Redistribución, reformas de fondo y renegociación de la deuda, los primeros diez días de Alberto Fernández

Aunque con errores no forzados, el paquete de leyes aprobado por el Congreso, la intervención de la AFI y la implementación de la tarjeta alimentaria arrojan un saldo positivo en los primeros días del Gobierno nacional.

22 de diciembre, 2019 | 00.05
Redistribución y renegociación de la deuda | Alberto fernández

En menos de dos semanas, Alberto Fernández logró aprobar un ambicioso paquete legislativo, resistido por sectores de la oposición en ambas cámaras. Anunció subas para las jubilaciones y los salarios más bajos. Dispuso facilidades para las PyMEs que estaban en una situación terminal. Imprimió las primeras siete mil tarjetas del plan contra el hambre: ya hay diez mil niños en la ciudad más pobre del país cuyas familias perciben entre cuatro y seis mil pesos extra por mes para comprar alimentos. Ejecutó un impuestazo redistributivo que toma recursos de los sectores superiores de la pirámide social para volcarlos en la base. Anunció reformas de fondo del Poder Judicial e intervino la AFI mientras se vieron las primeras señales de que se está desarmando la trama que sostiene al lawfare y se prepara una ley para eliminar las jubilaciones de privilegio. Comenzó a renegociar la deuda heredada y logró que la Argentina volviera al mercado de crédito voluntario. A esta altura de 2015, Mauricio Macri ya estaba de vacaciones. Ahora también. Debe ser casualidad.

Hubo errores no forzados que pusieron en riesgo la aprobación del proyecto y fueron subsanados con modificaciones al texto o el compromiso de futuras normas que subsanen la falta. La comunicación fue pobre y le cedió la iniciativa a una narrativa opositora durante 72 horas clave. El vértigo de los primeros días de la gestión puede hacer que se pasen por alto cosas que de afuera resulta evidentes. Por ejemplo: si se suspende por seis meses la fórmula de movilidad previsional sin explicarle a los jubilados qué va a pasar con ellos, va de suyo que habrá incertidumbre y malestar. En vísperas de Navidad, la mayoría de las segundas y terceras líneas aún no tienen firma porque sus nombramientos no se hicieron oficiales en el Boletín Oficial. Eso significa que en plena emergencia los ministros tengan que encargarse personalmente de que se paguen los aguinaldos o haya papel higiénico en el baño. El gobierno aduce fallas severas en el sistema de software que sostiene la administración del Estado. Es veraz pero no constituye una excusa válida.

El saldo, en principio, resulta positivo. El 10 de diciembre, Fernández asumió en un país que caminaba por un angosto despeñadero. Para un lado, el riesgo de caer en una hiper; del otro lado, un default. Ninguno de esos peligros está aún conjurado pero en poco tiempo supo poner, al menos, una baranda a cada costado. Hoy, ese riesgo parece bastante más remoto. Al menos así lo evalúan los propios tenedores de bonos argentinos, que subieron alrededor de un veinte por ciento. O quienes compraron Letes por casi 19 mil millones de pesos el viernes, a seis meses y con una tasa más baja que en agosto, cuando al gobierno anterior se le cerró esa canilla. En el equipo del flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, confían sotto voce que las negociaciones con acreedores privados están avanzadas y podrían anunciarse buenas noticias antes de lo que estaba estipulado. Lo mismo sucede con las nuevas autoridades del Fondo Monetario Internacional, bien predispuestas a encontrar una manera elegante de safar del entuerto que dejó Christine Lagarde.

A pesar de los lamentos opositores, la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo ha sido prácticamente una constante en la historia argentina. Desde la década del 60 (caso Prattico) existe jurisprudencia favorable a este tipo de normas, que según la interpretación de diversos tribunales a lo largo de medio siglo no choca con el artículo 29 de la Constitución Nacional, donde se establece que el Poder Legislativo no puede concederle al Presidente “facultades extraordinarias ni la suma del poder público”. Existe una diferencia cualitativa entre una autocracia y la potestad para decidir si cierto impuesto tiene una carga de treinta puntos o de treinta y tres. La reaparición de Elisa Carrió, que calificó como una “dictadura” al gobierno de Fernández y amenazó con acudir a la OEA para frenar sus decisiones, habla menos de la naturaleza jurídica de la norma aprobada que de la decisión de un sector de la oposición en la Argentina de ubicarse más allá de las reglas de juego de la democracia. Otro peligro que el nuevo presidente deberá conjurar.

Ese es uno de los motivos por los que en el Frente de Todos están evaluando avanzar con un proyecto que congele por 180 días los salarios de funcionarios jerárquicos y legisladores. La respuesta al reclamo que enarbolan opositores tan disímiles como Nicolás del Caño y Waldo Wolff apunta a dar un gesto simbólico, porque en términos monetarios el ahorro es anecdótico, y al mismo tiempo quitarle un argumento a quiénes ya fantasean con escenarios similares a los de Chile, por izquierda, o Bolivia, por derecha. “Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet”, dicen que decía el machirulo de Julio César. Es por ahí. No se puede decir lo mismo de la exención que gozan los judiciales del pago del impuesto a las ganancias, que no solo constituye un privilegio indebido sino que incurre en un dolo significativo para las finanzas del Estado. Sería deseable que la Corte Suprema de Justicia esté a la altura de las circunstancias del país y actúe en consecuencia. Caso contrario, la impaciencia de la sociedad podría golpear también sus puertas.

La eliminación de las jubilaciones de privilegio corre en el mismo sentido. Fue un error del Gobierno no haber sido claro en sus planes al respecto porque dio una señal equívoca respecto a dónde recae el mayor esfuerzo para superar la crisis. Pero también porque es necesario recaudar en esas cajas si se quiere ir hacia un sistema más justo. En la mayoría de los países desarrollados, la diferencia entre una jubilación mínima y la más alta es de dos a tres veces; en la Argentina es de más de siete. De cada cinco pesos que gasta el Estado para pagar jubilaciones, uno se dedica a haberes que superan los ciento ochenta mil pesos. Achatar la pirámide previsional no es un efecto no deseado de un plan para el sector pasivo, sino que debe ser su objetivo principal. Así lo fue durante los doce años de kirchnerismo y es la única manera de tener seguridad social pública, sustentable y suficiente para todos. Las alternativas son la privatización, la quiebra, o condenar a más de cinco millones de jubilados a la mera subsistencia.

Con el sistema previsional pasa lo mismo que con la justicia federal y los servicios de inteligencia: todo el arco político coincide en que funcionan mal y así como están resultan inviables, pero cuando alguien se propone reformarlos para resolver esos problemas, los mismos que se rasgaban las vestiduras ahora ponen el grito en el cielo. El viernes entró en funciones Cristina Camaño como interventora de los espías. Como fiscal, ella estuvo a cargo de la oficina de escuchas cuando dependía de la procuradora Alejandra Gils Carbó. El plan de Fernández para cambiar de raíz los órganos de inteligencia en Argentina está guardado bajo mil llaves, pero incluirá devolverle al Ministerio Público Fiscal esa tarea. Poco más se sabe del futuro, aunque en el Boletín Oficial del viernes hay una pista: el decreto sobre la estructura organizativa de la Administración Nacional, que incluye a todos los ministerios, secretarías y agencias que dependen directamente del Poder Ejecutivo, no contempla a la AFI. Simplemente, no aparece en el organigrama.

Quedan varias incógnitas que deberán responderse en el futuro cercano. Desde el gobierno aseguran que los aumentos jubilatorios para marzo y junio, que se decidirán por decreto, estarán por encima de lo que establecía la fórmula anterior para las jubilaciones más bajas. Habrá quienes tengan sus justas razones para desconfiar: demasiados gobiernos resultaron infieles a sus promesas como para poder reprocharle nada a los escépticos. Resta por verse qué sucederá con los jubilados que están lo suficientemente encima de la mínima como para no verse beneficiados por los aumentos, pero todavía muy lejos de un ingreso que permita ahuyentar la pobreza. Es de esperar que también reciban algún tipo de alivio. En los próximos meses sabremos también cuál fue el saldo fiscal del paquete de medidas. Será difícil sostener que hubo un ajuste, como dice la oposición, si el resultado es una expansión del gasto público apuntada a reforzar los ingresos de los sectores más postergados, como asegura el oficialismo. El tiempo pondrá las cosas en su lugar.

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