La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (Conare) dio asilo político este martes a Joel Borges Correa, un bolsonarista prófugo de la justicia brasileña por el ataque a los tres poderes del estado de Brasil a pocos días de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en enero del 2023.
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Correa fue condenado en su país a 13 años y seis meses de prisión. El Vicepresidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, había pedido su extradición a Argentina, que hoy lo benefició con la figura de asilo político. En declaraciones a CNN Brasil, el abogado de Correa en Brasil, Luciano Cunha, dijo que ahora están a la espera de que le reiten la tobillera electrónica.
Correa había sido arrestado en noviembre de 2024 durante un allanamiento en la provincia de San Luis. Según dijeron fuentes judiciales informaron a CNN, Correa se dirigía a la Cordillera de los Andes con una valija con ropa. Todo indica que iba hacia Chile.
Al menos 60 bolsonaristas en la Argentina
En junio de 2024 y tras varios días de incertidumbre, la cancillería argentina confirmó que al menos 60 bolsonaristas habían pedido asilo en el país. En junio de ese mismo año, el embajador brasileño en Argentina, Julio Bitelli, entregó a las autoridades argentinas una nota que reprodujo el oficio del Supremo Tribunal Federal (STF, máximo tribunal) con los 143 nombres de las personas que buscan y, suponen, estarían en el país a partir de la investigación que lleva adelante la Policía Federal brasileña y que activó la Ameripol, un organismo de cooperación de las policías de 30 países del continente, que les permitió mapear hacia a dónde viajaron las y los fugitivos.
La respuesta del Palacio San Martín precisó que de esos 143 prófugos unos 60 ingresaron efectivamente al país, mientras que del resto “no tienen registro". Según publicó entonces el portal de noticias brasileño UOL, unos 10 decidieron huir nuevamente.
Los crímenes por los que están acusadas y condenadas los militantes bolsonaristas son: intento de golpe de Estado, asociación criminal, depredación del patrimonio público e incitación al crimen, entre otros. Las penas de los condenados van entre los 14 y los17 años de prisión. En tanto, ellos niegan los cargos y denuncian que se llevan contra ellos “procesos sin garantías legales”, denuncian "persecución" y "censura" por parte de la Justicia y el Gobierno de Brasil.
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