Una jueza federal allanó el viernes el camino para que el Gobierno del presidente Donald Trump pusiera fin a las protecciones temporales contra la deportación que habían permitido a cientos de ciudadanos de Sudán del Sur vivir y trabajar en Estados Unidos.
La jueza federal de distrito Patti Saris, de Boston, rechazó un último intento de los defensores de los derechos de los inmigrantes por mantener la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Sudán del Sur, después de que la Corte Suprema permitiera en junio poner fin a protecciones similares para miles de personas procedentes de Haití y Siria.
La sentencia de la Corte Suprema, respaldada por su mayoría conservadora de 6 a 3, limitó la capacidad de los jueces de instancias inferiores para revisar las medidas del Departamento de Seguridad Nacional destinadas a poner fin al TPS para aproximadamente una docena de países.
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Esta designación ampara a personas cuyos países de origen han sufrido desastres naturales, conflictos armados u otros acontecimientos extraordinarios, y proporciona a los migrantes que cumplen los requisitos protección temporal frente a la deportación y un permiso de trabajo.
El DHS tomó medidas en noviembre para poner fin al TPS para Sudán del Sur, un país asolado por la violencia, alegando que ya no cumplía las condiciones para dicha designación, que se concedió por primera vez en 2011.
Tras la sentencia de la Corte Suprema, los abogados de un grupo de ciudadanos de Sudán del Sur y la organización sin ánimo de lucro African Communities Together instaron a Saris a bloquear una vez más la finalización del TPS basándose en nuevos motivos que los magistrados no habían abordado.
Entre ellos figuraba el argumento de que el DHS carecía de autoridad para poner fin al TPS, ya que la ley que creó el programa TPS en 1990 se refería únicamente al fiscal general como el funcionario con autoridad para prorrogar y revocar las protecciones contra la deportación.
El DHS se creó más tarde, en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La mayoría de las funciones relacionadas con la inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos se transfirieron a este organismo en aquel momento. Saris, que fue nombrada por el presidente demócrata Bill Clinton, concluyó que el Congreso también había transferido la autoridad sobre el TPS al DHS.
Afirmó que los argumentos en contra se basaban en un "fundamento contradictorio y contraproducente", ya que, si el DHS no tenía autoridad para poner fin al TPS para Sudán del Sur, tampoco había tenido nunca la capacidad de prorrogar las protecciones en primer lugar.
"La designación original de Sudán del Sur para el TPS sería, por lo tanto, inválida por la misma razón que su revocación", afirmó.
Con información de Reuters