aumento de la pobreza recrudecen las condiciones en las que ocurre la violencia, refuerza las desigualdades y aumenta la vulnerabilidad de las personas según su género.
No solo la violencia económica es la menos nombrada e identificada, sino que faltan más políticas de género que se proyecten en esa dirección, es decir interviniendo no solo en la asistencia sobre la urgencia, sino trabajando en respuestas materiales, habitacionales y laborales, con el objetivo fundamental de la autonomía económica. Ejemplos muy positivos de estas políticas son la moratoria previsional que favoreció especialmente a mujeres sin aportes jubilatorios suficientes, y la Asignación Universal por Hijx que igualó las asignaciones para la población que está fuera del mercado laboral formal. El ingreso familiar de emergencia tuvo como principales destinatarias a mujeres, porque son las más afectadas por la desocupación y la precariedad laboral. Impulsar una política de salario universal podría ir en este mismo sentido.
Estamos en un contexto difícil pero logramos derechos fundamentales como la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, la Ley Micaela, el Ministerio de Mujeres, Géneros y diversidades de nación, de la provincia de Buenos y recientemente Santa Fe. El movimiento feminista está en la agenda pública y plantea nuevos desafíos constantemente.
El reclamo de reforma feminista de la justicia es cada vez más fuerte y nos exige avanzar en la democratización de un poder corporativo y patriarcal. Necesitamos de la territorialización de la atención con sistemas unificados de valorización y predicción de riesgo, el patrocinio gratuito para todas las personas que lo necesiten y políticas activas de reparación para víctimas y familiares directos. Para construir Ni Una Menos las políticas públicas son fundamentales pero también necesitamos la más amplia participación popular, con mujeres, lesbianas, travestis y trans organizadas en todos los ámbitos.
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