Cambiemos presiona para crear un sistema de ART que beneficie a los empresarios

14 de diciembre, 2016 | 14.50
Luego de que el gobierno de Mauricio Macri y la CGT llegaran a un acuerdo para modificar la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), el Senado se apresta a darle media sanción a esta iniciativa reclamada por los empresarios, que buscan reducir los costos de las primas de riesgo, y que le otorga más poder a las comisiones médicas, que dependen de las propias compañías aseguradoras.

La nueva ley de ART que envió el Poder Ejecutivo establece que las comisiones médicas deben ser la instancia obligatoria previa a la realización de un eventual juicio por accidentes laborales. El argumento que dio el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, es que la ganancia empresaria se ve amenazada por la suba de las primas de riesgos que les imponen las aseguradoras ante el crecimiento de "la industria del litigio". Y apuntó: "A pesar de que ha bajado la siniestralidad alrededor del treinta por ciento en los últimos años, ha aumentado la litigiosidad más de trescientos por ciento".

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Según los datos presentados por el superintendente de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), Gustavo Morón, existen en curso alrededor de 340.000 juicios por accidentes laborales que equivalen a un monto de u$s 4.500 millones, de los cuales 120.000 corresponden a 2016, en un marco en el que la capacidad operativa del Poder Judicial es de 35.000 causas judiciales por año.

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Sin embargo, la Asociación de Abogados Laboralistas advierte que "el rechazo sistemático de la inmensa mayoría de las enfermedades de origen laboral (del total de siniestros que ingresan al sistema, sólo el 3% son enfermedades profesionales) es entre otras una de las razones de aumento de la litigiosidad". Y suma: "Lo declarado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es que en Argentina mientras aumenta la litigiosidad, disminuyen las muertes laborales, entonces la labor de abogados y jueces lejos de resultar negativa, es la variable que corrige las múltiples fallas que tiene el sistema de ART en el país.

Asimismo, el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC) advierte en un informe que "este proyecto, lejos de garantizar la protección de los trabajadores ante eventuales accidentes o enfermedades profesionales, pone a las víctimas de los siniestros en un estado de indefensión, pues no garantiza un derecho de defensa real de los intereses de la parte más débil, los trabajadores".

Los abogados de la CGT (Marta Pujadas, Federico West Ocampo y Alberto Tomassone), objetaron que "este proyecto no se enfoca en la prevención de los accidentes de trabajo". Pese a esto, los líderes de la CGT (Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña), que desde que asumieron en agosto tuvieron mucho diálogo con el Gabinete de Cambiemos, decidieron el 30 de noviembre pasado avalar la iniciativa a cambio de que se incorpore el compromiso de elaborar, en el plazo de tres meses, una nueva ley de prevención de accidentes de trabajo. Esto se hará a través de la convocatoria al Comité Consultivo Permanente que agrupa a los sindicatos, las ART y el Estado.

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"Es sabido que las comisiones médicas, como se demuestra en los hechos, operan en connivencia con las ART y fijan porcentajes de incapacidad ridículamente inferiores a las lesiones reales, padecidas por el trabajador, reduciendo en consecuencia la indemnización correspondiente", señala el informe del OPPLEC.

"Se quiere establecer las comisiones médicas, solventadas por las ART, en lugar del juez y así arrogarse el poder jurisdiccional para decidir qué incapacidad tiene el trabajador y cuánto le van a abonar", afirmó a El Destape Miguel Socoratto, abogado de OPPLEC.

"Esta situación se agrava más aún ya que, en caso de discrepancia, el trabajador no va a conseguir abogado porque la ley prohíbe el pacto de cuotalitis por lo que opera como elemento desalentador en la defensa de las causas contra las ART por lo bajo de los honorarios regulados", agregó Socoratto.

El pacto de cuotalitis es un acuerdo al que llega el cliente con el abogado, donde establecen las condiciones y el reparto de los honorarios al momento de finalizar el juicio. Entonces, el abogado sólo recibirá la suma de honorarios que el juez fije como correspondiente a su tarea que, según señalan los laboralistas, son muy bajos. "Este ardid no tiene otro interés que violar el indubitable derecho a la defensa establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional", sentenció Socoratto.

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