Esta semana pasamos el momento “un chino se agarró una gripe rara después de tomar sopa de murciélago” de la guerra. En la mayor escalada desde los primeros ataques sobre Teherán el miércoles Israel y Estados Unidos bombardearon South Pars, la parte iraní del campo gasífero más grande del mundo, en la frontera con Qatar. En represalia, Irán atacó masivamente infraestructura energética en Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Irak y Kuwait. La consecuencia es lo que la Agencia Internacional de Energía llamó en un comunicado “la mayor interrupción del suministro de petróleo y gas de la historia”: faltan unos ocho millones de barriles cada día y harán falta años y muchos miles de millones dólares (¿o yuanes?) para que vuelvan a funcionar al cien por ciento.
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El Brent se negocia desde hace varios días por más de 110 dólares. Pero eso son papeles. Para conseguir un barril de petróleo contante y sonante en el mercado internacional hay que pagar un cincuenta por ciento más. QatarEnergy, la principal proveedora de gas licuado del mundo, advirtió que está evaluando aducir razones de fuerza mayor para incumplir contratos a cinco años con países como Italia, Corea del Sur o China. Los hutíes, una facción alineada con Irán que controla parte del territorio yemení y el paso de Bab el Mandeb, puerta de salida del Mar Rojo, amenazaron con interrumpir también esa ruta. Estados Unidos se vio obligado a levantar sanciones contra el petróleo ruso ¡y hasta iraní! para contener la suba de precios, que se replica automáticamente en gasolineras y supermercados.
Esto ya no es un conflicto regional. Es el evento que está reescribiendo el orden económico global en vivo. Y no se trata solamente del combustible. Del procesamiento del gas surgen los subproductos que se utilizan para fabricar los fertilizantes de los que depende la agricultura que alimenta a buena parte de la población mundial. Qatar frenó la producción de su planta de urea, que saltó de 500 a 700 dólares la tonelada en pocos días. A diferencia de lo que sucede con el petróleo, del que los países suelen tener reservas estratégicas para hacer frente a situaciones de shock, no existen las reservas de fertilizantes. No hay colchón. China prohibió la exportación de fertilizantes. Están comprometidas las cosechas en Estados Unidos, la India, Brasil, Bangladesh y Australia.
Lo que bloquea el estrecho de Hormuz no son los drones: es la amenaza de los drones, sostenida por el ataque a una cantidad limitada de barcos como para hacerla creíble. A partir del 5 de marzo las aseguradoras empezaron a cancelar sus pólizas. Las primas suben rápido cuando hay un evento de riesgo pero bajan de a poco, ante la posibilidad de que ese evento se repita. Va a costar meses o años normalizar el tráfico marítimo por el Golfo Pérsico. Y el tiempo corre: en Estados Unidos necesitan que el fertilizante esté en la tierra a mediados de abril. La India en mayo. Bangladesh ahora mismo. No son fechas negociables. Son ventanas que dependen del clima, del suelo, del cultivo. Incluso con un cese al fuego hoy mismo (algo que parece lejano) la temporada de siembra está comprometida.
Otro subproducto de la cadena de producción gasífera que fue interrumpida o dañada esta semana es el helio, insumo clave para la fabricación de microchips. Si la situación no evoluciona, se encarecerá también la capacidad de cómputo, que ya en plena era de despegue de la inteligencia artificial se ha vuelto el tercer commodity con demanda universal, junto a los alimentos y la energía. El resultado de esa combinación será una época de comida, combustible y tecnología mucho más escasas y caras de lo que conocieron casi todas las generaciones que hoy habitan la Tierra. Buena parte de occidente todavía opera como si el shock fuera un asunto de corto plazo y las cosas puedan volver pronto a la normalidad. Ese autoengaño no va a poder sostenerse mucho más.
En Asia, en cambio, ya están tomando medidas que pronto pueden extenderse por buena parte del planeta, como sucedió en el comienzo de la pandemia. Japón, que depende mayoritariamente del crudo que cruza el estrecho de Hormuz, liberó 80 millones de barriles de sus reservas estratégicas, algo inédito desde que se crearon, en 1978. En Sri Lanka y en Filipinas implementaron la semana laboral de cuatro días para reducir la demanda energética. También tienen racionamiento de combustible. En Tailandia hay home office obligatorio. En Pakistán cerraron las escuelas y en Bangladesh las universidades. Corea del Sur le puso un tope al precio de la nafta por primera vez en 30 años. En la India hubo apagones en la industria para que no falte luz en los hogares.
Las Big Tech trabajan en sistemas alternativos de alimentación energética para sus servidores, que sean independientes de la grilla eléctrica de los países donde operan. Otro paso más hacia la autonomía corporativa total. La solución más eficiente para sus planes son los reactores nucleares pequeños, de los que el Estado argentino tenía un desarrollo de vanguardia mundial, el proyecto CAREM. Esta semana Sebastián Premici informó en El Destape que ese proyecto se desmontó para que IMPSA, la primera privatizada de esta gestión, que ahora está en manos de un aportante a la campaña de Donald Trump, venda sus “servicios” a empresas estadounidenses. “Destripan el proyecto para avanzar en este negocio regalado al trumpismo”, denunció el físico Rodolfo Kempf (CNEA).
La guerra se expande en todos los sentidos a la vez. En el tiempo, porque sus consecuencias van a sentirse durante años, o más. También en el mapa. El sábado Irán disparó dos misiles a la Isla de Diego García, una base estratégica de Estados Unidos e Inglaterra en el océano Índico, a 4000 kilómetros de distancia. Hay versiones en conflicto respecto a si los misiles impactaron exitosamente en sus blancos o si fueron interceptados, pero no hay dudas de que el ataque existió. Hasta ayer nadie creía que los iraníes tuvieran armas que viajaran más de 2000 kilómetros. Ahora resulta que la mayor parte de las capitales europeas puede quedar dentro del teatro de operaciones en cuestión de minutos o pocas horas. Un mensaje dirigido el mismo día que Donald Trump acusó a sus aliados de cobardía.
El presidente norteamericano cambia su versión cada pocas horas, como si fuera un timón que se escapó de sus manos en mar encrespado y no puede volver a aferrar. Vamos ganando, ya ganamos, les vamos a ganar, necesitamos su ayuda, no necesitamos la ayuda de nadie, ¿cuándo van a mandarnos ayuda?, la guerra va a calmarse, vamos a poner botas en el terreno, el estrecho está abierto, vamos abrir el estrecho, por favor abran el estrecho. Mientras tanto Irán lo convirtió en un peaje nacionalizado, que se cobra en cripto o en yuanes, no en dólares, y solamente a las naves amigas. El peor escenario posible. La Casa Blanca se embarcó en un desastre del que no parece haber una buena salida: retroceder tiene grandes costos, escalar tiene enormes riesgos y seguir así mucho tiempo no es una opción.
Los amigos de Trump, sin Trump, se dieron cita ayer en Budapest, Hungría. Javier Milei fue la figura principal de la CPAC, el foro de la ultraderecha global, luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu cancelara su participación y decidiera enviar simplemente un mensaje por video, lo que reavivó los rumores sobre su estado de salud. También hubo mensaje por video del norteamericano, que pidió el voto por Viktor Orban en las elecciones del mes que viene en Hungría. Acto seguido el anfitrión dio un discurso de apertura, criticando la injerencia extranjera en las elecciones. El presidente argentino, en tanto, dijo en el cierre: “Las naciones que abrazan la libertad, la propiedad privada y el orden moral de la civilización occidental progresan. Las que las abandonan, decaen. Siempre. Sin ninguna excepción”.
Antes de viajar a un evento que comparte con Santiago Abascal (de VOX) y Eduardo Bolsonaro, entre otros, Milei replicó en sus redes un posteo de Marcos Galperín, el hombre más rico del país, quien, con un notable esfuerzo gramatical, se preguntaba por qué el periódico La Nación calificaba como “ultraderechista” a Orban y no “ultraizquierdista” al presidente español Pedro Sánchez. No se trata de un cuestionamiento genuino a la nomenclatura sino de una operación discursiva que, simultáneamente, normaliza la agenda y las acciones políticas de la ultraderecha realmente existente e intenta construir un muro que no permita proyectar en el futuro contrapropuestas que vayan mucho más allá del reducido menú de la socialdemocracia neoliberalizada.
Si se informase, Galperín sabría que Orban amplió el Tribunal Constitucional y forzó el despido de más de 200 jueces para ocupar esos cargos con funcionarios adictos, que desde hace más de una década no fallan en su contra en casos importantes. Que modificó la ley electoral para quedarse con más de dos tercios de los escaños parlamentarios a pesar de no tener la mayoría de los votos. Que en su país no hay libertad de prensa pero promovida por el Estado la violencia contra las minorías. En cambio Sánchez gobierna con una coalición frágil, tiene el Poder Judicial y buena parte de los medios en contra, amplió derechos, subió el salario mínimo un tercio de su valor y nunca propuso abolir la propiedad de los medios de producción, ni un régimen de partido único, ni siquiera la planificación central de la economía.
Todavía se cuestiona la etiqueta de “ultraderecha”. Es cierto, y se ha señalado muchísimas veces ya, que hay diferencias evidentes entre las experiencias en distintos países, desde Israel hasta Brasil, desde España hasta la Argentina. No es menos cierto que sin embargo hay algo más fuerte que los une, y que a veces cuesta identificar qué es. Bueno, ahora son explícitamente el partido de la guerra. Y esta guerra no es un cisne negro sino la consecuencia lógica de que el centro de gravedad de las decisiones estratégicas esté virando de Washington a Silicon Valley, del Estado a las corporaciones. Ese es el efecto de la acumulación infinita de capital, como un agujero negro que absorbe todo lo que pasa suficientemente cerca. La ultraderecha occidental es el partido de Silicon Valley.
Galperín no entiende que Orban es “ultra” o “extremo” porque él mismo es “ultra” rico que se beneficia de la concentración “extrema” de la riqueza. Está tan a la derecha que cree que Sánchez es stalinista y Orban (o Netanyahu) dos moderados. Esa concentración extrema significa, en sí misma, ontológicamente, violencia letal contra cientos de millones de personas por hambre, enfermedad y falta de acceso a recursos básicos. Ahora mismo ese dinero financia a los partidos y dirigentes del fascismo neoliberal, que promueven literalmente guerras, genocidios, depresiones económicas y hambrunas de magnitud catastrófica. La ultraderecha es una herramienta política internacional que defiende, sin ninguna consideración no ya por la democracia sino por la vida humana, el derecho a la acumulación infinita.
En Argentina más de siete de cada diez personas rechazan la guerra que su quijotesco presidente cree estar luchando, de acuerdo a un sondeo de Zubán Córdoba. En Estados Unidos hay varias encuestas en el mismo sentido y todas muestran que la negativa es mayoritaria. Ni Trump obtuvo la aprobación del Congreso para iniciar las hostilidades ni Milei va a consultar al Poder Legislativo si decide mandar naves o tropas a Medio Oriente. Sin controles, sin consensos, así se inician ahora las guerras, decisiones cuyas consecuencias estamos lejos todavía de prever, que puede causar hambre, muerte y desplazamientos a millones. ¿Cómo podemos seguir llamando democracia a eso? Nadie vota ponerse en riesgo de atentados o misiles, nadie vota más inflación, nadie vota incertidumbre.
Argentina tiene energía, alimentos, fertilizantes. Si hubiera una verdadera democracia, un gobierno de los argentinos para los argentinos, tendríamos una oportunidad de oro para utilizar esas riquezas con el fin de alimentar, abrigar y dar trabajo a los argentinos con una parte, y con el excedente conseguir los dólares necesarios para desarrollarnos estratégicamente. Vivimos, en cambio, en un protectorado corrupto y patético que nos está metiendo de cabeza en una guerra que no nos corresponde y que va a tener tremendas consecuencias para todos sin tomarse ni siquiera el trabajo de proteger a la población que confió en él la máxima responsabilidad. Al contrario, parecería encontrar heroísmo en la exposición estúpida que esta semana llamó la atención de varios voceros iraníes.
Si Milei es el presidente de la guerra, como eligió ser, la oposición debe alzar bien alto la bandera de la paz. Hay que hacerlo en todas las tribunas. En el Congreso. Los gobernadores. La sociedad civil a través de los sindicatos y de las cámaras empresarias y en las calles. Sobre todo en las calles. El mundo debe saber que Argentina sigue siendo, como siempre, un país de paz. Si Milei es el presidente que nos entrega, la oposición debe ser el frente que reúne a todos los que se comprometen a protegernos. Tan amplio como eso, sí. Pero al mismo tiempo tan nítido como eso, sin moverse un centímetro de esas ideas. Un partido por la paz, la democracia y la soberanía nacional para todos los argentinos. Un partido por la justicia social. Adentro de eso, todo. Afuera de eso, nada.
La ultraderecha que hoy se instrumenta de arriba hacia abajo surgió, hace diez años, de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, a medida que distintos grupúsculos que permanecieron durante décadas en los márgenes (ultramontanos, neonazis, conspirativistas) empezaron a coincidir y a reconocerse entre sí por las cosas que tienen en común. El lugar donde empezó a gestarse ese caldo de cultivo fueron las marchas contra la inmigración durante la crisis de los refugiados en 2016. A lo mejor, la manifestación de un compromiso con la paz sea el espacio en el que otros grupos dispersos, esta vez de víctimas de este sistema fascista y neoliberal, comiencen a encontrarse y reconocerse y trazar una historia en común. En todo caso vale la pena, y es necesario, hacer el intento.
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