Las incursiones judiciales en la arena política se vienen materializando recurrentemente y de diversos modos. Apelando a figuras delictivas como a otras variantes por mecanismos de lo más diversos, y hasta disparatados, denotando en unos y otros frecuentes violaciones de la legalidad, del debido proceso y de garantías constitucionales básicas.

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Los temas no justiciables

En el Derecho de Occidente, en Suramérica y en la Argentina particularmente, ha sido inveteradamente sostenida la existencia de temas no justiciables, plasmado además en copiosa jurisprudencia que ha ratificado con nutridos fundamentos jurídicos esa doctrina.

Las cuestiones atinentes al mérito, oportunidad o conveniencia de las medidas adoptadas, que son justamente el núcleo de las decisiones políticas de Gobierno, e incluso de organizaciones de la sociedad civil que -en el plano referido- comprende especialmente a la acción interna y externa de los partidos políticos, o las inherentes a las competencias específicas de otros Órganos del Estado, como el Legislativo, se entienden fuera de la acción de la Justicia salvo supuestos excepcionales de manifiesta arbitrariedad o ilegalidad y, aún así, su admisibilidad es sumamente restrictiva.

Sin embargo se advierte cada vez más asiduamente, el recurso a los tribunales para dirimir conflictos de tal naturaleza dentro, fuera o con el Estado sin verificarse casos –o mediando una gran opacidad a su respecto- que habiliten la instancia judicial, que persigue sustituir los canales propios de las disputas políticas y que reciben la aquiescencia de jueces o fiscales para llevar el debate a ese terreno.

La intervención judicial

Produce gran perplejidad la intensa, variada y poco sustentable injerencia de funcionarios del Poder Judicial en cuestiones, directa o indirectamente ligadas a la política y la oportunidad de su actuación, con el agregado de la divulgación anticipada de los actos procesales para su difusión pública.

Los efectos generados suelen difuminar otras noticias de actualidad que impactan en los gobernantes, descalificar a determinados representantes de la oposición, influir negativamente en los posicionamientos de sectores partidarios e incidir de similar modo en las preferencias electorales.

La celeridad de la (sobre) actuación judicial, guarda poca o ninguna correspondencia con la morosidad tribunalicia que es su característica más notoria en todos los Fueros y en particular en el Penal.

Desde lo mediático se impulsan e instalan denuncias, se configuran presunciones de culpabilidad y se imponen condenas, anticipando procedimientos similares e irregulares en el ámbito judicial.

Las amenazas regionales

Los señalamientos precedentes alcanzan pero no se limitan a nuestro país. Las experiencias recientes en Honduras, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Brasil dan sustento a esta afirmación.

El proceso manifiestamente arbitrario e ilegal del que es víctima Lula Da Silva, contrariando las reglas más elementales del Derecho internacional y local aplicable, constituye un peligroso precedente y denota la impunidad con que actúan los poderes fácticos con absoluto desprecio de todo valor republicano y democrático.

En esa misma línea, se constatan numerosas operaciones en la Argentina con idéntica matriz. Conjugándose los operadores del capital concentrado, de los medios de comunicación hegemónicos y de la Justicia, ya sea en acciones que coincidan con los intereses de los gobernantes afines o se enfrenten a los que no se someten a sus dictados.

Tales similitudes mal pueden interpretarse como meras coincidencias sino como una planificación, cuanto menos a nivel subcontinental.

Límites de la socialdemocracia

Las identificaciones con izquierdas y derechas para definir el pensamiento político o los enrolamientos partidarios, responden a concepciones eurocéntricas ligadas a su propio proceso histórico –que abreva en antecedentes imperiales o colonialistas-, y que cada vez más demuestran su falta de arraigo en las prácticas de los gobiernos europeos, como de la validez de una traspolación a las realidades de los países del Tercer Mundo que han sufrido –y en buena medida siguen padeciendo- una situación colonial o de marcada dependencia, que sólo pueden enfrentar articulando Movimientos Nacionales y Populares que exceden ese tipo de dicotomías dogmáticas.

La interpelación a esa concepción que significó el Peronismo, como también ocurrió en otros países, puso en cuestión la simplificación que implicaba la adhesión a uno u otro bloque en un tiempo de bipolaridad predominante a nivel mundial, proponiendo y alentando la denominada Tercera Posición, cuyos postulados mantienen vigencia en orden a las políticas de profundas transformaciones que es preciso llevar adelante prescindiendo de atavismos a ese tipo de categorizaciones.

Los cambios ocurridos en el mundo a finales del Siglo XX, la virtual unipolaridad con la consiguiente desaparición de la aducida amenaza comunista y el despliegue brutal del Capitalismo Financiero, han puesto en evidencia que el “Estado de Bienestar” no configuraba un estadio del sistema al que podían aspirar los países periféricos sino una “anomalía” coyuntural del Capitalismo -sólo alcanzado en los países centrales- cuya único rasgo definitorio siempre fue el puro afán de lucro sustentado en una necesaria asimetría social y en una distribución del ingreso claramente regresiva e inequitativa.

En ese contexto las fuerzas socialdemócratas han demostrado sus estrechos límites, su ineficacia para dar respuesta a los requerimientos populares, la escases social como el poco apego democrático que contradice la denominación de esa identidad política y sus raíces ligadas a un sistema notoriamente conservador de evidente sesgo neoliberal.

Democracias degradadas

La calidad democrática de un Estado puede apreciarse merituando diferentes aspectos, pero es insoslayable en primer lugar detenerse en los comportamientos de sus principales órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al que cabe sumar el Ministerio Público como virtual o efectivo cuarto Poder.

En los dos primeros casos se advierten prácticas que se contradicen con las exigencias de una institucionalidad republicana; conductas que generan una justificada desconfianza sobre funcionarios y representantes por los conflictos de intereses que se revelan a diario; el desdén por el compromiso con los electores, incumpliendo las propuestas formuladas e incluso adoptando medidas totalmente contrarias a las mismas; el abandono inmediato -una vez electos- de la fuerza partidaria que los postuló como candidatos, reteniendo para sí el cargo y desarrollando acciones abiertamente funcionales con sectores que estaban en las antípodas del proyecto político que sustentaran en los comicios.

Otro tanto ocurre en la Justicia y el Ministerio Público atravesados por constantes operaciones de distintos orígenes, que condicionan o direccionan sus funciones esenciales actuando o no, selectivamente, para incidir en el desarrollo de las actividades políticas desplegadas por el Gobierno o por la oposición.

En estos días resulta un claro ejemplo la decisión de intervenir el Partido Justicialista, dictando una medida cautelar inicial que sólo se justifica en general ante un peligro cierto e inminente de la afectación de un derecho legítimo, presupuestos que en modo alguno se verifican estando a los propios términos de la demanda y de la sentencia que alude a situaciones que dicen se remontan a ocho años atrás, y restando más de un año para una nueva instancia electoral. A lo que se suma, como una evidente provocación y menoscabo público de las diferentes expresiones del peronismo que hoy persiguen su unificación para conformar una alternativa viable en el 2019, la designación de Luis Barrionuevo como interventor. Quien, además de exhibirse como una de las figuras más antidemocráticas e impopulares, es el mentor sindical de Carlos Acuña que justamente es el que encabeza esa acción judicial.

Debates pendientes

En política no existen objetividades descriptivas, puesto que el enunciado de datos, su selección, concatenación y construcción de silogismos importan una determinada subjetividad. Pero su valoración derivará del grado de certeza, franqueza y convicciones verdaderas que la constituyen como tal.

Sin descartar de inicio ninguna subjetividad, se torna imprescindible evaluarlas críticamente, profundizar el debate político más allá de una coyuntura electoral y, principalmente, no excluir del análisis los objetivos buscados como los medios idóneos para alcanzarlos y la matriz ideológica fundante. No resignándose a admitir la mentira como método de construcción política más allá de los frutos circunstanciales que pudiera deparar.

El “relato” de la realidad debe contrastarse con las vivencias y experiencias concretas personales y sociales, advirtiendo que constituye una cuestión fundamental de la cual puede resultar la apatía, la indiferencia por no hallar matices distintivos entre la política de uno u otro signo, la esperanza de un “cambio” sin otro aporte que el voto y la espera paciente como espectador, o la decisión de un compromiso activo y la disposición a la militancia.

Sin prescindir de la necesidad que eventualmente se presente de apelar a una instancia judicial, no puede constituirse en una alternativa que sustituya el ámbito propio y exclusivo de la actividad política.

La función que le corresponde –y que debemos exigirles- a la Justicia como al Ministerio Público, es la de ser garantes de los derechos individuales y colectivos, pero en un marco de independencia que asegure la autonomía necesaria para cumplir ese cometido, ceñidos a la legalidad, al debido proceso, al respeto de la institucionalidad y al cumplimiento de los mandatos específicos que les fija la Constitución Nacional.

a la Constitución Nacional.