La Legislatura de Río Negro volvió a quedar envuelta en una fuerte controversia política por presuntas designaciones irregulares dentro de la Cámara de Diputados provincial. La polémica fue la aparición de contratos con salarios millonarios vinculados a dirigentes, operadores territoriales y empresarios cercanos al oficialismo de Alberto Weretilneck.
Según el informe publicado por Real Politik, uno de los nombres que más ruido generó fue el de Claudio Aníbal Mozzoni, empresario identificado como cercano tanto al radicalismo como al oficialismo rionegrino, quien según la investigación percibiría ingresos superiores a los 2,5 millones de pesos mensuales dentro de la Legislatura provincial. La falta de información pública sobre sus funciones específicas y sobre las tareas efectivamente desempeñadas encendió cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales para sostener estructuras políticas.
La investigación señala además otros casos similares vinculados a dirigentes territoriales y referentes políticos ligados a Juntos Somos Río Negro, el espacio político del gobernador. Entre ellos aparecen Marcos Osvaldo Catalán, operador político en Bariloche; Nelson Miguel Ayenao, relacionado con el armado partidario en General Roca; el exlegislador Leandro Miguel Tozzi; y Farid Lord Jorge Sad, dirigente vinculado a sectores radicales alineados con el weretilnequismo.
La difusión del informe volvió a instalar críticas sobre el manejo político de las contrataciones públicas en la provincia y abrió una nueva etapa de tensión en Viedma. Distintos sectores opositores comenzaron a exigir explicaciones públicas, auditorías y mayores controles sobre la estructura de personal legislativa.
El caso impacta además en un momento especialmente sensible para el oficialismo provincial. Mientras el gobierno de Weretilneck sostiene un discurso basado en la austeridad fiscal, el control del gasto y el orden de las cuentas públicas, las denuncias alimentan cuestionamientos sobre la existencia de contratos políticos financiados con recursos del Estado.
En despachos opositores sostienen que el esquema expuesto respondería a una lógica histórica de construcción territorial basada en el sostenimiento de dirigentes y acuerdos políticos mediante estructuras estatales. Según esa interpretación, las contrataciones funcionarían como una herramienta para contener armados políticos en distintas ciudades de la provincia.
Hasta el momento, ni el Gobierno provincial ni la conducción de la Legislatura brindaron respuestas detalladas sobre los casos difundidos. Ese silencio oficial comenzó a profundizar las críticas y generó incomodidad incluso dentro de sectores cercanos al oficialismo donde reconocen preocupación por el costo político que podría tener el tema en los próximos meses.
La polémica también golpea directamente a Facundo López, presidente del bloque oficialista y uno de los principales operadores políticos del weretilnequismo. Dentro de Juntos Somos Río Negro, López ocupa un rol central en la construcción territorial y en la articulación con sectores aliados, por lo que las denuncias impactan de lleno sobre el esquema político del oficialismo provincial.
En paralelo, el caso volvió a poner en discusión los mecanismos de transparencia institucional y control del gasto público en Río Negro. La oposición busca convertir la investigación en uno de los principales focos de desgaste político para el gobierno provincial, mientras el oficialismo intenta evitar que el tema escale y se transforme en una crisis de mayor magnitud.
Cerrar sesión