Se viene un nuevo traspaso de los canales de comunicación oficiales del Gobierno en redes sociales ante el cambio de gestión. Todo lo que está en manos de Cambiemos pasará al equipo de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre.
YouTube, Facebook, Twitter e Instagram son las cuatro redes sociales principales y más usadas en el Estado. Quien lidera hoy dentro del equipo macrista este espacio digital es Julián Gallo, parte de la Secretaría de Comunicación Pública que maneja Jorge Grecco y depende de la Secretaría de Presidencia de Fernando De Andreis. Gallo maneja las cuentas de Mauricio Macri y Casa Rosada. Y Pablo Pérez Paladino y Patricio Thompson, que dependen de Jefatura de Gabinete, coordinan las cuentas de los ministerios.
La idea del Gobierno actual es no borrar absolutamente nada de los contenidos que se realizaron en estos cuatro años. Según pudo saber El Destape, la intención del presidente entrante Alberto Fernández y su equipo es darle continuidad a los mismos canales de redes sociales de todos los ministerios y cuentas institucionales sin eliminar nada. Así, la intención de las dos partes es que haya pervivencia.
Llamativamente, el macrismo quiere guardar un "archivo" de todo lo hecho en redes en estos cuatro años. ¿Cuál es el plan? Generar un background e institucionalizarlo vía el Archivo General de la Nación. Y así crear dos tipos de archivos. Un archivo “vivo”, que es creando cuentas espejo en las propias redes. Y uno “muerto”, que es descargar todo el contenido y guardarlo en carpetas.
Un ejemplo del primer caso sería que el usuario de Twitter de Casa Rosada (@CasaRosada) tenga una cuenta paralela nueva denominada @CasaRosada2015-2019 con toda la información y tuits del período macrista. Este hecho sucedería sólo con esta cuenta y no con todas las institucionales que manejó Cambiemos y las continuará el plantel del presidente entrante.
Sucedería algo similar a lo que tanto cuestionó el macrismo en el traspaso anterior con la cuenta Casa Rosada que terminó reconvertida en un archivo de los años kirchneristas luego denominada "Casa Rosada 2003-2015". Sin embargo, en ese caso la cuenta original no cambió de manos sino que el nuevo gobierno tuvo que crear una nueva. En este caso, sí habría continuidad pero con ese mismo archivo.
LOS ANTECEDENTES DEL MACRISMO EN BORRAR MATERIAL
El macrismo tiene en su haber (o debe) algunos antecedentes sobre borrado de material pasado. Apenas asumió eliminó todo el archivo del portal de noticias judiciales. ¿Quién fue el responsable? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que condujo Germán Garavano.
El ministro había decidido eliminar de la web más de diez mil investigaciones periodísticas y notas de prensa publicadas por Infojus Noticias, portal que dedicó amplias coberturas a temas como violencia institucional, violencia de género, lavado de dinero o civiles imputados en delitos de lesa humanidad.
Otro caso es el de los expedientes públicos de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que según reveló El Destape, corren riesgo de desaparecer. Así lo confirma un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). "Cuando Macri llegó a la presidencia trasladó a la Nación el sistema de expediente digital que utilizaba como Jefe de Gobierno porteño. Ese sistema, llamado Gestión Documental Electrónica (GDE) y que es por donde pasa toda la información del Estado, está plagado de fallas. No cuenta con back up ni plan ante desastres, no funciona la mayor parte del día, no garantiza confidencialidad ni existe control sobre quienes lo usan, menos de la mitad de las personas que lo utilizan fue capacitada, no está claro de quién es la licencia y, para colmo, el Gobierno no dejó que se auditara de forma completa. Como es modelo Macri, también hay un negocio, con un proveedor único sobre el que hay sospechas de conexión con el funcionario a cargo de implementar el GDE", reveló este portal.
En el plano medios el macrismo pisó fuerte en el plano público. Tal fue el caso del Archivo Prisma, lanzado en octubre de 2015 bajo la gestión de Tristán Bauer, plataforma que recopilaba más de 80 piezas audiovisuales del país (entre ellas registros históricos de la Televisión Pública y Radio Nacional). El mismo fue cerrado el 29 de noviembre de 2017 y relanzado bajo el nombre Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina. Con el cierre de Prisma, RTA restringió el acceso a materiales y, a casi tres años de la apropiación, se subieron a la plataforma aproximadamente 411 videos, de los cuales 214 ya estaban subidos en el canal de Youtube. De esta manera, solo hubieron 197 videos nuevos, mientras la plataforma Prisma subía un promedio de 80 piezas por semana. Y además se borró contenidos gratuitos a los cuales podía accederse desde Youtube y ocultó muchos otros.
Por otra parte, gran parte contenidos del ex Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) se encuentran fuera del alcance de los argentinos debido a las maniobras del gobierno que dejaron sin mantenimiento a las plataformas ni financiación a las producciones. De acuerdo con un informe que lleva la firma de Ezequiel Rivero para el portal Letra P de las 3006 horas de contenido que llegó a tener el banco y que estaban disponibles para los 72 canales adheridos y también eran subidos a la extinta plataforma Contenidos Digitales Abiertos (CDA), unas 2289 horas no son accesibles al momento. Cifra que asciende a 2808 si se contemplan todos los contenidos que eran cedidos al BACUA por universidades y otras dependencias del Estado. El cierre de CDA, a fines de 2016 por decisión del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi inhabilitó cerca de 2000, que terminó de completarse con el fin del área de contenidos de la TDA.
Y por su parte, los trabajadores del Archivo General de la Nación denunciaron, mediante un comunicado, la situación de "desidia y negligencia" que atraviesa el edificio como así también el mal estado en el que están conservados los documentos. Tras recopilar una serie de situaciones que atestiguan de la dramática realidad que viven los trabajadores en el edificio, se dirigen a las autoridades del Ministerio del Interior para exigirles "que se arbitren los medios necesarios para proteger la memoria histórica de nuestro país, evitar futuros desastres y reconocer la insalubridad de las tareas realizadas".
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