Tiempos de protesta: demandas urgentes y denuncias de un lawfare social

En la Argentina y Latinoamérica en general, las calles evidencian cada vez más el malestar social con pedidos de asistencia pero también denuncias de criminalización de estas manifestaciones por parte de los sectores conservadores para disciplinar a los movimientos populares. 

24 de julio, 2022 | 00.05

No solo la economía se recalienta en la Argentina y Latinoamérica en general. Las calles, el termómetro más preciso del malestar social, evidencian cada vez más ese registro dramático de la vulnerabilidad que no es otro que el rostro crudo de las crisis cuando las especulaciones financieras de unos pocos, y las presiones para salvaguardar sus intereses, se traducen, del otro lado, en el vacío de oportunidades y la acumulación de necesidades de millones de personas. Y todo en la misma sociedad. Frente a esas demandas sin respuestas, crece la protesta social en toda la región como una olla de presión, pero también las denuncias de criminalización de estas manifestaciones en una suerte de lawfare social. 

En Argentina, el complejo clima socio-económico encuentra a los movimientos populares en las calles cada vez con más frecuencia y ya no se distingue tan fácil las fronteras entre quienes se proclamaban opositores y los que apoyaban —e integran, en algunos casos— al Gobierno nacional. También hay protestas y malestar social, en diverso grado de latencia, en Ecuador, Panamá, Puerto Rico, Honduras, Paraguay, Perú, El Salvador y República Dominicana. Haití sigue envuelta en su círculo de violencia inagotable y en Chile y Colombia, donde la lucha devino en gobiernos populares durante los últimos meses, la expectativa social condiciona su margen de acción a la hora de dilatar decisiones.

“Durante los gobiernos progresistas se lograron mejoras y conquistas para nuestros pueblos, pero todavía falta mucho. Hay deudas estructurales que siguen vigentes. Cuando desde la UTEP planteamos la agenda de Tierra, Techo y Trabajo, cuando un conjunto de movimientos sociales elaboramos con sindicatos un plan de Desarrollo Humano integral que ponga en el centro a las personas y no al capital, intentamos plantear una propuesta que dé respuesta a esas deudas que existen”, detalla Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) y vocera del Frente Popular Darío Santillán, en diálogo con El Destape.

“Ahora bien, para avanzar en una política real de transformación hay que tocar intereses, hay que pelearse con algunos sectores y eso no sucede —apunta—. Vivimos en países donde no alcanza con tener el poder del Estado. Hay poderes facticos que tienen la capacidad de definir y presionar a los Estados.  Por eso es fundamental que se avance con el apoyo popular en las medidas urgentes que implica tocarles el bolsillo a los poderosos. Con buenos modales va a ser imposible dar respuesta a las deudas profundas que existen.”

Pese a que el boom económico de la primera década del 2000s había subsanado, en parte, la profunda desigualdad estructural de América latina y el Caribe donde el 45 por ciento de su población vivía sumida en la pobreza en los ‘90s —bajándola al 27 por ciento—, desde 2014 se registró un firme estancamiento como consecuencia de estructuras económicas atrasadas y una informalidad imperante de casi el 50 por ciento en el mercado laboral. Desde 2020, la pandemia y la guerra internacional se ocuparon de perforar ese piso aún más.

Acorde a datos del Banco de Desarrollo de América latina (CAF), hoy la pobreza extrema en la región alcanza al 33,7 por ciento de su población, por encima de los niveles del 2019. La crisis que trajo la pandemia provocó daños a un tejido social “extremadamente vulnerable, resultando en un significativo aumento de la pobreza y la desigualdad”, indica el reporte Perspectivas Económicas de América Latina. Y las políticas activas por parte de los gobiernos en la emergencia de 2020 solo sirvieron para contener que se dispare el índice Gini al 5,6 por ciento con respecto a 2019, en vez del 2,9 por ciento registrado, indica la CAF.

Pese a ello, el vórtice inflacionario que devora al mundo desde febrero de este año con efectos sobre el precio de los alimentos y la energía solo puede empeorar estos niveles de no mediar una acción coordinada internacional. Y si algo no se evidencia hoy en las movidas de las principales potencias es el afán por encontrar una salida ordenada a esta debacle.

Deudas sociales

“Las distintas situaciones de estallidos sociales que se viven en América latina obviamente tienen causas muy contextuales y propias de las lógicas políticas nacionales. Hay, no obstante, un denominador en común que refiere a que hay ciertos momentos, o contextos, donde la presencia de poderes fácticos muy fuertemente constituidos, bloquean los canales democráticos más institucionalizados para llevar adelante demandas, reformas y ampliaciones de derechos. Y cuando eso está bloqueado, la calle es el lugar donde se pelean y siempre se han peleado los derechos”, reflexiona ante este medio Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Esta semana, el CELS organiza un encuentro regional de tres días a puertas cerradas para debatir acerca del derecho a la protesta con referentes y militantes de distintas organizaciones de Latinoamérica. El objetivo es no solo compartir lo que está sucediendo en sus países sino también intercambiar experiencias y pensar estrategias colectivas. Y hacerlo, desde una perspectiva interseccional, con diversas miradas que confluyen, muchas veces, en las mismas calles desde el feminismo, los pueblos originarios, las organizaciones LGBTIQ+ y las poblaciones campesinas. Es el entramado que hoy sale a las calles porque el incremento en el costo de vida ha disparado protestas en todos los puntos de la geografía.

Luego de dos semanas de machas y represión, Panamá —hasta no hace tanto un caso testigo de prosperidad en Centroamérica—, deposita sus esperanzas de pacificación social en una mesa de diálogo entre el gobierno de Laurentino Cortizo y los movimientos sociales. Reclaman una rebaja del 30 por ciento en la canasta básica equivalente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante los últimos cinco años. Y piden la creación de un organismo que fiscalice su implementación en todo el país.

En simultáneo, grupos indígenas también demandan títulos sobre sus tierras en ese país con cortes de ruta y una mesa de negociación propia que aborde una larga mora con ellos. Un reclamo similar al que mantiene la Federación Nacional Campesina (FNC) en Paraguay luego de un violento desalojo, a fines de junio, en el distrito de Tembiaporã. Allí piden, además, una reforma agraria al gobierno de Mario Abdo Benítez y la derogación de la Ley Riera-Zavala que aumenta la pena por invasiones de propiedades privadas, lo que entienden como una criminalización encubierta de la protesta social.

En República Dominicana, la tensión persiste luego de los llamados a huelga desde febrero a abril de este año contra “una política de empobrecimiento” del gobierno y la decisión de sus autoridades de reprimir y militarizar el epicentro barrial de las manifestaciones. Del mismo modo, en Costa Rica, donde la pobreza abarca a un tercio de los hogares, el malhumor amenaza ahora con desatarse a partir del alza en el precio de los combustibles. Allí mismo, en 2020, hubo protestas en las calles contra la posibilidad de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares para subsanar un déficit proyectado, entonces, en 9,7 por ciento de su PBI.

También en El Salvador, donde Nayib Bukele gobierna con traje de tirano “cool” y un estado de excepción que superó el centenar de días y contabiliza más de 40 mil personas detenidas y múltiples denuncias de violaciones de los derechos humanos, el gremio de docentes marchó el último mes por mejoras salariales. Mientras que, en Puerto Rico, vecinos y vecinas pidieron esta semana la salida de la empresa de luz LUMA Energy por el pésimo servicio, los aumentos en las facturas y el incumplimiento de conectar las zonas alejadas donde reside la población más necesitada, en los montes.

Esta semana, en la Argentina, la canasta básica que determina la línea de la pobreza para una familia tipo de dos personas adultas y dos menores cruzó la barrera de los 100 mil pesos para ubicarse en junio en los 104.217 pesos. De igual modo, la línea de indigencia de la canasta alimentaria se situó en un ingreso de 15.057 pesos para una persona adulta individual y de 46.525 pesos para el grupo de cuatro. Hoy el salario mínimo, vital y móvil de 45.540 pesos no alcanza para alimentar a un hogar promedio en la Argentina, lo que es denunciado por el grueso de las organizaciones sociales que se volcaron a las calles en estos días.

“Uno de nuestros termómetros sociales es el comedor”, explica a El Destape el padre Francisco “Paco” Olveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, en la diócesis de Merlo Moreno. “Y el segundo termómetro es el trabajo y hoy lo que vemos es que hay más trabajo en el barrio, formal e informal. Pero lo que notamos es que hay personas que hoy tienen trabajo y siguen retirando la comida del comedor. Entonces, ese dato que escuchamos que al que tiene trabajo hoy tampoco le alcanza, es verdad”, agrega.

Otro factor que ha incidido en el aumento del costo de vida cotidiano en Latinoamérica es el energético, lo que motivó desde protestas de los sectores afectados a nuevas demandas por el traslado de esa escasez al costo de vida. En algunos lugares, como Ecuador, prendió otra vez la mecha en los sectores más vulnerables, movilizados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a los que sumaron luego otros cuestionamientos más estructurales al gobierno conservador de Guillermo Lasso como el de poner coto a la actividad extractiva —petróleo y minería— en territorios de las comunidades. Dos semanas y seis personas muertas más tarde, se consiguió una tregua entre alfileres.

Acorde a un informe publicado por la agencia Bloomberg, Perú fue el país de Latinoamérica donde más caro se pagó el combustible en junio. No es casualidad que también los transportistas montaran allí un paro al que se plegaron otros colectivos para reclamar una rebaja y que culminó con violencia y muertes. En la escala de precios elaborada por la agencia especializada, Brasil (5,8 dólares) le siguió en el costo energético y luego Chile (5,4 dólares), Paraguay (5,3 dólares), México (4,6 dólares), Argentina (3,7 dólares), Ecuador (2,6 dólares), Colombia (2,3 dólares) y Bolivia (2,1 dólares).

Quienes mejor pudieron controlar la incidencia externa lo hicieron gestionando un sistema de bandas a la hora de fijar precios. Cuando no, congelaron temporalmente los precios para aquietar los ánimos —Panamá, Honduras y El Salvador—, se rebajaron impuestos —Brasil—, o apelaron a los subsidios.

En la Argentina, por su parte, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) denunció entre mayo y junio que 23 provincias sufrían de aprovisionamiento a cuentagotas, demoras en las cargas y mercado negro. Un mes más tarde, la situación se había empezado a controlar al costo de nuevas importaciones a precios de guerra, facilidades impositivas y un corte más elevado de biodiesel, en tiempo de escasez de divisas para el país pero ante la disyuntiva de paralizar la actividad productiva si no se asumía ese riesgo.

Tribunales

En Argentina, las movilizaciones han ido en crecimiento a lo largo de los últimos tiempos y no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Los reclamos giran en torno a la implementación de un salario básico universal, más planes Potenciar Trabajo —destinados originalmente para las cooperativas—, una suma de emergencia como “aguinaldo” para sus beneficiarios y beneficiarias y un aumento para los y las jubiladas de la mínima categoría y las y los trabajadores del sector público y privado. Aunque no todos los movimientos sociales coinciden en todos los puntos, hay uno en el que cada vez se muestran más amalgamados: la denuncia de un nuevo lawfare, una persecución judicial dirigida esta vez contra los y las dirigentes sociales, a imagen de lo que ocurrió con la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

“Estamos viviendo un momento de estigmatización, criminalización y persecución a los movimientos populares. Sabemos que, cuando la situación económica es dura y hay movilizaciones en la calle para reclamar, se intenta disciplinar a las organizaciones. El problema no somos las organizaciones populares sino la pobreza que vivimos en Argentina y la brutal desigualdad que no para de crecer. ¿Por qué no se investiga a los que evaden y los que fugaron dólares? Es más fácil allanar a una vecina de un barrio humilde que a los ricos y poderosos que se la siguen llevando en pala”, señala Sánchez, de la Utep.

La realidad no es tan diferente a lo que se evidenció en Chile y Colombia luego de las masivas protestas que marcaron, en ambos casos, el camino para el ascenso de gobiernos de corte popular entre 2021 y 2022. En el caso de Gabriel Boric, buscando hoy dar respuestas a las múltiples demandas que décadas de neoliberalismo postergaron —desde la educación y las jubilaciones al reconocimiento de los pueblos originarios— y con una Constitución vanguardista cuya aprobación se ha vuelto una quimera. No obstante esos paso, persisten las denuncian por la situación legal de quienes participaron en aquellas revueltas de 2019.

Asimismo, en Colombia Gustavo Petro asumirá el próximo mes con idéntico compromiso. En su discurso de victoria, el 19 de junio, reclamó a la Justicia que libere a las personas detenidas durante el llamado Paro Nacional. El presidente electo los considera “presos políticos” pero el Fiscal General, Francisco Barbosa, le respondió que mejor se ciña a la ley o que busque cambiarla a través del Congreso. Como en la Argentina, quienes rechazan la protesta social desde las instituciones esgrimen el cercenamiento de derechos como la circulación del que son “víctimas” quienes no participan de la protesta social.

 “Los argumentos en torno a una posible colisión de derechos (entre quienes protestan y quienes no) cumplen una función de dividir y enfrentar a sectores medios y populares o incluso a los populares entre sí. El contenido de la protesta, su capacidad de visibilizar, tiene que ver con la disrupción y sigue siendo uno de los pilares de la democracia porque, sin ella, muchos sectores no tendrían ningún tipo de llegada a la discusión pública”, puntualiza Tufró. Y destaca que es trabajo de los gobiernos progresistas ensayar con una mayor imaginación política para responder a esos pedidos sociales, ampliar los espacios de democracia y “hacer una diferencia en lugar de terminar como gestiones indistinguibles de las neoliberales”. 

Con las calles en plena efervescencia, de lo que se trata cada vez más es de brindar respuestas integrales a las demandas sociales y no meros paliativos circunstanciales. Después de todo, esa es la razón de ser de las democracias populares.

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