De la mano de Adorni, la corrupción avanza como condena a Milei

En poco menos de 24 horas Manuel Adorni pasó de lastre a bomba nuclear. Las mentiras flagrantes que presentó el miércoles por la noche en televisión y el jueves ante la Oficina Anticorrupción irradiaron nuevas sospechas sobre su incremento patrimonial y profundizaron el descrédito de un gobierno con reputación en caída libre. El último informe de Proyección Consultores -que El Destape presenta en exclusiva- recogió el estado de ánimo de 1.236 argentinos mayores de 16 años en todo el país. El resultado es una radiografía demoledora para el oficialismo: la corrupción política escaló al tercer lugar en el ranking de preocupaciones ciudadanas, con el 33,5% de las menciones espontáneas. La superan la inseguridad (36,2%) y el deterioro de los ingresos personales y familiares (50,9%), que conserva el primer puesto con holgura.

La coincidencia temporal entre los datos y el escándalo no es casual. Mientras el jefe de Gabinete relataba en pantalla una historia épica de inversiones cripto y plata hallada entre los muebles del padre, la audiencia refrescó el peso específico que le asigna a la corrupción como problema estructural: la convicción -exagerada pero plausible- de que el dinero que se escurre a los bolsillos de los funcionarios es el que falta en casa. Una sensación “anti casta” que hace dos años tributó votos a Milei.

El hombre en su laberinto

El caso Adorni tiene la textura de los escándalos que perduran. Lo mantiene vivo la acumulación de versiones incompatibles que el propio Adorni fue construyendo con la confianza de quien se cree un hábil declarante inmune a los hechos.

Las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción describen la magnitud del embuste. Al asumir como jefe de Gabinete el 14 de diciembre de 2023, Adorni informó tener 62.835 dólares. En las versiones corregidas que presentó el jueves, esa cifra original se transformó en 708.822 dólares al momento del inicio de su gestión. La brecha asciende a 565.000 dólares que, en sus propias palabras, no incluyó en las presentaciones anteriores por un "error involuntario". El Código Penal argentino, en su artículo 268, establece pena de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos a quien omita maliciosamente datos que las declaraciones juradas deben contener. La ley no distingue entre errores involuntarios y malicia: presume que quienes ejercen funciones públicas conocen sus obligaciones.

La coartada que Adorni desplegó el miércoles en LN+ incluyó “canutos” familiares y criptomonedas: dijo haber invertido dinero hallado en las pertenencias de su padre fallecido en Bitcoin desde 2014, haber obtenido ganancias sustanciales por ese camino, y haber guardado el dinero resultante como un seguro de vida para sus hijos. La mentira se desvaneció en horas cuando surgieron grabaciones donde el mismo Adorni reconocía que no entendía las criptomonedas volátiles y que el Bitcoin no le parecía un instrumento de inversión confiable. La cronología tampoco ayuda: asegura haber vendido esos activos en 2018, cinco años antes de la declaración jurada donde debería haber figurado ese efectivo. En la presentación de 2025, después de todos los ajustes, le restan apenas 209.961 dólares en efectivo. Gastó, según sus propios papeles, más de 350.000 dólares durante su gestión como funcionario del gobierno del ajuste. Los números no cierran por ningún lado.

El dibujo contable del jueves es la última escena de una secuencia patética que inició con el vuelo de Adorni y su pareja a New York en el avión presidencial, y el viaje a Uruguay durante el fin de semana de Carnaval, en taxi aéreo financiado por un amigo con contratos en la televisión pública. De esos datos iniciales se fue tirando el hilo hasta llegar al departamento en Caballito, la propiedad en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, la camioneta Jeep, los viajes, el endeudamiento con jubiladas y los fondos cuyo origen permanece sin aclarar.

Con ese océano de sospechas como mar de fondo, la encuesta de Proyección Consultores muestra que el Índice de Confianza Pública (ICP) del gobierno registró en mayo de 2026 su valor más bajo desde que la consultora comenzó a medirlo en el ciclo Milei: 1,88, territorio de desconfianza franca según la escala. En junio repuntó a 1,99, pero ese leve movimiento alcanza apenas para dejar atrás la peor marca sin cruzar el umbral de la confianza moderada, que arranca en ese nivel. Desde febrero, cuando el ICP era de 2,08, la caída fue casi ininterrumpida.

El Índice de Perspectiva Económica (IPE) describe un arco similar. En diciembre de 2025 se ubicaba en 2,28 -dentro de la zona de estabilidad-, para caer luego en cinco mediciones consecutivas hasta el piso de mayo (2,01) y recuperar marginalmente en junio (2,10). Las diferencias por segmentos son reveladoras: los votantes de La Libertad Avanza mantienen un IPE de 3,02, zona de optimismo pleno, mientras que en los hogares vulnerables llegan a 1,59 y los votantes de Fuerza Patria a 1,29, ambos en zona de pesimismo. Esa brecha entre el universo que banca al gobierno y el universo que lo sufre no es nueva en la Argentina, pero a medida que pasan los meses sin recuperación de ingresos reales, se vuelve más difícil de sostener con el maquillaje estadístico del Indec.

La radiografía económica del hogar confirma el diagnóstico. El 69,6% de los encuestados percibió que su situación familiar se deterioró o no mejoró en los últimos meses. El 60,1% no espera que mejore en los próximos seis. Cuando la pregunta se desplaza hacia la economía del conjunto de los argentinos, el juicio se endurece: el 80,5% considera que la situación general empeoró o se mantuvo en un nivel malo, y el 65,5% descarta que haya cambio positivo en el corto plazo.

Hay un dato que sobresale: el 60,1% de los hogares consultados reconoció haber pedido dinero prestado durante el mes previo a la encuesta para cubrir gastos corrientes. De ese total, el 22,5% recurrió al círculo íntimo de familiares y amigos; el 14,6% mantuvo deuda en tarjeta de crédito pagando el mínimo o en cuotas; y el 9,4% tomó crédito bancario. El endeudamiento para consumo básico es motivo angustia creciente en el día a día de las familias.

¿Espabila el Congreso?

La reacción legislativa al caso Adorni fue rápida y coordinada. Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda hasta la Coalición Cívica, Encuentro Federal y legisladores monobloques presentaron el 12 de junio un pedido de sesión especial para el martes 23 del mismo mes, con el objetivo de tratar una moción de censura y la interpelación del jefe de Gabinete. El artículo 101 de la Constitución Nacional fija el procedimiento: la remoción del jefe de Gabinete requiere mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, es decir 129 diputados y 37 senadores.

Los bloques que firmaron el pedido sumaban, según un relevamiento de El Destape, unas 122 bancas en Diputados. La distancia hasta los 129 necesarios es corta en términos aritméticos, aunque políticamente depende de decisiones que los bloques dialoguistas aún no confirmaron. El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, junto a la senadora Alejandra Vigo y un grupo de legisladores de Provincias Unidas, publicó un comunicado exigiendo que Adorni abandone el cargo, con el argumento de que el funcionario mintió al pueblo argentino y ante el Congreso. La UCR nacional, por su parte, difundió un documento con el título "Quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado", aunque se limitó a reclamar celeridad judicial y evitó pronunciarse sobre la destitución. Algo parecido hizo el PRO: lanzó comunicados indignados, incluso reclamó el despido del jefe de Gabinete, pero omitió confirmar si se plegará al pedido de remoción.

En plena maniobra de despegue, Patricia Bullrich -todavía jefa del bloque de LLA en el Senado- calificó la conducta de Adorni como una “omisión ética” que debía resolverse en la Justicia, y el jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling, se plegó al pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel para que Adorni se presente ante la Cámara alta antes del plazo que él mismo había anunciado. Pero Bullrich, horas después de esas declaraciones, apareció en fotografías del festejo de su cumpleaños 70 junto al funcionario que acababa de cuestionar. La política de diferenciación tiene techos bajos.

Bullrich sabe que precisa de los votos de Milei para competir por la presidencia. En ese plan, la dirigente desarrolla una estrategia ambiciosa pero previsible: lograr que la “realidad” -es decir, los sponsors y sus propaladores mediáticos- convenzan a Milei de renunciar a la reelección y ungir a su exministra como candidata de la unidad reaccionaria.

La Casa Rosada se propone resistir. Calificó los reclamos como un intento de "voltear al Gobierno", percepción que parece ser más confesión que diagnóstico: Javier y Karina Milei saben lo que sabe Adorni, de modo que están obligados a sostenerlo hasta garantizar su indemnidad penal. En eso trabajaron los últimos tres meses junto al abogado Matías Ledesma, defensor del jefe de Gabinete y de dos de los cueveros imputados de manipular millones de dólares en el marco de la estafa $Libra. El dato fue destacado por Martín Romeo, damnificado y querellante de la criptomoneda patrocinada por el presidente. “Adorni estaba en Olivos cuando los hermanos lanzaron $Libra”, recordó en diálogo con El Destape, y agregó: “A pesar del poco interés que muestra (el fiscal, Jorge) Taiano por investigar, pudimos probar que Adorni formó parte de la operación”.

Ira y asco

La reputación de Adorni se arrastra desde hace rato, pero esta semana desbloqueó nuevos sentimientos negativos. Un informe elaborado por la consultora Reputación Digital analizó 278.666 documentos públicos en internet. El análisis semántico reveló que el 78,5% de las interacciones con emoción clasificada correspondió a “ira”, y el 7,6% al “asco”, acumulando entre ambas categorías el 86,1% del total. La confianza como indicador de credibilidad en la palabra oficial alcanzó un marginal 1%. El informe detectó 16 marcadores discursivos de descrédito por cada expresión de defensa. En el léxico predominante, los términos asociados al robo y la palabra "chorro" lideraron las referencias con 277 apariciones, seguidas por acusaciones de corrupción o coimas (151) y pedidos de renuncia (54).

La red X concentró el 94,9% del volumen total, con un alcance estimado de más de 455.000 cuentas. Un dato de impacto institucional: Milei aparece co-mencionado con Adorni en el 16,6% de las publicaciones, lo que indica que el costo reputacional del escándalo se transfiere de manera directa hacia la figura presidencial.

El peso electoral de la corrupción

La encuesta de Proyección captura algo que trasciende el escándalo puntual: una reconfiguración de la agenda ciudadana a medida se aproxima un nuevo año electoral. Con el 33,5% de menciones entre las preocupaciones prioritarias, la corrupción política superó por primera vez en este ciclo a la inflación y los precios (31,8%). Que la inflación haya perdido ese puesto no significa que dejó de ser relevante: significa que la corrupción creció con una intensidad que pocas veces alcanza para desplazarla.

Los números de evaluación del gobierno son coherentes con ese cuadro. El 51,6% de los encuestados calificó su desempeño como malo o muy malo, contra el 39,8% que lo considera bueno o muy bueno. El 65,8% sostiene que las políticas del gobierno impactaron de manera negativa sobre su situación personal o familiar, una cifra que en febrero de 2026 era del 55,6%. El 55,4% considera que el gobierno tiene poca o ninguna capacidad para resolver los problemas del país, y el 53% cree que el rumbo general es equivocado o muy equivocado.

En intención de voto, Fuerza Patria alcanzaría el 37,2% frente al 35,9% de La Libertad Avanza. En una hipotética segunda vuelta presidencial entre Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la diferencia es de una décima: 42,5% para Kicillof y 42,4% para Milei. No es una ventaja peronista consolidada. Es un empate técnico que le devuelve a la oposición un protagonismo que durante varios meses pareció lejano.

El mapa de atributos aporta un matiz adicional. Ante la pregunta de qué dirigente encarna mejor la honestidad, el 35,4% elige a Milei y el 32,8% a Kicillof. En firmeza, la distancia es mayor: 42,8% para Milei y 29,2% para Kicillof. El capital político libertario descansa en atributos de carácter y ruptura, no en imagen de transparencia.

El caso Adorni erosiona precisamente ese activo: si el portavoz diario del gobierno resultó ser el ejemplo de lo que el gobierno juró no repetir, la credibilidad del proyecto pierde su soporte más difícil de reponer. Pero la decepción con el gobierno no se capitaliza como activo por la oposición peronista, todavía golpeada por los años de persecución y estigmatización ejecutados por el dispositivo de poder que ahora debate la sucesión de Milei.

El escenario presenta un doble desafío para el gobernador bonaerense, el candidato mejor posicionado en el campo popular: hacer proteína política de su reconocida honestidad sin agrietar -más- su vínculo con el cristinismo, reactivo y sensible -con razón- a la agenda honestista que el Círculo Rojo planta como trampa para empantanar el debate público en un “problema moral” y evitar la discusión de fondo: el programa económico regresivo que el establishment se propone prorrogar, con o sin Milei.

El órgano más sensible del electorado, sin embargo, sigue siendo el bolsillo. El 60,2% de los encuestados define la situación económica como una crisis. Solo el 8,2% la considera normal. Y cuando se les pregunta quién carga con la responsabilidad de esa crisis, el 45,4% señala al oficialismo actual, frente al 41,4% que todavía apunta al gobierno anterior. Es la primera vez, desde que Milei asumió, que la responsabilidad económica recae con mayoría sobre su propia gestión.

La oposición tiene una ventaja táctica en este momento, pero la encuesta también traza sus límites. El 38,8% desearía para 2027 un gobierno de signo peronista, aunque el 23,7% prefiere que Milei continúe y el 17,8% lo quiere en el cargo con cambios de equipo y de rumbo. La suma de estas dos últimas opciones supera el 40% y señala que el piso del oficialismo es más sólido de lo que el deterioro reciente podría sugerir. El voto útil antikirchnerista sigue siendo un recurso operativo: el 36,8% declaró que podría apoyar a un candidato que no le convence con tal de evitar el retorno del peronismo, frente al 38,9% que haría lo propio para que Milei no siga.

El escándalo Adorni opera sobre el denominado “tercio blando” que se autopercibe “apolítico” pero gravita de manera determinante en un proceso electoral polarizado. Sobre ellos trabaja el sistema de comunicación -medios más redes- del poder permanente, dueños, además, de los tribunales de Comodoro Py que manipulan los expedientes con efecto sobre la opinión pública. Según la encuesta de Proyección, los decepcionados de Milei amplían la influencia decisiva de los “blandos”: el 38,9% de los encuestados no se ubicó en ninguno de los cinco tramos de la escala izquierda-derecha. Ese segmento sin adscripción fija es el terreno donde las elecciones de 2027 se disputarán con mayor ferocidad.