Avanza un juicio de lesa humanidad por secuestros y tortura contra niños y niñas

Ángela Urondo podría ser una guerrera vikinga. La espalda ancha, la trenza rubia y larga, la piel blanca y tatuada, pero sobre todo es la forma en que mira al mundo como si lo desafiara, sonriendo, sí, pero como si tuviera una carta en más en la manga por si la necesitara. Se reconoce “nerd de los juicios de lesa (humanidad)” y lo cierto es que no le quedó más que aprender a insistir, a resistir el desánimo, a trabajar la paciencia. Porque la justicia a veces es tan lenta que no parece Justicia. 

El último miércoles, Angelita, como le dicen sus amigues, la hija del poeta Paco Urondo que fue asesinado en la ciudad de Mendoza mientras cubría la huida de su compañera, Alicia Raboy, la hija de ambos y otra compañera más, René “la Turca” Ahualli, consiguió otro logro que no esperaba en este fin de año: la imputación de 17 ex militares y ex policías mendocinos por crímenes de lesa humanidad cometidos contra casi 60 niños, niñas y adolescentes que ahora como adultos están querellando en la causa por impulso de Ángela y decisión colectiva. 

Los delitos que se imputan son aberrantes y muchos han sido pasados por alto como "hechos colaterales" a los que sufrieron los adultos, madres y padres como secuestros, torturas y desaparición. Pero contra niños, niñas y adolescentes se cometieron violencias diferenciadas: a un adolescente le pusieron un arma en la boca, a una niña de cinco un arma en la sien para obligarla a buscar unas llaves; otros y otras fueron abandonados en la calle o en casas destrozadas, también fueron llevados y mantenidos en cautiverio en campos de concentración. Son sólo ejemplos, desglosar las historias resulta apabullante pero trae la constatación de por qué se habla de genocidio cuando se trata de los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina.

“Sé que estuve en el D-2 y sé que estuve en la Casa Cuna porque los recuerdo. Cumplí un año estando ahí. Siempre tuve sueños recurrentes y de grande me di cuenta que podían responder a estos lugares. Había como un jardín de infantes, como edificios con pabellones que se continuaban, habitaciones oscuras con niños, mirillas que se abrían en las puertas o ventanas angostas... Cuando me di cuenta, fui a Mendoza a buscar los lugares y los encontré”, cuenta. Angelita estuvo al menos 20 días secuestrada entre el Departamento de Inteligencia mendocino que funcionaba como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) y la Casa Cuna, donde su abuela pudo rescatarla. 

Aquel encuentro duraría poco: Ángela fue criada por familiares de su mamá que como condición para tenerla cambiaron su identidad e hicieron una adopción completa. Tenía más de 20 años cuando descubrió que su papá era poeta y que su voz podía escucharse en casettes, que su mamá se llamaba Alicia Raboy y que los dos están todavía desaparecidos. También supo que tenía dos hermanos, Claudia, la mayor, también desaparecida durante la dictadura y Javier, a quien pudo abrazar y reconstruir algo de la familia diezmada. Recién en 2012, cuando tenía 36 años, Ángela Urondo Raboy pudo tener un documento con su nombre completo, inscribirse en la genealogía de sus padres, recibir algo de reparación. Fue después del primer juicio de lesa humanidad del que fue querellante -por el secuestro, asesinato y desaparición de su mamá y su papá- en el que fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Smaha Borzuk, el ex subcomisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno, por su parte, recibió 12 años de prisión.

La noticia de estas imputaciones -el pedido de la fiscalía había sido realizado en mayo contra 24 acusados aunque algunos de ellos fallecieron- llegó el mismo día en que se conmemora la declaración internacional de los Derechos Humanos que coincide con los dos años de gobierno de Javier Milei. Es una fecha marcada en la democracia recuperada en 1983 que ahora se tornó sombría en tantos sentidos, también por el negacionismo del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad. “Esperábamos la respuesta del Tribunal desde hace varios meses y teníamos la expectativa de que fuera antes de fin de año. Pero no deja de sacudirlo todo", dice Angelita.

Junto a su abogado Alfredo Guevara, también llevó a juicio a jueces mendocinos que encubrieron a los genocidas y ahora, se enfrenta a un nuevo proceso. ¿No te agobia volver a pasar por hechos tan dolorosos, volver a testimoniar? Es la pregunta que surge, a sabiendas de lo engorrosos que pueden ser esos juicios que se han tornado frustrantes en el último tiempo, como pasó en noviembre de este año en el caso de los obreros desaparecidos en Villa Constitución donde todos los acusados fueron absueltos.

Angelita se ríe antes de contestar, tal vez una manera de acomodar la incomodidad: “No es agobio, pero ordenar el testimonio, remover los recuerdos, revelar su sentido, el vértigo emocional, los fantasmas que se despiertan. Pero también, este es un juicio que es necesario, para mí y para todos. Es una reivindicación de lo que vivimos, nombra lo que fue silenciado, revela, devuelve entidad a las nenas que fuimos. A las que estamos y las muchas que no sobrevivieron. Me da mucho orgullo, emoción y responsabilidad. Con vértigo, pero con mucha fuerza”.

Entre los acusados se encuentran los exmiembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Carlos Plácido Escobar Zurita, Carlos Plácido Escobar Zurita, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, José Esteban Roccato Villegas, José Lellis Sosa Córdoba, Omar Pedro Venturino Amaker, Miguel Ángel Salinas y Abelardo Santiago Garay Mauceri.

También fueron imputados Hugo Luis Zalazar Campos, del Destacamento de Inteligencia N°144 del Ejército Argentino y Juan Carlos Alberto Santamaría Blasón, Alberto Raganato Leo y Néstor Nivaldo Carmona Barroso, pertenecientes a la IV Brigada Aérea. Gran parte de ellos fueron ya juzgados y/o condenados en otros juicios de lesa humanidad, en procesos en los que fueron detenidos, asesinados o desaparecidos los padres y/o madres de las actuales víctimas.