Un hombre no pudo impedir que su ex se haga un aborto legal y ahora irá a la Justicia

El abogado que representa a la mujer que no podía realizarse la IVE aseguró que ella se practicó el aborto antes de la orden judicial. Ahora el esposo busca a quién endilgarle el “daño que le causaron”.  

08 de mayo, 2021 | 12.34

“Es evidente que hubo un daño muy grande porque mi cliente tenía el derecho de paternidad que no se cumplió”, aseveró el abogado del hombre que intentó evitar que su ex pareja se realice un aborto legal en la provincia de San Juan. El letrado presentó un nuevo escrito ante la Justicia solicitando un informe completo de los hechos. En este pedido, insta a la madre a realizarse estudios médicos para demostrar si realmente conserva el embarazo o si ya lo interrumpió.

Con este pedido de informe también se le solicita a Salud Pública de San Juan y el Hospital de Pocito, donde en teoría se concretó la práctica, respondan sobre todos los detalles. El único informe que se labró desde la medida cautelar fue remitida, desde el nosocomio sureño donde sólo figura la atención médica en ese hospital a la mujer, firmado por una doctora que le recetó el “Misoprostol, medicamento autorizado para esta práctica.

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Sin embargo, los representantes legales del esposo insisten con que el informe solicitaba a la mujer un control al término de 10 días, que nunca se llevó a cabo. “No sabemos a ciencia cierta si ella llevó a cabo la práctica consumiendo ese medicamento”, dijo el abogado.

En ese contexto, explicó que el accionar de la Justicia fue "liviano", teniendo en cuenta la envergadura de la causa. “Nosotros entendemos que se ha obrado de manera apresurada en considerar abstracta la medida y la demanda principal sin tener constancia fehaciente de que el aborto se ha practicado realmente. Había una orden judicial que le impedía llevar a cabo prácticas abortivas, a partir del 1 de mayo. Entonces tenemos que entender cómo se ha realizado esas prácticas y cuándo lo hizo. Estamos hablando de una vida humana”, enfatizó uno de los dos defensores del hombre demandante, Martín Zuleta.

La semana pasada, el abogado del esposo de la mujer que se practicó la interrupción voluntaria del embarazo, había presentado la “pretensión de fondo”, que es una medida que consiste en la intención de salvaguardar a la "persona no nacida". Sin embargo, esa solicitud no surtió efecto y terminó en “abstracto”. Ese mismo día, el abogado de la mujer confirmó que ella ya se había practicado el aborto antes de la medida cautelar, mediante un escrito presentando ante la Justicia.

Por ese motivo, la audiencia que estaba prevista para el miércoles no se concretó. No hubo mediación alguna. La mujer hizo valer su derecho antes de que la Cámara Civil de la provincia de San Juan emitiera la medida cautelar para que frenara la interrupción legal del embarazo, aprobada por el Congreso nacional desde diciembre de 2020. 

“Queríamos que se respeten los derechos del progenitor derivados de la responsabilidad parental y, además, pedir la inconstitucionalidad de la IVE”, dijo el letrado Martín Zuleta. El pedido debía ser analizado por el Primer Juzgado Civil, pero quedaba supeditado al hecho de que se compruebe si la mujer interrumpió su embarazo o no. Ahora ese Juzgado deberá definir cuáles son los pasos a seguir y si la mujer tiene que realizarse el chequeo médico para demostrar su estado.

Una vez que se confirme de manera legal cómo fue la práctica del aborto y qué día se produjo; pueden devenir nuevas medidas para adoptar. Al haberse enterado por los medios de la práctica del aborto, los abogados de la ex pareja de la mujer no tiene confirmación oficial al respecto del procedimiento, ya que cuando lo solicitó, el juzgado de Amanda Días (la jueza que fue recusada, que había rechazado la medida solicitada por la parte interesada) respondió que el aborto no se había realizado por medio de la obra social ni en la parte pública.

La mujer presentó un escrito ante la Sala Civil para comunicar que ella se había realizado el aborto el día 21 de abril con atención en el Hospital de Pocito, días antes de la resolución de la Cámara que la obligaba a desistir hasta que todo estuviera resuelto. Según había manifestado el abogado de la señora, Reinaldo Bidini, lo había hecho a través de una pastilla autorizada en la ley de IVE.

De comprobarse que el aborto se tomó después de la queja formal que el presentó ante la jueza Marianela López, la primera que se declaró incompetente, podría haber reprendas ante la Justicia. “Hay que ser cautelosos en este tema y analizar muy bien la situación. No necesariamente accionaremos contra el Estado sanjuanino. Queremos saber con exactitud cada uno de los hechos”, manifestó el abogado y agregó: “Necesitamos que se determine judicialmente todo esto para cerrar este asunto, como merece la dignidad de una persona por nacer”.

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