Dice Italo Calvino que “el infierno de los vivos no es algo que será” sino que “existe, ya está aquí” y lo “habitamos todos los días”. Y advierte: “Dos maneras hay de no sufrirlo: La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio”. Es un consejo que le cabe a Alberto Fernández, enredado en una madeja de crisis de las que no es el primer responsable pero que tampoco supo resolver.
Tiene dos caminos por delante: volverse parte de la crisis y aceptarla, hasta no verla más, o reconocer quién y qué, en el medio de esta crisis, no es crisis, y hacerlo durar y darle espacio. Atención: hacer durar no es lo mismo que postergar. El final de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional agotó, a su vez, otro recurso que el presidente administra con desprendimiento: el tiempo. Hasta ahora, postergó el reencuentro con Cristina Fernández de Kirchner. No es algo que pueda demorarse hasta el infinito. Aunque ya no haya paciencia entre ambos, su destino está atado.
Como el infierno de los vivos del que hablaba Calvino, el 2023 no es algo que será sino que ya está aquí y lo habitamos todos los días. Las carencias de hoy se cobrarán en las urnas a menos que exista una reacción decidida y con resultados, la clase de empresas políticas que requieren cierto nivel de cooperación entre socios que no se ve en el Frente de Todos desde las primarias en septiembre del año pasado por lo menos. El estado de las cosas es incompatible con las aspiraciones a una reelección de Fernández pero también un obstáculo formidable para cualquier otro candidato surgido del peronismo.
Tal es el reclamo, fundado, que le hacen al presidente sus aliados. No solamente desde el kirchnerismo; los gobernadores le transmiten la misma urgencia a Juan Manzur y los intendentes bonaerenses a los ministros del gabinete que hacen la interlocución con la Casa Rosada. La situación social, sometida a la presión de la suba escarpada del precio de los alimentos, ofrece señales claras de agotamiento. Los populosos acampes de las organizaciones sociales en la 9 de julio, los más grandes en años, son un síntoma. Hay otros. Sin un equilibrio social, cualquier equilibrio económico es inestable.
Esta semana la Encuesta Permanente de Hogares le puso número al fenómeno de esta época: uno de cada tres trabajadores ocupados no alcanza a acceder a la canasta básica. A los 18 millones de personas pobres (universo conformado por una enorme mayoría de mujeres, jóvenes y niños) que habitan la Argentina hay que sumarle otros tantos que viven colgados de un pincel. Personas que estadísticamente son clase media pero están desamparadas ante cualquier imprevisto, la avería de un auto o de un electrodoméstico indispensable y costoso, el mal clima, una enfermedad, que pueda arrojarlas a la pobreza.
Semejante escenario hace difícil celebrar los números indiscutiblemente buenos que el gobierno consigue en materia macroeconómica. Al déficit profundo que siempre exhibió Fernández a la hora de capitalizar sus políticas y el castigo exagerado que le propina buena parte de la oferta noticiosa se suma la falta de resultados a la hora de que las cosas que sí salen bien impacten en la vida cotidiana. A esta altura, el bolsillo es el único instrumento útil para medir el impacto de las medidas que se toman. Ningún cálculo ni planilla de Excel sirve para nada si los beneficios del crecimiento no llegan a todos.
Es igualmente cierto que sin equilibrio económico el equilibrio social siempre resultará precario, retrucan en el gobierno. Subir un escalón cuesta mucho pero cada crisis nos hace resbalar diez o más, grafican. Ambos argumentos son atendibles y no representan una contradicción entre sí. Para reducir de manera sensible y definitiva la pobreza en el país son necesarios cambios estructurales que nos alejen de las crisis recurrentes, es cierto, pero imponer sacrificios a la sociedad en este contexto es electoralmente suicida. Los partidos que pierden no hacen cambios estructurales, huelga decir.
Por otra parte, esa estabilización, si no la precede un proceso de redistribución de la renta nacional guiado por el Estado (por quién más) para reorganizar los recursos de manera más igualitaria no solamente entre las distintas clases sociales sino también en términos de federalismo y estratégicos, corre el riesgo de cristalizar un status quo sumamente desigual que profundice los problemas históricos del país en lugar de dar inicio a una etapa de recuperación y calma. El camino al infierno está pavimentado con procesos de estabilización. Eso no lo dice Calvino, lo agrego yo.
En este caso el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo reparar el proceso de extraordinaria concentración de la riqueza de los últimos seis años antes de ponerle un corset a la economía que patearlo hasta después de que se estabilice, algo que, por otra parte, no sucede de un día para el otro. De lo contrario no solamente se condena a la pobreza a millones sino que se resigna la posibilidad de darle continuidad política a los planes de largo plazo de este gobierno, muchos de ellos de extraordinaria perspectiva, pero que no sobrevivirían ni una semana durante un gobierno de derecha en la Argentina.
La única solución a este aparente problema pasa por dotar al Estado de más recursos y existe un solo lugar al que ir a buscarlos. Los datos publicados en la última EPH dan cuenta de que la imposición de un esfuerzo al decil más alto de la población (el tipo de segmentación propuesta, por ejemplo, para el recorte de los subsidios energéticos) es un trazo demasiado grueso que castigaría a personas que se esfuerzan para seguir siendo clase media. Es en el último percentil, o incluso más, en el uno por mil o por diez mil donde se acumulan esos excedentes que terminan, en general, fugados al exterior.
Si decide seguir ese camino (la alternativa, dijimos, es aceptar la crisis hasta sentirse parte de ella) el presidente deberá dejar de procrastinar el encuentro con CFK y también las definiciones necesarias para que el peronismo empiece a plantearse el 2023 como una meta. Él mismo planeaba un nuevo elenco e incluso un formato de gobierno para encarar resto de su mandato, sin pandemia, decía (la sombra de Shangai nos llena los bolsillos de preguntas), y definitivamente sin imaginar que llegaría con la noticia de una guerra de alcance global. El acuerdo con el FMI era la hora señalada para el recambio.
Pasó ese mojón y las novedades se demoran. En parte por la exasperante costumbre del presidente de retrasar las cosas. En segundo lugar porque considera que cualquier movimiento en este contexto sería interpretado como una respuesta a los reclamos de los Kirchner antes que como una acción con iniciativa propia. Así, argumentan, quedarían neutralizados los beneficios que trae consigo la oxigenación de un gabinete. El diagnóstico no carece de razón pero corre el riesgo de arrojar a Fernández a un loop en el que no hace nada porque lo critican y lo critican porque no hace nada.
Si hay una cosa en la que están de acuerdo todos en el Frente de Idem, es que, antes o después Fernández deberá renovar su equipo para afrontar lo que resta de su mandato y que el nuevo plantel debe reflejar un nuevo equilibrio que no es el mismo que en diciembre de 2019 ni que en septiembre de 2021. Los focos están puestos en lo que suceda con el gabinete económico (que este fin de semana volvió a quedar en el epicentro de rumores y operaciones) pero no se limitan a ese área. Nadie se anima a arriesgar qué sentido tendrá la decisión que tome el presidente.
En la Casa Rosada descartan la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntado desde varios frentes, no solamente el kirchnerismo. “El problema no es económico, es político”, evalúa un visitante asiduo al primer piso. Independientemente del final que tenga esa pulseada, uno de los factores que lo ayudó a mantener su cargo todo este tiempo es la escasez de candidatos viables para su reemplazo, algo que reconocen incluso en el Instituto Patria. El problema no es solamente quién podría ocupar la silla que deje vacante Guzmán sino, sobre todo, quién querría hacerlo así las cosas.
El albertismo barrunta un plan b, por si la presión para disponer del ministro se hace insoportable. A nadie debería sorprender que la elegida para encabezar el esquema, en ese caso, sea Cecilia Todesca. Después de todo, la ex vicejefa de gabinete y actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales es una de las dirigentes de mayor confianza del presidente, que ya había pensado en ella para el cargo en 2019, antes de asumir. Quienes la impugnan temen que ella no modifique demasiado la posición del gobierno respecto a los aspectos más discutidos de la política económica.
Es el argumento que eligen los que promueven una jugada que ya contó mil amagues: el salto de Sergio Massa a un lugar protagonista del Poder Ejecutivo. La salida a esta crisis, aseguran sus promotores, no puede ser con un enroque entre dirigentes de la mesa chica del gobierno sino que debe incorporar figuras con un respaldo más amplio dentro de la coalición. El presidente de la cámara baja, que habla seguido con los dos Fernández, asegura que está cómodo en su rol institucional pero cree que tiene la fórmula para domar la inflación, usando sus contactos con el mundo empresarial y con los sindicatos.
Tiene una condición: “Ser un ministro con derpo”. Eso puede traducirse a dos cláusulas. Uno. Que el presidente y la vice se pongan de acuerdo en una serie de cuestiones para darle garantías de que van a dejarlo hacer su trabajo. Una tregua provisoria hasta que los resultados ordenen. Dos. Menos ministerios, para poder concentrar bajo su órbita a todo el gabinete económico. La idea de achicar el gabinete tiene varios adherentes en el Frente de Todos. El propio Alberto Fernández ya hablaba de hacerlo el año pasado, antes de la derrota en las primarias, y lo más probable es que haya cambios en ese sentido.
Así como es probable que varios ministerios se fusionen entre sí (se hablaba también de incorporar Medio Ambiente a la Cancillería) puede haber nuevas unidades que funcionen a ese nivel, como sucedió, en el caso más reciente, con la vocería encabezada por Gabriela Cerrutti. Ahora, se trabaja en la creación de un Instituto de la Economía Popular encargado de construir y aplicar un marco regulatorio para el trabajo informal. Estará conducido por el Movimiento Evita y su titular será Emilio Pérsico o una dirigente de ese espacio, para contribuir con la paridad de género. Lo decidirá por estos días el presidente.
Otros nombres para el nuevo gabinete, sea que se anuncie en pocos días, pocas semanas o en algunos meses, son el exministro de Defensa, Agustín Rossi, y el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello. Rossi reconstruyó el vínculo luego de que el mandatario le pidiera la renuncia por ser precandidato a senador el año pasado, Argüello es de su círculo íntimo desde hace décadas. Los dos cuentan con su confianza y lo frecuentan más a menudo de lo que indican las responsabilidades institucionales. Juan Manuel Olmos, jefe de asesores, suena también para asumir un rol más protagonista.
Las versiones que intentan fechar el relanzamiento son contradictorias entre sí. Se habla de la previa de Semana Santa o de los días posteriores al feriado, aunque falta casi nada y quedan muchos cabos sueltos por atar antes de hacer una maniobra política delicada. La movilización que preparan movimientos sociales y sindicatos en apoyo a Fernández para el primero de mayo también puede ser el momento elegido para relanzar el gobierno, al igual que el acto del 25 de mayo, aunque para eso todavía faltan seis semanas, que en la Argentina es tiempo suficiente para alterar cualquier plan.
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