Tras el violento desalojo ejecutado por el Gobierno de Salta contra la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, en Cachi, el Poder Judicial ordenó la restitución de sus tierras. La comunidad sostiene que la decisión se dio tras el repudio social al operativo y acusa al gobernador Gustavo Sáenz de respaldar iniciativas como el denominado Súper RIGI, que facilitarían el avance de proyectos extractivos sobre territorios ignorando la posesión de territorios ancestrales contemplados en la Constitución Nacional.
Sin ahorrar críticas al gobernador Gustavo Sáenz, el referente de la comunidad diaguita calchaquí, Ulises Yanes expresó a El Destape: “El gobernador acompaña todas las iniciativas del presidente Milei, como la Ley Bases y el RIGI, que van en contra del derecho indígena, avasallan nuestras tierras y nos dejan sin recursos, en ese sentido no somos ingenuos ya que cerca de los territorios, ya hay cateos de empresas”.
Cabe recordar que el pasado 24 de junio, cuando la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Súper Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), todos los legisladores salteños votaron a favor de la media sanción impulsada por el oficialismo cuando obtuvo media sanción.
El conflicto continúa
A pesar de la restitución de las tierras, el conflicto judicial continúa abierto. Las comunidades presentaron un jury de enjuiciamiento contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes y avanzan con acciones contra el gobierno provincial para que se reconozca su posesión territorial.
Yanes aseguró que el desalojo se realizó pese a irregularidades en el procedimiento. Según explicó, el juez de Paz se encontraba de licencia y la orden fue ejecutada por la Policía, lo que evidencia la intención de avanzar con la medida sin contemplar sus consecuencias.
También cuestionó el accionar de la Justicia y consideró que Diez Barrantes: “Quedó expuesta con sus acciones, pero también queda expuesto el gobierno provincial, con el gobernador, porque está a las claras que no está haciendo efectivo un plan de trabajo y acompañamiento de los derechos de los pueblos indígenas”.
“Nosotros le decimos que no puede ignorar el derecho internacional y constitucional, nosotros vamos a resistir para que no se vulneren los derechos indígenas y vamos a cuidar nuestras tierras hasta las últimas consecuencias”, agregó.
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Un desalojo ilegal
La abogada de la comunidad, Verónica Huber, especificó más detalles sobre la causa. “Se dio marcha atrás porque la jueza cometió un error gravísimo la sentencia ordenaba desalojar 4 hectáreas y el del desalojo se realizó en 60 personas: 18 niños 4 adultos mayores de 70 discapacidad y una persona con medicación crónica que en el desalojo no pudo acceder a su medicación”, destacó a este mismo medio.
Para la letrada el motivo del retroceso se dio por la difusión de las irregularidades en el desalojo. De esta manera, Huber especificó de manera contundente. “Vamos a pedir que la jueza de explicaciones, por el desalojo ilegal. Firmó una orden que no se corresponde con la sentencia dictada en el expediente”, exclamó la diputada.
Si bien las familias celebran este primer paso fundamental en la defensa de su territorio ancestral, Huber confirmó que el equipo jurídico ya planifica acciones de fondo para que se reconozca el relevamiento territorial posterior a la sentencia y así otorgar la posesión definitiva a la comunidad.
La abogada anticipó que iniciarán demandas por daños y perjuicios de gravedad extrema, debido al daño físico y psicológico irreparable infligido a los niños y ancianos que fueron sometidos a la intemperie invernal.
Una disputa territorial de años
El conflicto en Las Pailas tiene su origen en una disputa territorial de larga data vinculada a la titularidad de las tierras de la zona de Cachi, Salta. En ese marco, se abrió un expediente judicial iniciado hace más de una década por los propietarios registrales, mientras la comunidad diaguita calchaquí sostiene su presencia ancestral en el territorio.
Uno de los antecedentes más relevantes se produjo en 2010, cuando un operativo judicial con intervención policial ejecutó un desalojo en el territorio de la comunidad, en el marco del avance del expediente por la propiedad de las tierras, lo que generó un fuerte impacto en las familias afectadas.
En 2014 el conflicto volvió a escalar a partir de nuevas actuaciones judiciales y un aumento de la tensión entre las partes, aunque sin concretarse un desalojo en los mismos términos. Finalmente, en 2026 la Justicia provincial ordenó un nuevo desalojo en el paraje San Gabriel, que afectó a familias vinculadas a la comunidad y reactivó la disputa territorial, generando nuevas denuncias y cuestionamientos por parte de organizaciones indígenas y sociales.
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