El gobierno de España revisó al alza las cifras oficiales de la masiva crisis migratoria desatada en el norte de África y elevó a 72.000 la cantidad de personas que ingresaron de forma irregular al enclave de Ceuta la semana pasada. Tras encabezar una reunión extraordinaria con sus homólogos de la Unión Europea (UE), el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, confirmó además que al menos 70.000 migrantes ya abandonaron el territorio y retornaron a Marruecos.
Durante su comparecencia ante la prensa en Madrid, el funcionario defendió la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y rechazó en forma tajante los cuestionamientos de varios socios comunitarios que acusaron a España de laxitud en el resguardo de los límites externos de Europa. "El espacio Schengen nunca ha estado en peligro, ni en mínimo peligro", aseveró Grande-Marlaska, en respuesta directa a las decisiones unilaterales adoptadas por países como Italia, que suspendió temporalmente el acuerdo de libre circulación para vuelos y barcos procedentes de España.
El titular de la cartera de Interior precisó que las autoridades españolas evaluarán los casos del pequeño remanente de personas que aún permanecen en la ciudad autónoma para tramitar su devolución inmediata en caso de que no reúnan las condiciones legales para residir en el país. Según transmitió el ministro, los representantes de los 27 Estados miembros expresaron una "firme solidaridad" con Madrid durante el encuentro virtual y coincidieron en la necesidad de fortalecer las tareas de prevención e intensificar la lucha contra las redes delictivas de tráfico de migrantes.
El pronunciamiento oficial ocurre en medio de una fuerte presión política e internacional sobre la administración de Sánchez, caracterizada por un enfoque de apertura migratoria que contrasta con el endurecimiento normativo aplicado en el resto del continente. En ese contexto, desde el Gabinete español remarcaron que el debate con los ministros europeos se desarrolló en un tono constructivo, al tiempo que ratificaron la vigencia de las políticas de regularización implementadas meses atrás, las cuales permitieron procesar cerca de 1,2 millones de solicitudes de residencia en territorio español.
Con información de la Agencia Deutsche Welle.
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