La muerte de Fernanda Daniela Arias, una mujer trans de 34 años detenida en una comisaría del interior de Salta, se suma como otro caso de una nutrida lista de hechos de violencia institucional y detenciones arbitrarias en la provincia. El caso ocurrió el pasado 26 de noviembre, cuando Fernanda fue arrestada en Rosario de Lerma, a pocos kilómetros de la capital, y trasladada a la Comisaría N° 2 de esa ciudad. Tres horas después, la Policía provincial informó a su familia que había aparecido muerta en la celda.
Según la versión oficial, Fernanda se habría ahorcado con su remera. Sin embargo, su familia rechaza esa hipótesis. Aunque la causa fue caratulada como suicidio y la autopsia determinó que falleció por asfixia, su hermana Gladys Arias y su abogado Álvaro Camacho aguardan el resultado de las pericias de ADN para confirmar o descartar la presencia de terceros, lo que podría habilitar la hipótesis de un homicidio.
“Si una persona privada de su libertad, sin ninguna herramienta de defensa, está en una cárcel o comisaría y le pasa algo, es responsabilidad estatal independientemente de las circunstancias concretas. Porque está bajo custodia: esto es doctrina y jurisprudencia internacional”, afirmó a El Destape María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). La abogada advirtió que, según la base de datos de la organización, la modalidad de muertes “bajo custodia” ya supera los 500 casos a nivel nacional, por encima del promedio de los últimos diez años, y que desde la asunción de Javier Milei se registraron más de 1.000 muertes bajo las fuerzas policiales, una cifra que calificó como alarmante.
En paralelo, organizaciones sociales y colectivos de abogados vienen denunciando un crecimiento sostenido de la violencia institucional en Salta, particularmente a partir de políticas de seguridad impulsadas por el gobierno provincial. “Si bien el punitivismo policial siempre estuvo presente en las calles de Salta, en los últimos dos años creció de manera notoria. El incremento permite interpretarlo como una política de Estado y no como hechos aislados, como se intentaba presentar en años anteriores”, sostuvo Camacho, integrante del colectivo de Asistencia Legal, Formación y Alfabetización Jurídica (ALFA), a El Destape.
Uno de los puntos señalados es el Operativo Trapito, lanzado a comienzos de 2025 por la gestión de Gustavo Sáenz, que habilita la detención inmediata de personas que circulan o habitan el espacio público. Según un informe de ALFA, las detenciones arbitrarias superaron las 1.500 en los últimos dos años, cuando anteriormente no excedían las 500 en el mismo período.
“El número de detenidos se transformó en propaganda política, favorecida por una licencia social basada en el odio al pobre y en la idea de borrar a estas personas del centro urbano”, explicó Camacho. Además, denunció que las condiciones de detención incluyen golpes, vejaciones y prácticas degradantes, como la prohibición de ir al baño, lo que obliga a las personas detenidas a orinar o defecar con la ropa puesta.
En ese mismo sentido, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, impulsó un proyecto de reforma para endurecer las sanciones contra los denominados “trapitos”, proponiendo que dejen de ser multas económicas para convertirse en penas de prisión efectiva.
Ante el aumento de los casos, días atrás se presentó la primera Red de Lucha contra la Violencia Institucional en la capital salteña. Camacho detalló que el 40% de las denuncias termina archivada por falta de datos: “Las personas detenidas no pueden identificar a los oficiales porque nunca brindan información, y muchas veces no concurren a las citaciones judiciales por miedo a represalias”.
En ese contexto, la organización ALFA presentó un habeas corpus colectivo en la ciudad de Salta por las detenciones arbitrarias. La medida se suma a una acción similar impulsada un año atrás por el Comité para la Prevención de la Tortura, que había intervenido en comisarías del interior debido al hacinamiento y las condiciones de detención. “Había tratativas con el Gobierno provincial para levantar la medida, pero exigían la presentación de un plan de trabajo para mejorar las condiciones”, ironizó Camacho, quien recordó que Fernanda Arias murió bajo custodia policial.
La familia de la joven trans también denuncia que se trató de un crimen de odio. Señalan que durante su detención fue tratada en masculino, vulnerando su derecho a la identidad de género, y que nunca debió haber sido alojada en una celda, ya que ante contravenciones las personas trans y mujeres deben ser liberadas de inmediato. “El operativo de la Policía provincial afecta de manera directa a los sectores más excluidos, entre ellos al colectivo LGBT”, concluyó Camacho, abogado de la familia.
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