El Banco Central de la República Argentina renovó esta semana el acuerdo de swap de monedas con el Banco Popular de China: una línea por unos USD 18.000 millones, con una extensión del plazo de tres a cinco años (hasta agosto de 2031). De ese total, unos USD 5.000 millones corresponden al tramo activado desde 2023, que permanece vigente. La renovación se produce en un contexto de tensión discursiva no menor: el mismo Gobierno que caracteriza a China como una potencia "comunista" debió recurrir, puertas adentro, a sostener y ampliar el instrumento bilateral que la gestión de Sergio Massa dejó constituido. Se trata de una dependencia operativa que contrasta con el posicionamiento retórico oficial.
Un swap de monedas es una línea de crédito recíproca entre bancos centrales que habilita el acceso a divisas de la contraparte sin necesidad de contraer deuda en moneda dura ni de liquidar reservas propias. El vínculo entre el BCRA y el Banco Popular de China data de 2006. Diecisiete años de cooperación bilateral ininterrumpida explican tanto la existencia del instrumento como las mejores condiciones obtenidas en la presente renovación, un historial que no se construye sin continuidad institucional y trabajo diplomático sostenido en el tiempo.
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El punto relevante no es solo la existencia del instrumento, sino el uso que se le da. Durante la gestión de Massa, el swap operó como respaldo de reservas para sostener el funcionamiento pleno de la economía, el comercio exterior y la actividad productiva, sin necesidad de desprenderse de activos estratégicos. En la coyuntura actual, en cambio, el mismo instrumento se orienta a sostener un esquema de apreciación cambiaria y flujos de carácter especulativo que el propio programa económico no logra financiar con recursos genuinos. Se trata de la misma herramienta técnica aplicada a objetivos de política económica sustancialmente distintos.
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La gestión de Massa combinó, además, negociaciones simultáneas con China, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, sin subordinar la política de financiamiento externo a un único socio. Esa diversificación de fuentes constituye un criterio de gestión profesional del frente externo, no un posicionamiento ideológico. En la misma línea se inscribe el Gasoducto Néstor Kirchner, obra de infraestructura energética que habilitó el actual superávit del sector: una decisión de inversión pública tomada en su momento, cuyos resultados capitaliza hoy una gestión que no participó de su ejecución.
El contraste con el presente resulta significativo desde el punto de vista de la consistencia de política exterior. Mientras el Banco Central requiere apoyarse en el vínculo bilateral con China para sostener su posición de reservas, el propio Gobierno profundiza focos de tensión diplomática con ese mismo socio estratégico, y con otros, como Brasil, por motivos de afinidad ideológica antes que por cálculo de conveniencia nacional.
El caso de Brasil ilustra el patrón con mayor nitidez: se cuestiona por dogma aquello que, en los hechos, termina siendo funcional a la sostenibilidad del programa económico vigente. El propio embajador argentino en Brasilia, Fernando Lamelas, profundizó semanas atrás una controversia con China por la participación de Huawei en un proyecto eléctrico en Neuquén, en momentos en que el país necesitaba, puertas adentro, sostener el vínculo financiero con ese mismo socio. La política exterior queda así dividida en dos planos que no dialogan entre sí: uno discursivo, guiado por afinidad ideológica, y otro operativo, que depende de los acuerdos que esa misma afinidad cuestiona.
El actual Gobierno no construyó este vínculo, pero administra hoy sus resultados: USD 18.000 millones de capacidad, cinco años de plazo hasta agosto de 2031 y diecisiete de relación bilateral, negociados sin comprometer soberanía ni ceder activos estratégicos. La misma gestión que hacia afuera confronta con China en el plano discursivo es, puertas adentro, la que necesita sostenerse con lo que esa relación bilateral construyó.
Gestionar lo que se desprecia en el discurso: esa es, hoy, la política exterior real del Gobierno.