En otro 3 de enero, Estados Unidos impuso su hegemonía militar sobre América Latina

En diciembre de 1989, Panamá experimentó uno de los fines de año más convulsionados de su historia. Bajo el argumento de desarticular los cárteles del narcotráfico del Caribe, Estados Unidos lanzó ataques contra estructuras delictivas vinculadas por entonces al Cartel de Medellín. En ese contexto, Carlos Lehder —uno de sus jefes y figura cercana al dictador panameño Manuel Antonio Noriega (1983-1989)— negoció con autoridades estadounidenses su testimonio como parte de su estrategia de defensa frente a los cargos que enfrentaba por narcotráfico y lavado de dinero.

Con la colaboración de la CIA y la DEA, Washington orquestó la operación encubierta “Causa Justa”, luego de presionar infructuosamente por la renuncia de Noriega. Finalmente, el 3 de enero de 1990, tras casi un mes de asedio y más de cuarenta muertos, las fuerzas estadounidenses invadieron el pais, capturaron a Noriega y lo trasladaron a Estados Unidos. En 1992, quien supo ser informante de la CIA, fue juzgado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida y declarado culpable de ocho cargos por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, y fue condenado a 40 años de prisión. La pena se redujo a 30 años, luego de los cuales Noriega fue extraditado a Panamá.

Treinta y seis años después, no casualmente otro 3 de enero, Estados Unidos utilizó el playbook Noriega para intervenir Venezuela y marcar un punto de inflexión en la geopolítica hemisférica. Este “manual de operaciones” comenzó a perfilarse en 2020, después de dos décadas atravesadas por intentos fallidos de desplazar al chavismo: golpes de estado frustrados, “presidentes interinos” autodesignados pero reconocidos internacionalmente, deslegitimaciones internacionales, y sanciones diplomáticas, económicas y financieras. Con la llegada del segundo gobierno de Trump (2025), lo que a lo largo del primer año de su mandato se expresó bajo la forma de amenazas, presiones diplomáticas y operaciones encubiertas terminó en una acción militar directa, que puede -y debe- ser interpretada como una agresión contra la soberanía venezolana.

Cinco años antes, durante el último año del primer mandato de Donald J. Trump, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con el respaldo del Departamento de Justicia y la DEA, presentó cargos contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo, conspiración para traficar drogas y posesión de armas vinculadas al narcotráfico. Asimismo, el gobierno estadounidense ofreció recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que permitiera la captura del mandatario venezolano.

La causa judicial construyó la lógica fundamental para que Washington autorizara operaciones dirigidas por la CIA y la DEA, que en los últimos meses incluyeron ataques a embarcaciones con supuestos cargamentos de cocaína en el Caribe e infiltraciones en el círculo íntimo del gobierno venezolano. Según un informe del New York Times, fue un agente infiltrado quien facilitó la ubicación de Maduro y su esposa antes de su captura, el 3 de enero de 2026, sugiriendo quiebras y traiciones dentro del chavismo más acérrimo.  

¿Y ahora qué? Incertidumbre institucional y riesgos regionales

En el fragor de los acontecimientos, sólo podemos plantearnos complejos interrogantes, no solo relacionados a la Operación en sí -conocida como Resolución Absoluta- , sino sobre el escenario que se abre para Venezuela y las implicancias para América Latina.

Tras la captura de Noriega (enero de 1990), Estados Unidos impuso un presidente, disolvió las Fuerzas Armadas y digitó un largo proceso de transición política de unos cuatro años marcado por una fuerte presencia militar y control directo de una de las zonas estratégicas más importantes del continente, el Canal de Panamá, hasta finales de la década. Ese antecedente nos obliga a pensar y cuestionar qué tipo de transición planea imponer Washington sobre Venezuela, discutir las implicancias de esta nueva acción ilegal del gobierno estadounidense sobre un país soberano y la violenta injerencia sobre la región, además de interrogarnos sobre la continuidad institucional en ese país. 

Aunque Estados Unidos sostiene que Maduro y varios miembros del gobierno venezolano forman parte del cartel de los Soles, solo él y su esposa fueron capturados. Esto pone el foco sobre las negociaciones previas a la operación y los objetivos reales de Washington, que parecen orientarse a usar el derrocamiento de Maduro como un instrumento de presión política y negociación internacional, que actuará cuál espada de Damocles sobre el gobierno de transición que Washington configure. 

Pese a la afirmación de Trump de que “ningún integrante del régimen será tolerado en el nuevo proceso de transición”, el presidente estadounidense declaró contradictoriamente que la vicepresidenta Delcy Rodríguez había sido contactada para coordinar la transición política. Rodríguez negó públicamente cualquier comunicación con Estados Unidos, afirmó que “el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro”, y pidió por su liberación.

Esto sugiere que la caída de Maduro no implica necesariamente el fin del chavismo, por más agrietado y en estado de shock que este se encuentre. El movimiento sigue siendo un actor político central, y la intervención estadounidense plantea un escenario de alta volatilidad y crisis político-institucional de compleja Resolución. 

Trump ya anunció que Estados Unidos mantendrá su presencia militar en Venezuela y que gobernará “hasta garantizar una transición segura y racional”, que hay diferentes opciones políticas sobre la mesa, pero no ciertamente un plan de salida. El recuerdo de Afganistán -un país devastado tras dos décadas de intervención militar, cuyo gobierno títere colapsó tras el retiro estadounidense, y habilitó el retorno (acordado con las fuerzas de ocupación) de los fundamentalistas expulsados otrora del poder-funciona como advertencia del tipo de transición que puede esperarse e incluso del destino de aquellos que apoyen al gobierno de turno. 

En este contexto, Estados Unidos parece decidido a explotar políticamente la captura de Maduro para dividir y debilitar al chavismo y moldear un gobierno alineado con sus intereses, especialmente en torno al control de los recursos energéticos. Así, la lógica sería instaurar un gobierno tutelado, que cambiará de títere, pero no de titiritero, y asegurar acceso preferente de capitales estadounidenses a recursos estratégicos. Que se anuncie una inversión petrolera acelerada en paralelo a la intervención directa del país no es una casualidad; es la implementación económica de la doctrina Monroe versión 2025.

Trump lo expresó así, sin ambigüedades, en más de una ocasión:

• “Haremos que nuestras enormes compañías petroleras estadounidenses… entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada —la infraestructura petrolera— y empiecen a generar dinero para el país”
• “Construimos la industria petrolera de Venezuela con talento, empuje y habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó” 
• “Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza de la tierra, y esa riqueza irá al pueblo de Venezuela… y también a los Estados Unidos de América en forma de reembolso”.

Lo que se juega excede a Venezuela. Sin medias tintas, esto se enmarca en la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional anunciada en noviembre de 2025, que incorpora un Corolario Trump a la Doctrina Monroe, orientado a disciplinar a los gobiernos de la región y reposicionar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, expulsando a otros potenciales actores estratégicos extra-hemisféricos bajo el paraguas de la “seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Aunque Trump evitó una declaración hemisférica general, sus acciones y mensajes dejan entrever líneas claras de política exterior. La región se enfrenta a situaciones de gobernabilidad con condiciones, en la que la intervención o presión depende de qué lado de la batalla cultural se encuentre quien gobierne. Argentina ha sido otro ejemplo de ello. A eso se suma el retorno de la presencia reforzada y explícita de las Fuerzas Armadas estadounidenses, un intervencionismo militar que no se veía desde hacía tres décadas. El saqueo de los recursos estratégicos y un claro mensaje a la región: todo gobierno que no se alinee enfrentará presiones políticas, económicas e incluso militares. 

La declaración de Trump va más allá de una simple intervención temporal: establece un precedente explícito sobre la disposición de Estados Unidos de gobernar directamente un país soberano si considera que la transición posterior “no será adecuada”, y sugiere que esa política puede ser un modelo para futuras relaciones hemisféricas, especialmente con gobiernos que no coincidan con los intereses estadounidenses. México, Colombia, Nicaragua y Cuba tienen ahora la dudosa distinción de haber sido señalados como los próximos posibles. Y lamentablemente, en la larga y desigual relación entre Washington y América Latina, esta intervención se inscribe más en la lógica de las continuidades históricas que en las rupturas, bajo las racionalidad de dominación hegemónica de siempre.