La pelea entre los laboratorios argentinos y estadounidenses entró en la cuenta regresiva. La disputa histórica por un negocio millonario afecta la relaciones carnales de Javier Milei con Donald Trump y pone a prueba la capacidad de resiliencia de la poderosa industria farmacéutica argentina, que reúne a magnates del sector con cada vez más alta incidencia en el financiamiento de las campañas políticas. La guerra de lobbys se advierte en el Congreso, en los medios y en la Justicia, donde Carlos Stornelli desempolvó una denuncia del tiempo de la pandemia para apuntar contra Hugo Sigman, justo cuando las multinacionales estadounidenses lanzan su ofensiva para llevarse una tajada mayor del negocio.
El gobierno tiene hasta el 30 de abril para lograr que el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General del Congreso apruebe la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCP), tal como lo demanda la administración Trump y lo promueve el desregulador serial Federico Sturzenegger. El TCP está incluido en el Acuerdo de Libre Comercio que el gobierno argentino firmó en Washington con el aval de Trump en noviembre de 2025.
La pelea se remonta a la década del noventa y tiene de un lado a los laboratorios argentinos reunidos en CILFA y del otro a los norteamericanos agrupados en CAEME. De un lado, familias que amasan fortunas como Sigman, Sielecki, Bagó, Roemmers y Figueiras; del otro las multinacionales que corren con el caballo del comisario como Pfizer, Merck y Johnson & Johnson.
La Resolución Conjunta 1/2026 que firmaron el 18 de marzo pasado Mario Lugones, Luis Caputo y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que preside Carlos María Gallo deroga otra, del 2 de mayo de 2012, que ponía límites a través de guías de patentamiento a la Ley de Patentes 24481 impulsada por Domingo Cavallo y puesta en vigencia en 2000.
El último cuarto de siglo confirmó que la argentina es una historia circular. Si la ley que aprobó el Congreso a instancias de Cavallo marcaba la adhesión al Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC en español, TRIPP en inglés) de la OMC que exigían las grandes farmacéuticas, la inclusión de Argentina en el Informe Especial 301 que la Oficina del Representante de los Estados Unidos (USTR) publica todos los años responde a la presión histórica estadounidense para influir en la política de propiedad intelectual de otros países.
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Un trabajo publicado en el Observatorio Sudamericano de Patentes, un sitio que reúne desde hace años información precisa sobre el tema, subraya un dato central: el Informe 301 no es parte de una normativa multilateral ni surge de la World Trade Organization, sino de la legislación interna estadounidense y hace explícito el interés comercial de los grandes laboratorios norteamericanos. Pese al alineamiento incondicional de Milei con el líder republicano, el gobierno de Trump mantiene a la Argentina en la “Priority Watch List”, una forma terminante de poner al país en infracción con los estándares de protección que considera adecuados.
Argentina tiene una de las industrias farmacéuticas más importantes de América Latina. Según datos de CILFA de 2023, el mercado farmacéutico argentino genera alrededor de 6000 millones de dólares en ventas anuales y tiene una tasa de crecimiento anual de entre el 8% y el 10%. De ese total, el mercado de medicamentos de marca representa alrededor del 70% del total del mercado y los medicamentos genéricos, el 30% restante. Se estima que cada argentino gasta unos 140 dólares por año en medicamentos, con un gasto creciente en los últimos 5 años por la inflación y los aumentos en los costos de los tratamientos médicos.
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La regulación de precios, la patentabilidad y la competencia entre productos genéricos y de marca son las formas que adopta la disputa por ese mercado. El tema central y ausente casi por completo de la discusión son las políticas de acceso a medicamentos para la población. Los especialistas lo admiten: tan cierto como que la adhesión al Tratado de Cooperación con Trump le dará poder a los monopolios extranjeros y elevará los precios de los medicamentos es que los laboratorios nacionales disfrutan de su propio oligopolio y cobran, en muchos casos, los remedios más caros del mundo. Desde las obras sociales hasta las prepagas y los médicos están de acuerdo en ese punto. Lo sabe el ministro Lugones, un cardiólogo que dedicó toda su vida a lucrar en el sector privado y hoy exhibe limitaciones de lo más dañinas en la función pública. Según estimaciones privadas, la producción nacional representa aproximadamente 3000 millones de dólares (50% del mercado total) y tiene un crecimiento del 5% anual.
Los laboratorios nacionales defienden una curiosa política de genéricos con marca, un oxímoron que en el sector se denomina “efecto murciélago”, porque los precios de los genéricos se cuelgan del techo, demasiado cerca del medicamento patentado. La definición es atribuida al asesor global en Financiamiento para el Desarrollo del Fondo de Población de Naciones Unidas, el argentino Federico Tobar.
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Los laboratorios estadounidenses quieren aprovechar a Milei para imponer una exigencia que lleva más de 30 años. Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, un mecanismo habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos que impide a la autoridad sanitaria utilizar los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente. Para el Observatorio Sudamericano de Patentes, el resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad y genera un efecto regresivo. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias o evergreening -cambios menores en un medicamento- para bloquear competidores locales. Los especialistas señalan otro dato central que hoy adquiere una dimensión crucial. El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI -un verdadero botín que se reparten entre distintas bandas- y cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados. Los defensores argentinos de las farmacéuticas estadounidenses y Sturzenegger en su carácter de lobbysta en jefe aseguran que con mayor competencia habrá precios más bajos. Pero encomendar la salud pública a gigantes como Pfizer es una apuesta de altísimo riesgo.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es el organismo público que juega un papel crucial en la guerra de laboratorios y de él depende la Administración Nacional de Patentes. Entre sus empleados son muchos los que admiten que está repleto de problemas estructurales. Hay demoras significativas en exámenes de patentes, recursos técnicos limitados, falta de previsibilidad en algunos criterios técnicos, vulnerabilidad frente a presiones externas y, la política de estado libertaria: bajísimos salarios de personal calificado. Los salarios de los examinadores de patentes son de los más bajos comparados con otras oficinas de marcas y patentes de la región (INPI-BR, INAPI, DNPI, SIC).
Para el Observatorio Sudamericano de Patentes, en las últimas décadas el organismo no logró construir una política técnica sólida y comunicada estratégicamente que explique y defienda el modelo argentino de patentabilidad. “En lugar de posicionarse como autoridad técnica con autonomía conceptual, el INPI ha quedado frecuentemente en un rol reactivo a intereses privados y extranjeros. Los recursos humanos -profesionales y técnicos- no son tomados en cuenta en la matriz de decisiones gerenciales”, dice.
El abogado Gallo, actual presidente del INPI, es considerado un gestor alineado con el sector privado y sin visión estratégica para ejecutar una política tecnológica. Hay algo más, que los laboratorios en guerra fingen ignorar, el backlog de patentes, verdadero elefante en la habitación. El INPI acumula miles de solicitudes pendientes de resolución, con demoras que superan los 5 años en algunos casos. Se trata del principal cuello de botella para innovadores, laboratorios y universidades. En lugar de presentar un plan transformador, se limita a sostener la inercia de un modelo administrativo burocrático que desalienta la innovación y deteriora la confianza de las empresas -nacionales y extranjeras- en el sistema de propiedad industrial argentino.
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