Durante el fin de semana, el gobierno de Javier Milei presentó en el Senado de la Nación el proyecto de la nueva Ley de Salud Mental, el cual fue rechazado por las autoridades sanitarias de todas las provincias del país. En ese sentido, los distintos ministros advirtieron el aumento de la demanda, el desfinanciamiento nacional y el riesgo de retrocesos en derechos; y este lunes volverán a reunirse en el Consejo Federal de Salud (COFESA).
La semana pasada, y en el marco del Congreso Provincial de Salud de la provincia de Buenos Aires (CoSaPro), se reunieron más de 15.000 participantes ya que se llevó a cabo el 3° Encuentro Federal de Salud Mental. En relación con el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental las autoridades expresaron un “enérgico rechazo”. Advirtieron que la iniciativa “implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”.
Además remarcaron que “ninguna de las provincias fue consultada en el proceso de elaboración del proyecto”, lo que constituye una “vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario” y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental.
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En este sentido, se planteó la urgente necesidad de “reactivar el COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones)” como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas, cuya convocatoria ha sido reiteradamente solicitada por las autoridades sanitarias provinciales.
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Con el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak a la cabeza y las autoridades sanitarias de 18 provincias, señalaron que la situación actual “no ha mejorado”, sino que “ha empeorado”, lo que refleja “una mayor presión sobre el sistema público de salud”, en un escenario de fuerte desfinanciamiento por parte del Estado nacional. En ese marco, también se expresó una “profunda preocupación por la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención”.
El encuentro se desarrolló en un contexto de emergencia en salud mental, caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Durante la jornada se analizaron los datos correspondientes a 2025 del informe federal, que evidencian “un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria”.
Asimismo, se destacó la necesidad de analizar la situación de la salud mental en relación con el contexto social actual, atravesado por el ajuste económico y el incremento de las desigualdades, factores que impactan directamente en los padecimientos de la población.
Participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.
El acuerdo en PBA
En paralelo, en la asamblea del CoSaPro, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires acordaron una serie de lineamientos comunes para abordar la salud mental en sus territorios, fortaleciendo la integración con las políticas provinciales y promoviendo una respuesta articulada frente al incremento de la demanda.
Del mismo modo, manifestaron el acompañamiento a los “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires” que buscan organizar para la etapa actual las políticas municipales y su integración con las provinciales en el marco de una altísima incidencia de padecimientos en la esfera de la salud mental.
Las autoridades reafirmaron el compromiso de sostener y fortalecer los espacios de articulación federal y provincial, y advirtieron que cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual en salud mental.
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