La recuperación de la capacidad submarina argentina no es un debate militar. Es un debate sobre soberanía, disuasión y visión estratégica de largo plazo.
Desde hace años, la Argentina discute la necesidad de reequipar sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, pocas capacidades resultan tan relevantes para la defensa nacional como la submarina. En un país con más de 4,7 millones de kilómetros cuadrados de espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, con una disputa de soberanía abierta en el Atlántico Sur y con presencia permanente en la Antártida, carecer de submarinos representa una limitación estratégica de enorme magnitud.
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La función principal de un submarino no es atacar. Su principal valor reside en la disuasión. La sola posibilidad de que una fuerza naval adversaria desconozca la ubicación de un submarino genera incertidumbre operativa, obliga a destinar recursos a tareas antisubmarinas y modifica cualquier planificación militar. Esa capacidad de negar información y aumentar los costos potenciales para un eventual adversario convierte a los submarinos en una de las herramientas de disuasión más eficaces y costo-eficientes disponibles para una fuerza naval moderna.
La situación argentina resulta particularmente sensible por la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas y la creciente militarización de la zona. El Reino Unido mantiene en el Atlántico Sur una capacidad militar muy superior a la argentina, apoyada en infraestructura permanente, medios navales, aeronaves de combate y sistemas de vigilancia avanzados.
Frente a esa realidad, la ausencia de una capacidad submarina reduce significativamente la capacidad disuasiva nacional. Ninguna fuerza de superficie puede reemplazar completamente el efecto estratégico que genera la presencia de submarinos operando en un teatro marítimo de miles de kilómetros cuadrados.
La cuestión excede incluso la problemática de Malvinas. La Antártida se encamina a convertirse en uno de los espacios geopolíticos más relevantes del siglo XXI. La competencia por recursos naturales, rutas marítimas, investigación científica y presencia estratégica continuará creciendo en las próximas décadas. Los países que aspiren a sostener una posición relevante en la región deberán contar con capacidades militares creíbles para respaldar sus intereses nacionales.
La Argentina perdió de manera efectiva su capacidad submarina en 2017 con la tragedia del ARA San Juan. Más allá del dolor que aún provoca la pérdida de sus 44 tripulantes, aquel acontecimiento marcó el final de una capacidad estratégica que nunca fue reemplazada.
Desde entonces, el país ha quedado como una de las pocas naciones marítimas relevantes del mundo sin submarinos operativos.
La experiencia internacional demuestra que las capacidades estratégicas no se recuperan de un día para otro. Requieren planificación, financiamiento, acuerdos industriales y continuidad política. Precisamente por ello, la decisión debe comenzar a discutirse ahora.
Entre las alternativas disponibles, la familia de submarinos Scorpène desarrollada por Naval Group aparece como una de las opciones más interesantes para la Argentina. No solamente por tratarse de una plataforma ampliamente probada, sino porque ofrece una oportunidad geopolítica e industrial que trasciende la mera adquisición de material militar.
Brasil incorporó esta tecnología dentro del Programa de Desarrollo de Submarinos (PROSUB), construyendo unidades en su propio territorio con transferencia tecnológica francesa. Como resultado, no solo fortaleció su capacidad militar, sino que desarrolló infraestructura industrial, formación de recursos humanos y capacidades de mantenimiento que permanecerán durante décadas.
La posibilidad de que Argentina incorpore una plataforma común con Brasil abre escenarios de cooperación inéditos para la defensa regional. Las dos mayores potencias de América del Sur podrían operar una misma familia de submarinos, compartir doctrina, entrenamiento, logística y eventualmente desarrollar esquemas de patrullaje coordinado del Atlántico Sur.
En un contexto internacional caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas, la cooperación estratégica entre Buenos Aires y Brasilia constituye un activo de enorme valor. La defensa del Atlántico Sur no debería concebirse como una tarea exclusivamente nacional, sino como una responsabilidad compartida entre los principales actores regionales.
A ello se suma la posibilidad de explorar mecanismos de financiamiento internacional que involucren a Francia y Brasil, replicando esquemas de cooperación utilizados exitosamente en otros programas de defensa. La obtención de créditos de largo plazo asociados a transferencia tecnológica permitiría distribuir los costos de incorporación durante varios años y maximizar el impacto industrial de la inversión.
La participación de TANDANOR en tareas de mantenimiento, modernización y apoyo logístico constituye otro elemento central. La recuperación de la capacidad submarina no debe limitarse a la compra de unidades terminadas. Debe convertirse en una política industrial orientada a desarrollar capacidades nacionales permanentes.
La transferencia tecnológica, la capacitación de personal argentino y la incorporación progresiva de proveedores locales permitirían transformar una adquisición militar en una inversión estratégica para el desarrollo industrial.
La discusión de fondo es sencilla. La Argentina puede seguir postergando decisiones estratégicas mientras observa cómo otros países fortalecen sus capacidades navales, o puede comenzar a reconstruir las herramientas necesarias para proteger sus intereses marítimos, antárticos y soberanos.
La recuperación de la capacidad submarina exige recursos, planificación y acuerdos políticos duraderos. Pero el costo de no hacerlo puede resultar mucho mayor.
La soberanía marítima no se declama. Se ejerce. Y en el Atlántico Sur, ejercerla requiere volver a navegar bajo superficie.
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