La voluntad del macrismo de controlar a la Justicia no tiene límites. Eso quedó de manifiesto apenas asumió cuando intentó ubicar a dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión. La manipulación del tercer poder del Estado continuó a lo largo de la gestión y en la actualidad se refleja en el caso Bruglia o en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país que, entre otras cosas, debe revisar las sentencias de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOF) que llevan adelante los juicios políticos más sensibles del país.
Un nuevo escándalo
El 15 de marzo Cambiemos encaminó una nueva designación controvertida, al aprobar en el Consejo de la Magistratura que Leopoldo Bruglia quede como juez definitivo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Poco le importó a la alianza de Gobierno que no haya habido concurso ni sorteo para elegir al ocupante de la sala I del mentado tribunal (que revisa lo que se resuelve en los doce juzgados federales de Comodoro Py). Menos aún que no se respetaran las reglas de competencia, ya que Bruglia provenía de un tribunal oral. Ahora restan un decreto presidencial y la jura, para que el magistrado pueda asumir.
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En un trámite exprés y por 9 votos contra 2, los consejeros resolvieron proponer a Bruglia como camarista (Gabriela Vázquez y Mario Pais votaron en contra; Jorge Candis se abstuvo y Rodolfo Tailhade no se encontraba en el país).
Bruglia estaba subrogando el cargo que había quedado vacante tras el desplazamiento de Eduardo Freiler, que pudo ser removido en noviembre pasado tras una maniobra que rozó la ilegalidad en el Consejo y que contó con la complicidad del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Este juez, quien estaba en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, no concursó para el cargo de camarista, que tiene otras competencias. “Es un nombramiento absolutamente direccionado”, cuestionan desde la oposición.
El antecedente
También fue escandalosa la llegada del ex ministro de María Eugenia Vidal, Carlos Mahiques (llegó ahí por una licencia que pidió en la justicia), a la Cámara Federal de Casación Penal, en mayo de 2017. Con él se inició una avanzada oficialista que prontamente sumará el nombramiento de cuatro magistrados para cubrir vacantes que no se lograron ocupar por años ante la paridad de fuerzas que existía en el neurálgico Consejo de la Magistratura.
En tribunales se menciona que Diego Barrotaveña y Daniel Petrone llegarán a la Casación, de no mediar inconvenientes. Restan definirse otras dos ternas (ya fueron giradas al Ejecutivo), en las que el oficialismo negocia con un sector del peronismo, actor clave para facilitar los votos en el Senado: se necesitan los dos tercios para que el nombramiento quede firme.
Con los cambios, durante su gestión Macri habrá nombrado 5 camaristas a los 8 que ya estaban (y de los cuales 5 se pronunciaban generalmente en sintonía con sus intereses). E intenta desplazar a la jueza Ana Figueroa, quien no suele manifestarse en línea con los deseos de la Casa Rosada. Para lograrlo, se ocupa de que avancen una serie de acusaciones en su contra en el Consejo.
La denuncia más comprometedora en la actualidad es una del Colegio de Abogados de la calle Montevideo en la que se la acusa de “dádivas” por haber aceptado unas cajas con material electrónico para la cámara (monitores, televisores, computadoras) que habían sido habilitadas por el ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de Julio De Vido. Lejos de estar escondido, el instrumental se encontraba en un sector común de la cámara.
Un dato contextualiza la avanzada: Figueroa debe resolver si la llegada de Carlos Mahiques a la Cámara Federal de Casación Penal fue legal. El traspaso tiene similitudes con el de Bruglia. El nombramiento de Mahiques incumplió la Constitución, el reglamento de concursos para la designación de jueces, el que regula los traslados y las máximas que rigen la conducta de los magistrados. Accedió a una cámara federal desde la Cámara Nacional de Casación porteña, vía decreto.
El instructor de la denuncia contra Figueroa es el consejero Juan Mahiques, hijo de Carlos y funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De aceitados vínculos con el operador judicial del PRO Daniel Angelici, es el representante del Ejecutivo en el Consejo.
Pero un suceso que se conoció también el 15 de marzo puede modificar el escenario: la Corte Suprema de Justicia negó la habilitación al TOF 9, que se compuso de forma irregular, en base a una ley que habilita la conversión de jueces ordinarios en federales. Es el tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner. Esto dejó abierta la posibilidad de que tanto la situación de Bruglia como la de Mahiques sean cuestionadas.
Para la Corte “queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia especifica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de ‘una transformación’ o de ‘un traslado’. Este no está previsto en parte alguna de la Constitución Nacional”, sentenciaron y le marcaron un límite a la ambición macrista.
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