La Hipocresía: el discreto encanto de la burguesía

Es hora de marcar diferencias con los que se quedaron con la torta y no nos dejaron ni las migas en la fiesta de globos amarillos.

07 de junio, 2020 | 00.05

“Peste es la corrupción de la inteligencia mucho más que la infección del aire que nos rodea. Esto último es una plaga de seres vivos, pero lo primero es una enfermedad de los hombres en cuanto hombres”. (Marco Aurelio –abril 121/marzo 180 d.C.- emperador romano apodado El Sabio o El Filósofo)

¡Insólito momento al aire!

Protestas por las cuarentenas

Las sucesivas prórrogas de la cuarentena nos distancian cada vez más de lo que entendíamos como la “normalidad” de nuestra existencia, nos generan inquietudes, temores de distinto tipo, contrariedades e inconvenientes varios.

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Claro está que si, por un lado, afectan al conjunto de la sociedad, por otro, el modo e intensidad en que impactan no es homogéneo por factores personales como sociales y económicos. A los fines de esta nota me detendré sobre estos últimos, aunque igualmente en algún sentido las reflexiones que se proponen involucran a los primeros.

Ninguna duda puede haber que en estos tiempos los más vulnerados han resultado los más vulnerables, tanto por la complejidad para sobrellevar el aislamiento y cumplirlo efectivamente en razón de sus condiciones de vida, como por constituirse en los más expuestos a los contagios que resulta de la proporción que representan en el AMBA (CABA y Conurbano Bonaerense) del total de los enfermos de COVID-19.

Sin embargo, no son ellos los que se alzan contra el confinamiento sino gente perteneciente a los sectores altos y medios. Especialmente estos últimos son los que se manifiestan en las calles y exponen sus cuerpos; los otros, se muestran cómodamente desde sus hogares (con cacerolas en los balcones o dando entrevistas a los medios) fogoneando esas movilizaciones o, en algún caso (Tigre, Provincia de Buenos Aires), sentados en sus vehículos de alta gama haciendo caravanas ridículas.

¿De qué se quejan? ¿De no poder circular libremente, reunirse con familia y amigos, desarrollar sus actividades laborales? Añorar todo ello es absolutamente legítimo, aspirar a recobrar esas libertades también, pero de allí a convertirlo en repudio a las indispensables medidas adoptadas por el Gobierno nacional para preservar vidas, incluso la de los quejosos, resta toda legitimidad -y menos aún democrática- a esos comportamientos.

En el mundo entero las Economías de los Estados sufren pérdidas cuantiosas, no siendo iguales las reacciones de los Gobiernos con relación a los efectos de esa índole que producen en su población. En cualquier caso, con menor o mayor asistencia, las economías particulares de todos y cada uno de los ciudadanos también son –y serán- afectadas, es inexorable tanto como que deberá recurrirse a los ahorros si se los tiene.

Ahora bien, en lo que concierne a las capas medias cuyos integrantes forman parte del coro de quejosos repudiantes o de movilizados (empleados con ingresos por encima del promedio, profesionales, comerciantes, pequeños y medianos empresarios), a quienes también asiste el Estado en la emergencia, en general poseen ahorros. Muchos en dólares, que desde hace tiempo constituye un valor refugio contra la inflación y responde en gran medida a experiencias funestas hiperinflacionarias (“Rodrigazo” en 1975, taimada “tablita” de Martínez de Hoz hasta 1979 y el remate de Sigaut en 1980 –quien dijo una noche “el que apuesta al dólar pierde” y a la mañana siguiente produjo una devaluación del 40%-, golpe de Mercado -precedido de erróneas políticas- a Alfonsín en 1989, mentirosa convertibilidad del 1 a 1 con Menem y De la Rúa conducidos por la mano de Cavallo, que implosionó en 2001, sucesivas devaluaciones con Macri en 2018 y 2019).

Es razonable que esos ahorros tuvieran otros destinos (la compra de un inmueble, cambiar de auto, un viaje, un reaseguro de retiro, atender a otros consumos deseados o a necesidades particulares), pero dan cuenta de la posibilidad de solventar sus gastos cotidianos -reducidos actualmente- y de estar lejos de la desesperación de muchos otros que si pierden el trabajo, o le reducen sus salarios con suspensiones o se ven imposibilitados de una changa diaria no podrán subsistir con un mínimo de dignidad.

Los “anti” Estado

El gran empresariado fue beneficiado por las políticas implementadas entre 2003 y 2015, pero en los últimos años de ese período no le pareció suficiente ni se avino a las enormes transferencias de ingresos a los sectores populares. Se quejaban de los impuestos, de las restricciones a la compra de divisas, de los niveles salariales alcanzados que -a su entender les restaba competitividad-, de la rigidez de las leyes laborales -que decían conspiraban contra la productividad-, de la –aducida- falta de inserción de la Argentina en el mundo que, sumado a otros factores antes aludidos, impedía la llegada de inversiones extranjeras.

Responsabilizaban al “populismo” que determinaba una invasiva acción del Estado, que al intervenir en el libre juego del Mercado y entrometerse en la actividad privada asfixiaban a la Economía. Reclamaban un cambio, apoyaron la llegada de Macri y no levantaron la voz frente a los recurrentes desastres de su equipo de gobierno, a la degradación institucional y al constante menoscabo de la democracia. A pesar de todo ello, volvieron a acompañar a esa fuerza convertida en Juntos por el Cambio en las elecciones del 2019 y, advertidos después de las Primarias (PASO) de su previsible fracaso electoral, comenzaron a recalcular y quejarse de la recesión, la inflación, la falta de crédito e inversión externa.

De todo eso fue partícipe la llamada “burguesía nacional”, denominación a la que son afectos quienes creen que el Capital tiene nacionalidad, y que ha dado reiteradas pruebas de defecciones frente a cada crisis, como de un exclusivo interés prebendario que les permita maximizar sus ganancias.

Con la irrupción de la pandemia, denotando mayor apego a los fines que a los principios, corrieron en busca del Estado para que los subsidie, pague los salarios de su personal, les facilite el acceso al crédito a tasas ínfimas, les rebaje los impuestos y conceda moratorias por las deudas acumuladas, los exima o les reduzca sustancialmente las contribuciones a la seguridad social y, con la sensibilidad que los caracteriza, ponga en marcha la Economía destruida por Macri –no por el virus- a riesgo de la salud y la vida de quienes trabajan.

El relato de los males generados por el Estado interventor, promotor de la vagancia con la asistencia a los más desposeídos, propulsor de la corrupción en su faz populista, inhibidor de las benéficas inversiones externas, también lo compraron e hicieron suyo vastos sectores medios de la población. Que siguieron un derrotero similar al anteriormente descripto entre 2003 y 2019, como también se pusieron en la fila para recibir ayuda estatal –que efectivamente vienen recibiendo- a la par que le exigen a ese mismo Estado que lo dispense de toda carga e, incluso, llegan a considerar confiscatorio un impuesto a las grandes fortunas que jamás tributaran.

Protección del empleo

El hilo siempre se corta por lo más fino, dice un dicho que es un hecho incontrastable en el ámbito laboral, donde es de manual (empresario) que frente a cualquier dificultad se debe echar mano a los recortes de personal.

Proteger el empleo es una obligación primaria del Estado, que se acentúa en una crisis y se incrementa en situaciones excepcionales como las que hoy enfrentamos. De allí que apenas asumida la Presidencia, Alberto Fernández declarara la “emergencia ocupacional” (DNU N° 34/2019) y estableciera por 180 días un agravamiento (duplicación) de las indemnizaciones por despido injustificado o por causas económicas, para inhibir conductas de aquella índole.

Próximo a vencer ese plazo, ante la predecible prórroga en el actual contexto cuanto menos por otros seis meses, vienen pronunciándose los escribas al servicio de las grandes Corporaciones pivoteando sobre el planteo, alternativo o conjunto, de dos argumentos.

Uno, que resulta innecesario mantener la vigencia de ese dispositivo normativo, estando a que rige la prohibición de despidos (DNU N° 329 y N° 487 del 2020). La realidad, única verdad, desmiente tal razonamiento. Teniendo en cuenta que esa “prohibición” ha sido infringida en muchos casos, a sabiendas de la morosidad -o miopía- de la Justicia, y se hubiera incrementado exponencialmente de no mediar el sobrecosto de las cesantías. Por lo cual, esas normativas lejos de ser antagónicas son necesaria, y efectivamente, complementarias.

El otro, que cualquier alteración del régimen de despido libre tal cual lo regula la ley (tarifa simple indemnizatoria de la LCT), sólo podría ser temporaria y por un plazo acotado para no incurrir en inconstitucionalidad. La falacia consiste en una sesgada, descontextuada y anacrónica interpretación del artículo 14 bis de la Constitución.

Esa norma establece la estabilidad propia del empleado público (su despido sólo puede disponerse por una causa justificada), mientras que acuerda “protección contra el despido arbitrario” para quienes se desempeñan en el sector privado sin definir el modo en que se concretará esa tutela. La diferencia de la expresa modalidad impuesta para los agentes del Estado, resulta de la ostensible exposición a verse afectados por los cambios de Gobierno, pero de manera alguna importa la imposibilidad de brindarle similar garantía a cualquier otra persona que trabaje en relación de dependencia.

Ha sido por leyes del Congreso como se determinó la “protección” a los restantes trabajadores, lo que habilita a que se refuerce en materia indemnizatoria o incluso se equipare a la del empleado público por vía legislativa. Conclusión, que cobra mayor sustento después de la reforma constitucional de 1994 que incorporó con igual rango Tratados Internacionales de Derechos Humanos, lo que despeja toda duda acerca de que las personas gozan tanto del derecho de trabajar como del derecho a trabajar, y que el derecho de propiedad de los medios de producción está sujeto a su función social.

Procedimientos tutelares reforzados son resistidos, irreflexiva o aplicadamente, por personas que se desempeñan como mandos medios, ocupan puestos jerárquicos o gerenciales, y se manifiestan como acérrimos defensores de la libertad de despido. Pensando que alinearse con sus patrones les asegura un futuro promisorio.

Quizás convendría que repasasen lo ocurrido en los años 90’ con la flexibilización laboral, cuando en cualquiera de esas posiciones se reemplazaba a los antiguos fieles servidores por jóvenes más disciplinables, con algún título universitario (de grado o posgrado), con menores pretensiones salariales y que, una vez sustituidos, contando con más de 45 años de edad les era virtualmente imposible acceder a un nuevo empleo.

Indignados Pro republicanos

“Se podría decir que un 25 de Mayo un grupo de unas 100 personas se juntó en la Plaza de Mayo al grito de “Libertad”. Pero no se está hablando de 1810 sino de este lunes patrio 2020. Los manifestantes no llevaban paraguas sino barbijos y protestaban por la extensión de la extensión de la cuarentena por coronavirus”. Informaba Clarín, recogiendo además algunas de las consignas que (en pancartas o vociferando) daban cuenta de los reclamos de los quejosos.

Entre ellas: “sueltan asesinos y violadores pero si vos querés trabajar vas preso”; “Queremos trabajar, queremos trabajar”; “La gente necesita comer, trabajar”; “Pedimos honestidad, coherencia, sentido común…todo lo que estos no tienen” (con referencia al Gobierno); “Cuarentena inconstitucional. Violación de derechos”; “El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente” (frase impresa en una silueta que identificaba a Cristina Kirchner); ”Basta de cuarentena. Respeten nuestros derechos”.

Junto a otros muchos disparates, que replicaban similares consideraciones de opositores políticos y periodistas opositores, afirmaban que el virus no existía sino que era un invento de La Cámpora y Cristina para someter a la población, que el kirchnerismo quería convertir al país en Venezuela o Cuba; que el Presidente estaba en manos de pseudos científicos a los que contradecían las opiniones de infectólogos ignotos; que el COVID-19 era una mentira global; que Alberto Fernández estaba usando el nuevo orden mundial para controlar la soberanía de los países.

Por supuesto, más allá de la inconsistencia de esas expresiones y de la actitud desaprensiva que demostraban frente a los demás al violar las normas sobre aislamiento, distanciamiento y prohibición de reuniones en lugares públicos o privados, ninguna reflexión les merecía –aún frente a preguntas de periodistas- las regulaciones similares (incluso con declaración del Estado de sitio o el Toque de queda) que regían en países vecinos (Chile, Bolivia, Perú Ecuador, distintos Estados de Brasil), de Latinoamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Méjico) y de Europa (Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Dinamarca).

Como en lo tardanza en adoptar esas medidas que provocó miles de muertes, colapsos en los sistemas de salud y la consecuente decisión médica de quien podía valerse de un respirador o no (de quien podría vivir o dejarse morir).

En ese frenesí destituyente, irracional, de corta mirada y más corta memoria, puede esperarse cualquier cosa, sobre todo de los que se convierten en ciegos seguidores de los cultores del odio. Aunque en lo humano, la realidad puede superar a la ficción y a la más frondosa imaginación.

Sólo así puede entenderse la reciente Declaración (“Decimos No a la Violencia Institucional”) del Partido de Macri, cuya máxima conducción hoy ostenta la política polivalente (dado su recorrido por todo el espectro ideológico) y entusiasta represora, Patricia Bullrich, en la cual con absoluta desfachatez se proclama: "El PRO exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al Gobierno Nacional no ser indiferente, pues el silencio es cómplice (…) No vamos a permitir que, amparándose en el cumplimiento de las políticas sanitarias y de aislamiento social obligatorio, se violen los derechos humanos de los argentinos y, mucho menos, seremos indolentes cuando se atenta contra la vida misma".

Que no siga el Corso

Esta turbulenta época plagada de farsantes, antifaces y disfraces que ocultan los gestos hipócritas o alientan a componer personajes que animen a vencer barreras como en un baile de Carnaval, evoca unos versos de un viejo tango, “Siga el Corso” (Aietta y García Giménez – 1926): “Sacate el antifaz te quiero conocer (…) Mostrate como sos. Detrás de tus desvíos todo el año es Carnaval”.

La voluntad conciliadora, el afán de superar los desencuentros, la aspiración de consolidar una convivencia democrática respetuosa de la pluralidad y la diversidad, no puede prescindir de que la unión de todas y con todos jamás será factible con aquellos envenenados por el odio que no están dispuestos a hacer el menor esfuerzo por lograr esa unidad, ni la desean.

Ser consciente de ello y actuar en consecuencia es un imperativo. Es hora de marcar diferencias con los que se quedaron con la torta y no nos dejaron ni las migas en la fiesta de globos amarillos. Se terminó el Carnaval, no puede seguir el Corso y dejar que sigan como si nada los “corsarios”.

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.